La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) y el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines volvieron ayer a reclamar ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) el reintegro de un peón rural que fue despedido el 26 de mayo por la empresa arrocera Waldemar y Haroldo Ensslin Asociación Agraria de Responsabilidad Limitada. El asalariado trabajaba en un establecimiento ubicado en la zona conocida como Rincón de Ramírez, cerca de la laguna Merín, en Treinta y Tres.
El dirigente del sindicato Marcelo Amaya calificó el despido como “antisindical” ya que se produjo “luego de que el trabajador le realizara a su encargado planteos acerca de la ropa de trabajo, el estado de la vivienda, y la necesidad de contar con protector solar, agua potable, lugar para comer y una cartelera sindical”. En la primera audiencia ante la Dinatra, la representante de la empresa reconoció la baja y tomó nota del reclamo. En la segunda instancia rechazó la solicitud de reintegro y el pago de los salarios caídos porque “se trató de un cese acordado entre el capataz y el trabajador”, según registra el acta de la audiencia. Pero en la tercera reunión, en la que participó el propio titular de la Dinatra, Juan Castillo, la empresa aceptó abonar el salario de mayo, horas extras, feriados, canasta, aguinaldo y diferencia de categoría por el período en que realizó tareas como peón altamente especializado y pagar la diferencia entre el monto del seguro de paro y el salario base correspondiente hasta el 31 de agosto, ya que se acordó convocar al ámbito tripartito para el 20 de ese mes para “dilucidar la situación del trabajador”.
Ayer volvieron a reunirse las partes porque al trabajador se le agotó el seguro de paro el 17 de junio, por lo que se le propuso a la empresa que le otorgue la licencia no gozada para llegar al 20 de agosto recibiendo ingresos. La empresa recibió la propuesta, pero se mantuvo en lo acordado en la reunión en la que participó Castillo.
Amaya indicó que el trabajador conservó en su celular mensajes de texto que intercambió con el capataz, con los que pudo comprobar que “fue un despido” y no una renuncia acordada.
La UNATRA también denunció ante la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social el incumplimiento por parte de la empresa del decreto sobre salud y seguridad laboral en el sector agropecuario y la “fumigación aérea con agroquímicos en la que los aviones aplican donde hay personas y cerca de los centros educativos”. “Lamentablemente, encontramos muchos casos de despidos de trabajadores cuando intentan regularizar o consolidar la organización sindical. A veces se concretan en el mismo momento en que el trabajador le va a notificar a la empresa que es el delegado sindical”, contó Amaya. También criticó a los empresarios del sector arrocero porque “tienen un discurso” que después “no cumplen en los hechos”. “Es un sector que tiene muchas prebendas, fondos de reinversión y subsidios, pero cuando hay una política de inclusión de los trabajadores, se niegan rotundamente e incurren en prácticas de persecución sindical”, concluyó.