La Justicia parece haberse convertido en el ámbito preferido para dirimir los problemas que se han generado en la Intendencia de Salto (IS) después de la asunción del frenteamplista Andrés Lima. El intendente anunció que realizará una denuncia penal contra el ex intendente colorado Manuel Barreiro, que sustituyó a Germán Coutinho, por darle otro destino a una donación de la Embajada de Japón que tenía como fin la puesta en funcionamiento de un Centro de Recolección de Leche Materna y la compra de un vehículo para trasladar leche donada.
El viernes, Funcionarios Departamentales de Salto (Fudes), una nueva agremiación conformada por una parte de los 253 trabajadores de la IS que fueron cesados por Lima, se reunieron para analizar la presentación de una denuncia penal contra el intendente “a raíz de que la comuna no está volcando los aportes que se les descuenta a los trabajadores en las instituciones y cooperativas del medio”, según explicó al diario Cambio de Salto el presidente de Fudes, Mario de Castro. El dirigente agregó que también se les debe la licencia y que la IS sigue recortando beneficios y persiguiendo a los trabajadores. “En las próximas horas vamos a definir que cada trabajador afectado por el no pago de su licencia, y por las deudas atrasadas en bancos y cooperativas, presente denuncia penal contra la administración”, afirmó De Castro.
Pero, por otro lado, un grupo de cesados que no pertenece a Fudes también recurrirá hoy a la Justicia para “accionar” contra la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Salto (ADEOMS) por “daños y perjuicios”. “El estatuto de ADEOMS dice que tiene que defender los derechos individuales de los afiliados. Apenas fueron cesados, se le hizo una nota a ese gremio, solicitando que negociara por ellos, y ADEOMS hizo caso omiso”, indicó a la diaria Gustavo Grassi, abogado asesor de otro grupo de cesados. Grassi explicó que la resolución de la IS expresa que los funcionarios están “suspendidos en su relación funcionarial y los manda a gozar de la licencia anual de 2014”, pero que él entiende que “se trata de un verdadero cese”, porque las suspensiones “no rigen en el derecho público y administrativo”.
“Los funcionarios tienen derecho a la retribución, salvo que haya un sumario por delito o falta disciplinaria. El argumento que se da en la resolución es la situación económica y financiera de la IS, pero Lima dijo en la prensa que el cese se debe a que los funcionarios fueron ediles o dirigentes políticos del Partido Colorado [PC] que pasaron a tener cargos en la comuna. Lo real es que es por motivos políticos”, expresó Grassi, quien afirmó que todos sus clientes están vinculados a esa colectividad política. El abogado explicó que presentó los descargos correspondientes contra la resolución con esos argumentos. Para Grassi, los funcionarios pueden actuar por dos vías legales: recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para solicitar “el reintegro a las funciones”, lo que “significa un juicio de seis o siete años de duración”, o “ir directamente a la Justicia contenciosa reclamando una acción reparatoria”. Con respecto a la denuncia que Fudes analiza presentar, que no representa a sus clientes, Grassi dijo que no la comprende porque no se puede saber los destinos de los descuentos que hizo la IS cuando todavía no se pagaron los sueldos correspondientes a agosto.
Desde ADEOMS se aclaró que se “están buscando los medios” para encontrar una solución a los casi 50 cesados que son afiliados. “Pensamos en crear una bolsa de trabajo para que sean reincorporados cuando haya vacantes”, indicó Jackson Cachuko, dirigente de ADEOMS. Para el sindicalista, los demás “cesados” son ediles del PC que pasaron a ser funcionarios y “punteros políticos”, y sostuvo que después de marcar tarjeta se van a hacer proselitismo político, como “repartir volantes o charlar con los vecinos”. Cachuko dijo que ADEOMS sólo recibió una nota firmada por una persona cesada que no era afiliada al sindicato, invitando a “encontrarse” en un lugar a una determinada hora. La nota era una convocatoria a la movilización de cesados que terminaron “agrediendo e insultando” a Lima el 30 de julio. “Estamos en contra del patoterismo”, concluyó el dirigente.