Un centro “modelo”. Así presentó el entonces director del Sirpa, Ruben Villaverde, al Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (CIEDD) en ocasión de su inauguración, el 21 de abril de 2014. Villaverde destacó que durante su gestión “se inundó el sistema de estudio y trabajo”. Al frente del CIEDD, las autoridades del Sirpa de aquel entonces designaron a Francisco Ponce, denunciado por maltratos ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados en setiembre de 2012. “Ese sumario se terminó hace largo rato”, se había limitado a manifestar el entonces director Jorge Gago, consultado por la diaria. En mayo, el programa Santo y seña denunció que Jessica Barrios, procesada sin prisión por abuso de autoridad cuando era directora del centro Ser, de la Colonia Berro, estaba encargada del área de seguridad del CIEDD. La actual directora del Sirpa, Gabriela Fulco, dijo a la diaria que Barrios no trabaja más allí y que Ponce fue sustituido por Marina Guerrero.
El 24 de abril, dos padres radicaron una denuncia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 3er Turno por presuntas torturas cometidas contra su hijo en el CIEDD. Relatan que el 10 de abril, a las 3.00, “un grupo de educadores irrumpe en el módulo” donde estaba alojado su hijo, que en ese momento estaba durmiendo. “Cuando ingresaron los funcionarios esposaron a todos los jóvenes con esposas y grilletes, luego les retiraron los colchones y toda la ropa. Tanto nuestro hijo como los otros 18 jóvenes durmieron sobre el piso de hormigón, sin abrigo”, relatan los padres en la denuncia. La situación duró hasta las 15.00 de ese día, cuando un grupo de funcionarios ingresó al módulo y les quitó las esposas y los grilletes. “Desde que Diego ingresó al centro le fueron recetados varios medicamentos que hacen que la mayor parte del tiempo esté durmiendo; como consecuencia de ello, su temperatura corporal es más baja, por lo que dormir sin ropa de cama en el piso frío fue para él totalmente insoportable”, señalan los padres. Solicitan al juez que exija al Sirpa que proporcione el nombre de los funcionarios, pedido que el magistrado ya cursó. También exigen que brinde el nombre de la psiquiatra que medicaba a su hijo, dejándolo “la mayor parte del tiempo durmiendo y fuera de tiempo y espacio”, así como que explicite “cuál fue el diagnóstico por el cual termina siendo medicado”, teniendo en cuenta que el adolescente jamás había sido medicado antes. La primera audiencia en esta causa se fijó para el 4 de setiembre.
Las denuncias sobre maltratos en el Sirpa tomaron estado público en 2014, a raíz de un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que denunciaba las condiciones en la mayoría de los centros de detención de adolescentes; en paralelo, se hicieron públicas denuncias presentadas por familiares de los jóvenes ante los juzgados. En setiembre de 2014, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indicó en su informe sobre Uruguay que “los casos de malos tratos documentados” en los centros del Sirpa “consisten en palizas, posiciones de estrés como ‘el paquetito’ (atar a la persona de pies y manos enganchando los grilletes por detrás), castigos de carácter vejatorio y humillante, incluida la desnudez forzada, castigos colectivos, registros sin ropa, registros corporales invasivos y el uso de medios de coerción en el interior de los centros”. Pese a la condena de organismos de derechos humanos, las denuncias continúan. La abogada Sandra Giménez radicó en marzo, en el Juzgado Penal de Toledo, una denuncia contra funcionarios del centro Ser por golpear en forma reiterada a un joven.
Divina TV Führer
La difusión del video del Ceprili generó una inédita reacción generalizada del sistema político: el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio (FA) condenaron lo sucedido. Los nacionalistas señalaron lo que consideran el “silencio” de las autoridades ante estos hechos. El FA, en cambio, destacó como “correctas y oportunas” las medidas adoptadas por Fulco. “Estos hechos se tienen que terminar. La Justicia debe trabajar para juzgar a los responsables”, indicó la bancada oficialista en un comunicado.
El PIT-CNT resolverá mañana si adopta una definición sobre el tema. Algunos sindicalistas, como el dirigente Richard Read, consideran que Joselo López debería dar “un paso al costado”. Daniel Diverio, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, recordó que la central sindical peleó por el “no a la baja”, y remarcó que “es muy contradictorio que los trabajadores usen métodos que no corresponden y son rechazados por el resto de la sociedad”.
El dirigente de la lista 41 Ricardo Cajigas, cuyo referente es López, sostuvo que es posible que este dirigente pida la creación de una comisión investigadora acerca de los hechos que muestra el video, y que podría estar integrada por otros actores además del PIT-CNT. Según Cajigas, existe una “campaña” para “tratar de desacreditar a dirigentes sindicales”. “[López] Entra cuando ya había pasado todo, y las barbaridades que pasaron el sindicato no las va a defender. Piden la cabeza de Joselo y no la del que patea en el piso al joven”, sostuvo.