Es complejo escribir a estas horas sobre la esencialidad en la educación, porque los hechos se suceden uno tras otro y hay una negociación en curso. La declaración de esencialidad en la educación tiene algo que es unánime en todas las bibliotecas de los juristas y los más despistados analistas de la sociedad: es una resolución inédita en los últimos 30 años de democracia en Uruguay. Ni la huelga de 1989 ni las ocupaciones de 1996, ni ningún otro conflicto de mayores proporciones que el actual, se habían encontrado frente a este instrumento de resolución.
Declarar la esencialidad es, además, una medida que no sólo afecta a los directamente involucrados, sino que afecta a todos los trabajadores. La situación se complejiza aun más si tenemos en cuenta que en todas las movilizaciones del PIT- CNT se está incluyendo el tema del presupuesto educativo, y que la central sindical ha entendido que este tema es una demanda de todos los trabajadores del país.
Este instrumento se ha utilizado en medio de un proceso de negociación colectiva que tiene un componente salarial pero en el que también se discute la cantidad de recursos que la sociedad uruguaya destina a la educación. Este proceso de negociación, que comenzó tarde, tiene la particularidad de que las propuestas que se formulan deben ser aceptadas, porque no son modificables hasta el momento.
Los mecanismos que los trabajadores pusieron en funcionamiento son los que tienen la posibilidad legítima de instrumentar: movilizaciones -que incluyen el paro-, comunicación de las demandas, contracursos y asambleas con la población para explicar sus argumentos.
La última instancia del Consejo de Salarios llegó el viernes a una propuesta que, según el texto, va a “ser considerada por los organismos competentes de cada parte”. Esto sucedió el viernes 21 de agosto. El único sindicato de todos los que la firmaron que llegó a considerar la propuesta fue el los profesores (Fenapes), ningún otro sindicato de la educación se había pronunciado sobre éste. Son sindicatos nacionales, que deben consultar a todas sus filiales para expedirse.
En este contexto apareció el decreto de esencialidad, justamente cuando el Poder Ejecutivo presentaba el presupuesto nacional a la bancada de gobierno. Es más, se supo que se tomaría esa resolución luego de que legisladores le preguntaran al presidente Tabaré Vázquez qué sucedía con el 6% del Producto Interno Bruto que se había comprometido para la educación.
Ese mismo día, el ministro de Economía y Finanzas anunció que el presupuesto para la educación llegará a ser de 4,7% y 4,8% del PIB en los primeros dos años, tendiendo a 6% al final del período. Los anuncios no incluían números para 2018 y 2019.
En este contexto, el decreto de esencialidad es un error político de un tamaño que aún no tenemos claro. Es un error porque instala un mecanismo de solución que no parece el más adecuado para la educación; en esta área, en particular, se debe contar con el acuerdo de los docentes para que las cosas pasen, básicamente porque son los que hacen que ocurran.
En segundo término, porque la disputa por recursos para la educación ha sido conflictiva en todos los períodos. Es una disputa que incluye el salario docente pero que no termina allí, es la que permite mejorar la cobertura del sistema, la pertinencia de las propuestas, la disponibilidad de insumos adecuados para garantizar el derecho a la educación de 85% de los que concurren a ella. Esta disputa es tan importante que, vale recordarlo, durante el primer período de gobierno de Tabaré Vázquez, llevó a que el entonces ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, planteara su intención de renunciar, algo que después no hizo. En este período, aún no sabemos qué va a pasar con esa disputa tan importante.
La indignación de las organizaciones de docentes frente a este anuncio ha sido unánime, más allá de las diferencias a la interna de cada sindicato, y el movimiento estudiantil también se sintió profundamente afectado. Pero el tema no terminó allí. Es probable que una parte importante de la sociedad que no comparte las paralizaciones que se venían llevando adelante menos aun comparta el decreto de esencialidad.
Alguien (o varios) calibró mal lo que producía una medida de este tipo en medio de la negociación, alguien informó mal lo que se estaba negociando, alguien rompió la negociación con una medida que limita el derecho de huelga en medio de un conflicto presupuestal.
Tenemos la convicción de que esto debe destrabarse porque perjudica a los educandos y a los educadores, a los padres y a las comunidades en general. No tenemos claro cómo va a afectar la relación entre los docentes y las comunidades educativas; a priori parece abonar una dirección que será necesario revertir.
La negociación real es clave para esto. Lo primero que se debe recomponer es la buena fe de las partes. Los problemas políticos requieren soluciones políticas y requieren estar a la altura de las circunstancias para tomarlas. El tema lo amerita.