María Elba Rama, directora del Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar (conocido como proyecto Ajprojumi), que apunta a la conservación de expedientes de la Justicia militar referentes a civiles sometidos a esa jurisdicción durante la dictadura militar, declaró ayer en Roma en el marco de la causa por el Plan Cóndor. Rama, que fue una de los integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo secuestrados en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay en 1976, contó su secuestro y detención delante de la Corte, conformada por miembros togados y un jurado popular, que tiene que juzgar a más de 30 represores por el secuestro y la desaparición forzada de 42 hombres y mujeres latinoamericanos de origen italiano.
La testigo relató su permanencia en Automotores Orletti y en la casa del Servicio de Inteligencia de la Defensa (SID) en Montevideo: “Cuando estábamos en la casa de Bulevar Artigas, el médico que nos atendía dio instrucciones de llevarnos a tomar un poco de sol. En un momento nos sacaron al fondo y vimos a una mujer, en el primer piso de la casa, mirando por una ventana con un bebé en sus brazos. Era final de octubre, principio de noviembre de 1976. Nosotros anteriormente habíamos escuchado que tenían que trasladar a una embarazada. Luego supimos quién era esa mujer: María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. Y la niña que estaba en sus brazos era Macarena”. Rama cuenta también sobre el vuelo que el 26 de julio los trasladó a ella y a sus compañeros a Montevideo. Y habla del informe que en 2005 el entonces comandante de la Fuerza Aérea Uruguaya, Enrique Bonelli, le hizo llegar al entonces presidente, Tabaré Vázquez, que confirmaba el vuelo de julio y relataba la existencia de un segundo vuelo el 5 de octubre. El fiscal Giancarlo Capaldo, consultado sobre este tema por la diaria, confirmó la presencia de ese expediente en el archivo de la causa.
Rama entregó también tres expedientes relativos a Juan Pablo Recagno, Bernardo Arnone y María Emilia Islas: se trata de documentos del SID y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, que están en el Archivo General de la Nación en un sector que fue desclasificado por la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berruti. Los documentos dan testimonio del seguimiento que la inteligencia militar hizo en esos años. La audiencia siguió con los testimonios de Patricia Bernardi, antropóloga del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y Luis Alen, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la República Argentina. Los dos aportaron conocimientos desde sus respectivas áreas de trabajo sobre los casos de desapariciones en Argentina. Bernardi se detuvo en el trabajo del EAAF en el hallazgo y la recuperación de los cuerpos, y Alen hizo una reconstrucción histórica del Plan Cóndor.
Parlamentarios por la Acción Global, una red transnacional de parlamentarios que, a título personal, apoyan el funcionamiento de la Corte Penal Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes del derecho internacional, se hizo presente en la audiencia. Su secretario general, David Donat-Cattin, expresó su “voluntad política de apoyar la lucha contra la impunidad contra uno de los planes criminales más graves que fueron perpetrados en la segunda mitad del siglo pasado”.