La Comisión Preinvestigadora del Senado sobre la situación económica y financiera de ANCAP desde el 1º de marzo de 2005 a la misma fecha de 2015 decidió ayer, por unanimidad, la instalación de una investigadora. La votaron sus tres integrantes, los senadores del Frente Amplio (FA) Marcos Otheguy (lista 711) y Rubén Martínez Huelmo (Espacio 609), y el del Partido Nacional (PN) José Carlos Cardoso (Todos hacia Adelante), aunque este último no acompañó los argumentos de la mayoría. El Senado tratará el asunto el martes y, de aprobarse, quedará instalada la primera investigadora que abarque períodos de gobierno del FA y la segunda en los últimos diez años.
El lunes, el senador blanco Álvaro Delgado (Todos) presentó en la preinvestigadora la denuncia que analiza el resultado negativo acumulado de 600 millones de dólares de ANCAP en los últimos cuatro años. Ayer, luego de analizar la documentación, la bancada de senadores del FA aprobó por unanimidad la instalación de una investigadora, aunque aclaró en un comunicado que en la denuncia “no se encuentran situaciones de ilicitudes en el estricto sentido del término aplicado” en la ley que establece la naturaleza y clasificación de las comisiones parlamentarias “de acciones contrarias al ordenamiento legal”, ni que “existieron irregularidades bajo la forma de decisiones tomadas más allá de lo que las normas permiten”. “La solicitud de investigar los asuntos mencionados es una buena oportunidad para clarificar y dar a conocer el buen desempeño que ha tenido el servicio de dominio industrial del Estado, ANCAP, tanto en los debates parlamentarios como para la sociedad toda”, agrega el comunicado del oficialismo.
Pero la bancada del FA consideró la necesidad de comenzar el análisis a partir del año 2000, “a los efectos de tener una visión más global que permita comprender las acciones del último período”. Se trata de la gestión del gobierno del presidente Jorge Batlle (Partido Colorado, PC). Otheguy explicó que se estudió el material presentado por Delgado y se “aceptó la exposición de motivos y los anexos”, de los cuales “no surgen ilicitudes y tampoco se fundan irregularidades”. Además, se tuvo en cuenta “la trascendencia pública” que ha tenido el tema de ANCAP “desde hace meses” y “se decidió habilitar para transparentar ese debate”, agregó el senador. Otheguy manifestó que se agregó un período de gobierno hacia atrás “para contextualizar” ciertas decisiones del plan estratégico del ente que se tomaron “para revertir años de abandono”. El FA quiere que la comisión se expida antes de fin de año, debido a que el tema “ha generado mucha expectativa en la sociedad”. Para Otheguy, la comisión no puede ser una instancia “multitudinaria” y debería tener siete miembros, cuatro del FA y tres de la oposición.
Por su parte, Cardoso destacó que el objetivo del PN “se cumplió” y opinó que “ya no había más espacio político para sostener un candado en la puerta de ANCAP”. El senador explicó a la diaria sus discrepancias con los argumentos del oficialismo. “El FA dice que no hay irregularidades. Nosotros decimos que sí. Por otra parte, investigar desde el 2000 es redundante. Se investigó dos veces el período 2000-2005, y además, el plazo de cuatro meses es muy exiguo”, consideró. En 2005, el diputado del FA José Carlos Mahía solicitó como denunciante una investigadora sobre la gestión de siete entes en el período anterior, incluyendo a ANCAP, y luego de tres años de trabajo, esa comisión no llegó a presentar un informe.
Por su parte, Delgado calificó la instalación de la comisión como “una buena noticia para Uruguay y el Parlamento”, pero opinó que el FA quiso “licuar algunas cosas tratando de estirar el plazo” hasta 2000. “No tenemos inconveniente en reiterar una investigación sobre ANCAP. Lo importante para nosotros es poder investigar este período, en el que pierde millones de dólares y hay situaciones inconvenientes e irregulares. Por primera vez en diez años se empieza a ver un poco de luz en el control parlamentario sobre la gestión de los entes públicos de los entes”, afirmó a la prensa.
En tanto, el senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay, PC) reaccionó a la extensión del plazo de la investigadora y tuiteó: “Parece que el FA y el PN quieren investigar lo que ya investigaron [...] qué falta de seriedad y estudio”. Desde Vamos Uruguay se informó que el sector aún no decidió si votará la comisión. En cambio, el senador de Batllistas de Ley José Amorín Batlle escribió que va a votar la investigadora “entre 2000 y 2015, aunque el FA quiera ‘marear’ investigando lo ya investigado”.