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Charles Carrera, director general del Ministerio del Interior. Foto: Sandro Pereyra

Karma Police

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Preocupado por homicidios cometidos por policías, el Ministerio del Interior implementará un carné de aptitud policial.

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El director general de secretaría del Ministerio del Interior (MI), Charles Carrera, conversó con la diaria y contó que reconoce un “grave problema” en la interna policial, por la cantidad de asesinatos por violencia doméstica y/o de género en manos de policías. Por este motivo intentarán prevenirlos. Su idea es que además del carné de salud los funcionarios tengan un carné de aptitud policial, para el que tendrán que pasar por tests psicológicos y que se deberá renovar cada dos años. A su vez, Carrera aseguró que es necesario mantener pero también actualizar y regular la tipificación de delitos sexuales, y establecer el delito de femicidio.

-¿Cuáles son los principales puntos en discusión de cara a la Ley de Presupuesto?

-El desafío es consolidar lo hecho en seguridad y convivencia. Vamos a poner en funcionamiento el nuevo organigrama, cumplir con nuestro programa de gobierno, que básicamente era consolidar la estrategia de reforma organizativa de la Policía Nacional. En el período anterior se hizo un gran esfuerzo con todo lo relacionado a políticas públicas, se trabajó mucho en la dimensión humana, que fue una política de reconocimiento salarial, de tener metas por compromiso de gestión. Se invirtió mucho: por ejemplo, pasamos de que un agente de segunda tenga un salario de 12.100 pesos a 27.200 pesos al finalizar el período. El presupuesto casi se duplicó, pasó a 800.000.000 de dólares. También se invirtió mucho en estructura carcelaria, porque teníamos un grave problema. Ahora queremos invertir mucho en la infraestructura policial. Otro de los grandes desafíos es la puesta en funcionamiento de la Ley Orgánica Policial.

-Hay grandes cambios relacionados al disciplinamiento.

-Sí. Es muy claro que el nuevo régimen disciplinario es más similar al civil que al del terror. Por ejemplo, derogamos el arresto, porque no estamos de acuerdo con el arresto a rigor. Lo suplimos por la suspensión mediante un sistema de puntajes de méritos y deméritos: si haces méritos vas a ascender, con los deméritos puedes llegar a una causal por mala conducta. La vieja guardia es de la disciplina por terror, la del miedo, más parecida a los regímenes militares. Eso no sirve, sirve la disciplina por convencimiento. Es bueno que la gente razone, la lógica de la escuela será ésa, toda la Policía del mundo tiene esa disciplina. Además, estamos proponiendo dar un salto cualitativo en la capacitación y formación en la Escuela Nacional de Policía. Estamos revisando los planes, y a partir del año que viene se van a impartir nuevos cursos, por ejemplo, en derechos humanos. No se trata de que el futuro policía solamente sepa recitar la Constitución, sino que lo sepa en la práctica, que cuando tiene que detener a una persona no le pegue en la cabeza, sino que aplique la normativa pero con respeto a la dignidad humana.

-Otro de los puntos en los que se ha hecho énfasis es el de la violencia doméstica y de género.

-Queremos dar un salto cualitativo en la lucha contra eso. Estamos proponiendo extender a nivel nacional, en dos años, la utilización de las tobilleras como medida cautelar. También equivale a mejorar la gestión de trabajo en las unidades especializadas, capacitar a los funcionarios, mejorar la infraestructura y los aspectos logísticos. Vamos a necesitar más policías destinados a esta tarea. Por otro lado, reconocemos que tenemos un grave problema en la interna policial; los hechos de este año nos lo han demostrado. La preocupación está. Si hay una denuncia [contra un policía] se debe sacar el arma y comunicar con [la Dirección Nacional de] Sanidad Policial para hacer las pericias correspondientes. Volviendo a la Ley de Presupuesto, estamos proponiendo la creación de un carné de salud y de aptitud policial para todos los funcionarios que ingresan. Tendrán una serie de análisis de salud y psicológicos de acuerdo al perfil para el que fueron ingresados, y el carné debe ser renovado cada dos años. Pusimos como falta grave la no renovación, pasible de una sanción que puede llegar a ser la destitución. Los policías portan armas para proteger a la sociedad y no pueden ser utilizadas contra un ciudadano.

-¿Hay que tipificar más delitos?

-Nosotros queremos la figura del femicidio. El área de género del MI prefiere “femicidio” antes que “feminicidio”, porque la diferencia es que hay políticas activas del Estado en promoción y defensa de lo que es la violencia de género y de la mujer; en países como México o Centroamérica se utiliza “feminicidio” porque allí no hay políticas, pero aquí sí, es la que se utiliza en Chile, por ejemplo. Estamos a favor de crear la figura autónoma como delito porque hay que visibilizar. Uruguay, lamentablemente, tiene una tasa muy alta de mujeres muertas en manos de sus parejas.

-¿Qué sucede con los delitos sexuales?

-Creo que hay que mantenerlos. Hay quienes proponen derogar la corrupción de menores, que es un delito residual y ocurre cuando un mayor utiliza a un menor de edad para saciar su apetito sexual. Yo creo que hay mantenerlo, pero hay que regular muy bien lo que es la violación presunta: hemos tenido casos de hombres de 50 años que tienen relaciones con menores. El eje de la conducta es que hay que castigar a ese hombre mayor porque no puede tener relaciones con una niña o adolescente, porque el menor no puede consentir eso. Ésas son las violencias que si nosotros no atacamos, van a reproducir más violencia en el futuro.

-Eduardo Bonomi dijo en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado que se están estudiando dos modalidades para sacar de la órbita del MI al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR): una es la posibilidad de transformarlo en un servicio descentralizado y otra es crear un Sistema Nacional de Rehabilitación para menores y mayores. ¿Podría profundizar en ambas posibilidades?

-Es un tema que se está hablando al más alto nivel, no puedo emitir opinión. Sí digo que hay una definición política que se firmó en agosto de 2010 que dice que el INR tiene que llegar a ser un servicio descentralizado; en el Consejo de Ministros se tomará la decisión de mediante qué ministerio se va a comunicar con el Poder Ejecutivo.

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