Justicia omisa

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A raíz del caso de explotación sexual a dos adolescentes de 13 y 15 años que se conoció la semana pasada en Rivera, y en contra del fallo judicial que determinó el procesamiento de dos funcionarias del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (institución a cargo de las adolescentes) y de la madre de una de ellas, 28 organizaciones sociales, entre ellas el Servicio Paz y Justicia y Mujer Ahora, emitieron un comunicado. “Nuevamente nos asombramos con actuaciones judiciales que si bien hacen hincapié en la importancia de contar con ‘un adecuado marco de contención y tuición de menores’, omite deliberadamente la responsabilidad de los explotadores”, dicen las organizaciones, que cuestionan que, si bien hubo varios hombres indagados por haber tenido contacto sexual con las adolescentes, no se inició proceso penal en su contra. “De acuerdo con los arts. 4 y 5 de la ley No. 17.815 vigente, son responsables tanto las personas que contribuyen a la explotación como quienes paguen o prometieren pagar o dar alguna ventaja de cualquier naturaleza a niñas, niños o adolescentes para que ejecuten actos sexuales o eróticos”, puntualizan. Consideran que para que el sistema de Justicia penal responda “ante estas situaciones con efectividad y justicia, resulta imprescindible revisar y eliminar las concepciones adultocéntricas, estereotipos sexistas y prejuicios de clase que sustentan estos delitos y contaminan luego su análisis.