El senador Sergio Botana presentó un proyecto de ley para procesar con prisión a padres o adultos responsableså de adolescentes que comentan una infracción, como parte de una “batería de soluciones” para la seguridad pública. Organizaciones sociales opinan que la propuesta responde a la “alarma social” y fomenta el “populismo punitivo”.
El proyecto fue presentado el 16 de junio en la cámara alta, apoyado por Jorge Larrañaga, Luis Alberto Heber y Carlos Enciso. Este último explicó a la diaria que “el tema de fondo” que pretende dirimir el texto legislativo es “el vacío de responsabilidad de los mayores en el tema”. El senador sostuvo que en la actualidad “hay una ruptura en el entramado de lo que es la atención familiar de los hijos”, y que “con una sanción se busca generar una ruptura de esa situación y un cambio en ciertas irresponsabilidades”.
En la exposición de motivos, Botana afirmó que “buena parte de los ilícitos, sobre todo contra la propiedad y la personalidad física de las personas (hurtos, rapiñas, copamientos, lesiones u homicidios en sus distintas modalidades) son cometidos por menores”, a pesar de que datos aportados por el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU)señalan que el promedio de infracciones cometidas por adolescentes representa 6% sobre el total.
El legislador añadió que “en la base de estas inconductas están la disgregación familiar y la desatención de los [adultos] responsables” sobre los niños, e indicó que el proyecto “apunta a que cada padre, o responsable (tutor, curador o guardador judicial, legal o de hecho) sea el propio policía de su hijo o menor a cargo, sancionando justamente el incumplimiento del deber de cuidado o la debida diligencia de buen padre de familia, como indica la máxima legal”. El autor del proyecto consideró que las políticas empleadas en materia de prevención “no han dado resultado” y que “tampoco se pueden multiplicar indefinidamente los efectivos policiales para esta tarea”.
En caso de comprobarse el “incumplimiento de los deberes [inherentes a la patria potestad, tutela, curatela o guarda judicial, legal o de hecho]”, la sanción es similar a la figura prevista en el artículo 279 B del Código Penal vigente: de tres meses a cuatro años de penitenciaría, y se impide que el mayor responsable sea eximido de la prisión. Si el referente del adolescente es procesado con prisión, Enciso estimó que habrá un “tratamiento diferencial del INAU en el acompañamiento de cada caso”.
Cuánto vale dormir tan custodiado
En los últimos años se han registrado varios casos en los que mujeres de sectores sociales más vulnerados, jefas de hogar, resultaron procesadas -con o sin prisión-, por magistrados que entienderon que “omitieron sus deberes inherentes a la patria potestad”. El grupo de Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República opinó en su momento que la figura delictiva de estos procesamientos resulta “excepcional”, ya que en general ésta se construye a partir de acciones -sobre “lo que se hace, no sobre lo que se omite o sobre lo que no se hace”,- y cuestionó la “causalidad” que pudiera existir en estos casos.
Parte de la justificación de esos procesamientos era la supuesta “alarma social” que el juez entendía que los casos habían producido; el mismo motivo por el que procesaron hace dos semanas a una mujer que agredió a una maestra en Las Piedras. Argumentos como “utilizar la cárcel como instrumento ejemplarizante, o no temer a castigar conductas que nos parecen repudiables, reflejan las diferentes formas que la violencia estatal asume a partir del populismo punitivo”, opinó Mauro Tomasini, integrante del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en diálogo con la diaria.
El activista consideró que Botana “desconoce profundamente el universo del delito adolescente” y que el proyecto de ley “va en consonancia con los sentidos que los tres poderes del Estado le otorgan al castigo”. “Pensar que la madre o el padre deberían actuar como ‘los policías’ del niño o adolescente es prácticamente volver a las ideas más higienistas de fines del siglo XIX. La idea planteada por el senador está a un paso de volver a definir la masturbación como enfermedad. La iniciativa es altamente regresiva en términos de derechos de la infancia; prácticamente define a los adolescentes como objetos y los coloca en la zona más perversa del paradigma tutelar”.
“Los Estados se vuelven más peligrosos para los ciudadanos cuando equiparan el peligro o la alarma a todo lo que es considerado delito, y a los individuos que los cometen como individuos ‘peligrosos’”, añadió Tomasini, subrayando que “los actores políticos deberían ser más responsables y no anteponer las lógicas electorales a las políticas de seguridad. De continuar así, sólo podemos esperar más políticas funcionales al grito de la opinión pública, que en nada van a operar para hacer descender los índices de violencia en la sociedad”.