Hoy la bancada de senadores del Frente Amplio resolverá si vota en el plenario del miércoles el proyecto de ley que crea la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado. La senadora frenteamplista Constanza Moreira (Casa Grande) dijo a la diaria que le “preocupa” que con este proyecto se esté creando un “superpoder”.
En la reunión de la comisión de Constitución y Legislación del Senado del 7 de julio, Moreira adelantó cuestionamientos al artículo 2º del proyecto, que establece que la Fiscalía General de la Nación será dirigida por un director general que será el fiscal de Corte, que ocupará su cargo por diez años. “La objeción más importante respecto al artículo 2º es que pasaríamos a tener una concentración de poder enorme en una sola persona. No estamos votando un órgano colegiado, sino a un solo fiscal de Corte, que, además, si el Código del Proceso Penal empieza a regir, va a tener funciones superlativas en el nuevo proceso”, manifestó Moreira en comisión, en referencia a que el nuevo Código da al fiscal la potestad de investigación que antes estaba a cargo del juez. Insistió en que le preocupa “toda esa concentración de poderes y, además, de funciones, porque me parece que repite algunas de las atribuciones que, incluso, criticamos en una Suprema Corte de Justicia, que, al mismo tiempo que dictamina justicia, también es un organizador del Poder Judicial”.
El texto se votó en comisión por unanimidad el 7 de julio, pero Moreira pidió que se desglosara el artículo 2º y también el inciso F del artículo 5º, que define las competencias del fiscal de Corte. Este inciso dispone que será competencia del fiscal “designar, promover, trasladar y destituir a los funcionarios de su dependencia, pudiendo realizar las contrataciones de personal que considere necesarias dentro del marco legal vigente”. “La destitución de funcionarios sólo podrá disponerse por ineptitud, omisión o delito, previo sumario instruido con las garantías del debido proceso”, agrega. Moreira señaló en comisión que en el artículo 5º “no hay ninguna diferenciación entre funcionarios administrativos y fiscales”. “Se trata a todos de la misma manera, siendo que hay enormes diferencias entre un funcionario público, un funcionario administrativo de la Fiscalía de Corte y un magistrado fiscal”, argumentó.
En diálogo con la diaria, la senadora advirtió que se da por diez años “todo tipo de potestades” a la Fiscalía de Corte y se la habilita a decidir traslados y promociones. “Es una Suprema Corte de Justicia, pero concentrada” y “con atribuciones administrativas, además”, cuestionó. Valoró que el hecho de que el fiscal deba designarse por mayorías especiales en el Parlamento “condiciona la elección”, porque “lo tenés que definir con los blancos y los colorados”. “El Poder Ejecutivo se queda con un vínculo muy limitado con la justicia” y “la opinión del fiscal de Corte pesa mucho”, advirtió. Explicó que en la reunión de bancada de hoy buscará introducir cambios en el proyecto para “amortiguar el peso de esa figura”. Concretamente, propondrá que el fiscal de Corte se erija en presidente de un directorio que tenga dos integrantes más. Estos últimos compartirían tareas “en el orden estrictamente administrativo” con el fiscal, y de ese modo se lograría que tareas como la destitución y la promoción de funcionarios “no queden en manos de una sola persona”.
El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) dijo que se está buscando “el mayor consenso posible en la bancada” y aseguró que se trabajará para contemplar “las inquietudes que se plantearon”. Consideró que una “posible solución” puede ser disminuir el tiempo de duración del cargo.
Mientras tanto, la senadora Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) recordó que los textos de los nueve proyectos de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento estaban disponibles desde marzo. “Yo me tomé la responsabilidad de analizar los nueve proyectos y no esperar a que los adjudicaran a cada cámara”, indicó. Recordó que el proyecto de ley que crea la Fiscalía General de la Nación fue aprobado por todos los diputados de la cámara, excepto por Eduardo Rubio, de Unidad Popular. “Desde hace tiempo estamos bregando por la independencia del Ministerio Público y Fiscal, por su autonomía técnica, y el proyecto del Ejecutivo lo contempla”, remarcó la senadora. “Yo puedo compartir alguna prevención, pero es un paso cualitativo en la dirección que estamos buscando. Creo que este proyecto es garantista, que otorga más independencia técnica y se adecua al nuevo Código del Proceso Penal”, añadió. Dijo que nunca se cierra a “repasar un texto para poder mejorarlo”. “Lo que no encuentro son los elementos que me lleven a concluir que el texto tiene que ser modificado. No veo esas amenazas”, afirmó.