La investigación se titula Explotación sexual comercial hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Dimensión, características y propuestas de intervención. Surge de una alianza estratégica entre la organización Gurises Unidos, la Fundación Telefónica y el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. No podían ir a una plaza, no podían encuestar una cuestión oculta, pero tampoco ir a hablar con chiquilines que supieran que estaban en esa situación, lo que hubiera implicado sobreexponerlos y victimizarlos, explicaron a la diaria los coordinadores de la investigación, Diego Pailos y Fernanda Caballero, de Gurises Unidos, y Juan José Goyeneche, del Instituto de Estadística.
El equipo reunió a cientos de técnicos de instituciones y organizaciones sociales que trabajan con niños y adolescentes, de centros educativos y de salud. El registro de las situaciones era de carácter confidencial y anónimo; la reunión de todos los técnicos permitió la mejor identificación y evitar la duplicación del conteo. La caracterización de las situaciones se hizo mediante un formulario que relevó las hipótesis que los autores manejaban como factores predisponentes. Caballero relató que relevaron “la ruta de las vulneraciones previas”: antecedentes de situación de calle, de trabajo infantil, haber sido testigo o víctima de violencia doméstica, víctima de abuso sexual, haber perdido el vínculo con los centros educativos formales, no tener vínculo con el resto de los servicios de la comunidad, no tener adultos protectores. Esperan que esa caracterización ayude a detectar situaciones y, por lo tanto, a prevenirlas.
El estudio abarcó a Montevideo, al área metropolitana y a 48 ciudades del interior del país con más de 5.000 habitantes. El equipo partió de estudios que señalaban que la mayoría de las situaciones de explotación sexual comercial ocurren “en zonas portuarias, fronterizas, turísticas, cruces de carreteras, nuevos emprendimientos industriales y zonas francas”, dice la investigación. Clasificó a las ciudades del interior del país en tres grupos: prioritarias o “de inclusión forzosa”, por cumplir con las características mencionadas; “de alta incidencia”, por tener antecedentes de situaciones conocidas o alguna actividad puntual; y “de baja incidencia”, por no tener datos sobre su prevalencia. Trabajaron en las diez ciudades que integraban el primer grupo, de las 20 ciudades del segundo estrato se seleccionaron tres y de las 18 del tercer grupo se seleccionaron dos. Los datos que obtuvieron en esas cinco ciudades los proyectaron a las 33 que no visitaron, por eso se habla de estimación (también porque hay situaciones que escapan al conocimiento de los técnicos). La muestra en Montevideo y el área metropolitana se definió en función de las zonas establecidas por Infamilia como de mayor vulnerabilidad social; de 49 zonas se relevaron 30 y estimaron el resto.
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El relevamiento les mostró que “algunas de las ciudades de baja incidencia tenían varios casos y las de altísima incidencia no tenían tantos. Nos habíamos armado un esquema mental a priori que después cambió y es una de las conclusiones”, detallaron. Goyeneche dijo que la cosa no era de “grandes mafias de la prostitución infantil, nada que ver”. “Es una cosa mucho más cercana, artesanal, cotidiana, el vecino, el almacenero”, acotó Caballero. “Es una cuestión de alcance nacional. Existe en frontera, en turismo, en forestación, pero también en cualquiera de las zonas de la periferia o ciudad donde no haya ningún emprendimiento nuevo o alguna modificación reciente”, indicó Pailos.
De acuerdo a la estimación, las niñas y las adolescentes son en amplia mayoría las más explotadas (80%). En cuanto a las edades, la mayoría (48%) tiene entre 13 y 15 años; los casos de explotación a menores de 13 años significarían 25% de los casos en el interior del país y 23% en Montevideo y área metropolitana. Sólo 30% de los entrevistadas asistía a un centro educativo y más de la mitad no concurría a ninguna institución comunitaria o socioeducativa. Caballero, psicóloga de profesión, analizó que muchos “son carne de cañón: están solos, arrancando la adolescencia, sin ningún vínculo, en una situación en la que no opera ningún control. Venís de vulneraciones previas, tenés historia de violencia doméstica, de abuso sexual, la autoestima por el piso, y la adolescencia tiene esto de lo identitario, de querer tener, y capaz que intercambiando sexo por lo que quiero tener, porque soy adolescente, porque quiero ser igual al otro... Hay un montón de elementos que empiezan a jugar, que a los gurises pobres los hacen muchísimo más vulnerables”. Hay historias desde “la madre que mandaba a la hija a estar con el que recargaba las garrafas por un kilo de gas, o por el surtido de la semana” hasta tener sexo por una recarga de celular o un lugar donde dormir. Pero también están las historias de hombres, hacendados, que quisieron comprar hijas de mujeres en situación económica complicada, mencionaron los técnicos.
En convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Gurises Unidos desarrolla desde hace un año y medio un trabajo sobre explotación sexual comercial en diez departamentos del interior, en áreas rurales y pueblos, y los técnicos refirieron que esta cuestión aparece allí también, y plantearon el desafío de intentar cuantificar la realidad en esas zonas para crear dispositivos de atención.
Refirieron que hay un marco legal pero que “a veces le falta hacerse carne”. Pidieron que el tema tenga un “enfoque integral” con caminos de prevención y que se pueda “fortalecer la represión del delito: el mensaje que se les dan a los explotadores es que lo pueden hacer, la resolución de Rivera del otro día es eso”, deslizó Pailos. También mencionaron la necesidad de mejorar los mecanismos de atención directa del INAU, porque la alternativa de vivir en un hogar no cierra. La denuncia es tomada por los técnicos como “un elemento del proceso”, porque saben que muchas veces el duro periplo que tienen que atravesar no conduce a nada.