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Fabio Montossi, Walter Ayala y Alejandro Saravia, ayer, en la conferencia de prensa en el INIA. Foto: Santiago Mazzarovich

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Medidas por emergencia agropecuaria llegaron a más de 2.500 productores; Flores se sumó a departamentos afectados.

“Lamentablemente no llueve pasto y ración”, repetía ayer el director nacional del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Fabio Montossi, en la conferencia de prensa en la que, junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), profundizaron sobre las medidas llevadas a cabo para mitigar la emergencia agropecuaria que se vive en la región sureste del país. Unos 2.564 productores ya fueron asistidos, aunque las autoridades afirmaron que “el problema todavía no está resuelto”, porque “es difícil” llegar a los más pequeños.

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A la falta de lluvias se le sumó una combinación difícil de equilibrar: un aumento “histórico” del stock ganadero y una estabilidad en la porción de “áreas mejoradas” del país, que por la creciente demanda nutricional del ganado produjeron la escasez forrajera, punta clave de la emergencia agropecuaria. “La escasez está siendo más compleja que la que normalmente se da en invierno”, afirmó Montossi, y hay también una coyuntura desfavorable de precios. El director del INIA sostuvo que la situación actual para el sector ganadero “es complicada”, por lo que “hay que buscar otras opciones. Tenemos espacios de intervención y oportunidades”.

En la misma línea fue el director general de Desarrollo Rural, José Olascuaga, quien presentó a la crisis “más que como una amenaza, como una oportunidad”, atendiendo a que los impactos en la ganadería son “previsibles”, que se pudieron tomar “alertas tempranas y medidas de mitigación” y, finalmente, que otorga la posibilidad de “continuar promoviendo cambios tecnológicos y el fortalecimiento institucional”.

Prevenidos

“Más vale prevenir que curar”, dijeron algunos ayer, y “dejarle al destino los factores externos”. Las pérdidas por la sequía que se vivió en 2008 y 2009 se estimaron en 342 millones de dólares: 250 por el valor final de vacas y novillos no faenados, 13 por aumento de la mortandad, 59 por la pérdida permanente de praderas artificiales y 20 por pérdidas de mejoramiento forrajero, “a lo que habría que sumar las pérdidas indirectas, derivadas del efecto multiplicador que tiene la ganadería sobre el resto de la economía”, cuantificó Olascuaga. “Si dejamos que la sequía transcurra y los productores hagan lo que puedan, perdemos”, afirmó el director de Desarrollo Rural, adelantando que las acciones tomadas hasta ahora y las de los próximos meses “marcarán los resultados productivos de 2016”.

Las medidas implementadas desde el 6 de mayo, cuando se declaró la emergencia, abarcan el financiamiento a productores afectados por medio del Fondo Agropecuario de Emergencia, líneas de créditos especiales para la recomposición de las pasturas, verdeos y praderas mediante República Microfinanzas, habilitación de pastoreos en caminos vecinales y prórrogas de los vencimientos de las rentas de los colonos.

Quizá la medida más cuantificable sea la de distribución de suplementos para alimentación del ganado a productores familiares, en una operativa en coordinación con 87 organizaciones gremiales. Si bien fueron unos 3.000 los productores que solicitaron raciones para vacunos, se habilitaron a unos 2.429, porque “los demás no estaban registrados como productores familiares o mantenían deudas por operativas anteriores”, explicó Olascuaga. Los productos retirados alcanzan 12,3 millones de kilos de ración para terneros y 21,6 de suplemento para vacas. En el caso de los productores ovinos, los solicitantes fueron 164 y los habilitados 135, que retiraron casi 99.000 kilos de ración para borregas y 397.500 para ovejas.

Al este

La emergencia agropecuaria fue declarada para nueve departamentos: a Maldonado, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja, Canelones, Florida y San José ayer se sumó Flores, departamento para el que se declaró la emergencia hasta el 15 de agosto. Los departamentos al este -Treinta y Tres, Cerro Largo, Rocha y Lavalleja- sufren los peores efectos.

El director del INIA de Treinta y Tres, Walter Ayala, contó ayer que en febrero se detectó “una merma en las precipitaciones en la región” y que desde entonces hasta mayo “llovió 75% menos que el promedio histórico”, lo que repercutió negativamente en la cría vacuna, pero sobre todo, en la lechería. Ese otoño seco condicionó la instalación de praderas, verdeos y cultivos de cobertura, y produjo pérdidas en siembras que sumaron a la reducción de la acumulación de forraje. A su vez, las producciones en pasturas naturales y artificiales “se vieron resentidas” y, en conjunto con los problemas de disponibilidad de “cantidad y calidad” de agua, agudizaron la crisis. Las represas para riego en la región se encuentran en torno a 30% de su capacidad de almacenaje, lo que genera una “fuerte preocupación” por la próxima zafra del cultivo del arroz.

“Los bien conocidos 100 días de invierno están aún por delante”, anunció Ayala. Advirtió que “definitivamente el problema no ha finalizado” y alertó que “muchos efectos, tanto a nivel de la base forrajera como de la performance animal, tendrán repercusiones de más largo plazo a nivel productivo”.

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