“ANCAP se ha convertido en un violador contumaz de los plazos. Durante varios años no ha presentado los balances en fecha, y ya eso es motivo de investigación”, afirmó en primer lugar el senador José Carlos Cardoso (Todos hacia Adelante, Partido Nacional, PN). “Por supuesto que el hecho de que una empresa pública dé pérdidas es motivo adicional”, agregó. “El debate y la discusión de hoy van más allá de ANCAP; estamos hablando de la posibilidad de que el Parlamento recupere un rol que ha perdido: el de contralor”, afirmó por su parte Delgado, que se refirió a los dos informes presentados por el oficialismo y la oposición a partir de la comisión preinvestigadora, en los que “había diferencias en la justificación, pero con un mismo objetivo”.
Desde el partido de gobierno, el primero en tomar la palabra fue el senador Marcos Otheguy (lista 711, FA), quien sostuvo que en el análisis de los 12 capítulos de la denuncia presentada por Delgado “no se encontraron ilicitudes en el estricto sentido jurídico del término” y tampoco “irregularidades bajo la forma de decisiones tomadas más allá de lo que las normas lo permiten”.
Golpe a golpe, verso a verso
Legisladores del oficialismo y la oposición recorrieron varios de los puntos observados por Delgado en la comisión preinvestigadora. Uno de los primeros fueron los “incumplimientos contractuales” de la empresa Cementos del Plata (subsidiaria de ANCAP), que “realizó un importante gasto en la construcción de plantas de cal por un importe de 100.000.000 de dólares”, en palabras del nacionalista. Según Otheguy, que integró la preinvestigadora por el FA y pertenece al mismo sector que el vicepresidente, Raúl Sendic, ex presidente de ANCAP, se trata de inversiones cuyas “pérdidas se recuperarán completamente en 12 años”, que además “le brindan al país la oportunidad de generar reservas de caliza, un impacto positivo en la zona [Treinta y Tres], por la creación de nuevos puestos de trabajo, una producción de alto valor agregado y la eliminación de la lluvia ácida en la frontera”.
Por otro lado, se trataron algunos “gastos excesivos” ante una “situación económica financiera adversa”, como los de publicidad por 10.700.000.000 de dólares en los ejercicios 2013 y 2014 y la participación de la petrolera estatal en una feria en Paraguay por 282.000 dólares. Sobre la publicidad, Otheguy sostuvo que la comisión de aprobación de la empresa publicitaria estuvo integrada por un miembro de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, Silvia Saavedra, “que en todo el proceso de licitación no hizo ninguna observación”. “El Tribunal de Cuentas observó el gasto porque ANCAP solicitaba que la empresa seleccionada no tuviera relaciones con competidoras y porque no se establecían puntajes por rubro, algo que la ley no exige y entonces se reiteró el gasto”, justificó. En cuanto a la participación en la feria, el senador dijo que “la iniciativa surgió desde la cancillería y que pretendió aumentar la participación en ferias internacionales de gran porte”.
A la hora de su exposición, Delgado se refirió a otros gastos, como la maratón Trotancap que el ente organizó y patrocinó en 2014 por un monto de 300.000.000 de pesos, junto con el apoyo a una murga y a radios comunitarias. “No es irregular, pero en el marco de ANCAP era inconveniente realizarlo”, dijo, y agregó que “lo que faltó fue una política estipulada que ordenara estas cosas”.
La plantilla de trabajadores también estuvo en la discusión. Mientras que en 2005 ascendía a 2.169 funcionarios, en 2014, a 2.929, “a lo que debe sumarse el personal tercerizado, que supera los 1.100, y el personal en las subsidiarias”, contribuyó Delgado. En este aspecto, Otheguy relativizó las cifras con los funcionarios que estaban vinculados a ANCAP en 2004 (unos 4.231, dijo), mientras que “la cantidad de funcionarios en la actualidad es similar a la empleada en 1997, pero la empresa hoy tiene una mayor cantidad de divisiones de negocio”.
También formó parte de la discusión una “deuda impaga por Pluna, por importes cercanos a 30.000.000 de dólares con un plazo de 180 días, cuando lo que correspondía eran 30 días”, según el informe. Otheguy retrucó explicando: “El directorio de ese entonces decidió sancionar a los involucrados con suspensiones que fueron de 60 a 90 días y, asimismo, iniciar una denuncia penal ante la Justicia”.
Otro punto: la inversión de 12.500.000 dólares en un remolcador que nunca se puso en funcionamiento por fallas técnicas, responsabilidad que Otheguy trasladó a la Armada, a la que “se le cobrará una multa de 600.000 dólares”. “Es plata del pueblo, la misma caja”, enfatizó Cardoso, que consideró “ridículo” que “hayan hecho un barco ruidoso en el que no se puede andar”.
Por último, las relaciones contractuales con Petroecuador y Trafigura. “El ente ya había realizado negocios similares en tres contratos (uno en 2000 y dos en 2001), todos, como el actual -que ya no está vigente-, votados por unanimidad del directorio”, sostuvo Otheguy, quien comparó las ganancias de los de principios de siglo, “de cuatro centavos de dólar por barril”, con las del último, “de diez centavos”. “No decimos que sospechamos de la situación, sino que queremos conocer los alcances”, aclaró durante su turno Cardoso, que irónicamente se refirió a la posibilidad de “ver el contrato o recuperar el expediente”, cuando “en ANCAP figura como extraviado”.
Pasiones
“Nosotros no encontramos elementos irregulares o ilicitudes, pero, valorando la exposición mediática y la trascendencia de dicho ente en la economía del país, se entiende la necesidad de instalar una comisión investigadora a efectos de transparentar la gestión de ANCAP ante la ciudadanía”, estableció en primer lugar Otheguy, mientras corrían entre los senadores copias de la moción que pretendía presentar el FA, que establecía la conformación de una comisión con fines legislativos, de cinco miembros, que investigue el período comprendido entre el 1º de marzo de 2000 y la misma fecha de 2015 y que se expida en un plazo máximo de 120 días.
“¡El Frente Amplio quiere una comisión investigadora light!”, gritó sorprendido el senador nacionalista Jorge Larrañaga (Alianza Nacional, PN). “Si no quieren investigar, díganlo, pero esta mocioncita propuesta es invotable”, sostuvo. “La pasión y la gesticulación del senador no tienen razón. Nosotros no queremos partir de la base de que hay irregularidades, y ése es el camino que encontramos”, refutó el frenteamplista Rafael Michelini.
El senador del Partido Independiente (PI) Pablo Mieres opinó que “lo importante es saber qué pasó”, y que “tan importante es la función de legislación como la de contralor”. También se refirió a la cantidad de miembros: “Menos de nueve, no vamos a votar”, pues esto no representaría de forma completa al Parlamento. “Lo del plazo es menor, porque, en todo caso, si la comisión entiende que se debe extender, podrá pedir una prórroga”, dijo.
En cuanto al período a investigar, Delgado sostuvo que debería ser de 2005 a 2015, porque “el período 2000-2005 ya fue objeto de investigación”. El colorado Pedro Bordaberry se refirió al plazo: “Si la investigadora que trabajó en 2005 lo hizo durante dos años y medio para un período de cinco años, no parece coherente que se pretenda investigar 15 en tres meses”. En cambio, el frenteamplista Enrique Pintado sostuvo que “120 días sobran”.
Finalmente, y por iniciativa de Sendic, el FA cambió su postura, y por 21 votos (del FA, el PI y el PC) en 31, se conformó una comisión investigadora, “sin que exista presunción alguna”, de siete miembros que investigarán los últimos 15 años con un plazo máximo de 120 días.