El domingo 12 de julio, a medianoche, Ruben Martínez Mieres tenía 25 años y acababa de pelearse con su pareja, así que salió a tomar un vino donde se cruzan las calles Lope de Vega y Goethe. En el mismo barrio, Peñarol, un hombre joven rapiñó un carro de chorizos. Cinco patrullas policiales salieron a peinar las calles para encontrar al culpable. A eso de las 2.00, la Policía detenía a un joven en la calle.
Unos gritos que venían de afuera alertaron a la madre de Ruben, Adriana Fraga, que salió a la calle, celular en mano; con él filmó a un grupo de policías que golpeaba en el piso a un joven de buzo blanco, esposado y tendido sobre el pasto de la vereda. La iluminación pobre del barrio y la distancia ocultaban la cara del muchacho. “Esto no es CSI”, le dijo un oficial cuando se quiso acercar en busca de detalles para registrar con la cámara del celular, que marcaba las 2.05. A la mañana siguiente, Ruben Martínez aparecería muerto a unas cuadras, en una cuneta del barrio Maldonado.
Su padre, también llamado Ruben pero usuario de su segundo nombre, Daniel, está radicado en Rivera desde hace siete años. Le había alquilado y amueblado una casa a su hijo y le había conseguido un trabajo en la construcción, para que volviera a la ciudad y pudiera mejorar su situación laboral; en Montevideo su trabajo en el puerto no le alcanzaba para llegar a fin de mes. Además, le había comprado una moto.
Los rumores de que habían matado a alguien en el barrio corrieron y llegaron a Rivera; preocupado, Daniel condujo seis horas y, una vez en la capital, se enteró a las 17.00 de que se trataba de su hijo, después de horas de preguntar en seccionales y hospitales.
“No hay una declaración que coincida” con el resto, contó Daniel a la diaria por teléfono, desde la casa riverense que estaba destinada a su hijo y que ahora decidió ocupar. En julio, la familia comenzó a reclamar justicia, primero con asistencia del abogado Julio Moro, que trabaja asociado a la funeraria Luis Moro e Hijos y que tomó el caso después de que dos abogados -uno capitalino y uno de Rivera- abandonaran el caso.
Hubo también posteos desesperados en Facebook que tecleó Mónica Taborda -prima de la víctima- que llamaron la atención de algunos medios de comunicación, como Montevideo Portal. La jueza letrada en lo penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, inició las investigaciones correspondientes: de diez policías que declararon ante el juzgado (iban en los cinco coches que patrullaban el barrio la noche del crimen) más dos en calidad de testigos; seis de ellos pertenecen a la Seccional 8ª y el resto a la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo, según relata el padre de Ruben a la diaria en base a 19 páginas llenas de declaraciones de los policías involucrados, que obtuvo el abogado del caso.
Varias contradicciones rodean el caso: “Parece que la aguja del reloj que tenían gira para el otro lado”, ironiza con amargura Daniel, en referencia a que hay declaraciones de que la llamada a la emergencia se realizó a las 3.40, mientras que otras versiones dicen que la ambulancia habría llegado a las 3.30. La demora de la Policía en llamar a la emergencia amerita solicitar, además del homicidio, un agravante de omisión de asistencia.
Martínez padre planea entrevistarse con la jueza del caso mañana en el Juzgado Penal de Montevideo, con un segundo informe forense en la mano, que se emitió el lunes y que aún no llegó a manos de los familiares pero sí del abogado Moro, el miércoles pasado. Según el primer informe, cuenta textualmente el padre de Ruben desde Rivera, las causas de la defunción -declarada a las 4.25, o sea, dos horas y 20 minutos después de la detención del muchacho- serían anemia aguda y una herida cardíaca causada por un proyectil de arma de fuego sin orificio de salida, que entró por la espalda y que se disparó a menos de medio metro de distancia.
No figuran en el primer informe, sin embargo, los golpes que el padre dice haber visto por todo el cuerpo, especialmente en la cara, cuando fue a reconocer a su hijo en la morgue. Una contradicción más que se suma a otras: según informó Brecha en su edición del 30 de julio, la Policía habría ingresado el cuerpo a la morgue con otro nombre.
Seis policías estuvieron a disposición de la jueza en julio, pero 48 horas después de declarar fueron emplazados, con la única prohibición de abandonar el país, ya que la Justicia no logró encontrar elementos para procesarlos; actualmente están trabajando en las calles, igual que antes del episodio.
Por el momento, lamenta Daniel Martínez, el caso está “congelado”; tiene esperanzas de que el segundo informe aporte pruebas nuevas que habiliten una segunda ronda de interrogatorios.
Pero hay más datos extraños. La misma médica forense, según los documentos, constató la muerte del joven dos veces: una a las 4.25 y otra a las 5.30. También hay un arma de reglamento que no aparece, que pertenece al agente Pedro Enrique Poggi, según lee el padre de Ruben en las declaraciones. Poggi admite haber disparado en forma reiterada, pero al aire y sólo para intimidar. “Lo quieren hacer pasar por un ajuste de cuentas”, hipotetiza Daniel, “pero sea como sea, estuviese Ruben involucrado o no en un robo, no deja de ser homicidio. Todo Peñarol se quedó sin patrulleros para matar a mi hijo, que nunca usó un arma. Si hubiese sido un caso al revés, en 24 o 48 horas Ruben hubiese terminado en el Comcar”.
En diálogo con El Observador, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó que se está llevando a cabo una investigación interna; sin embargo, ni Asuntos Internos ni fuentes del ministerio pudieron aportar datos sobre el estado de las pesquisas. En todo caso, se trata de investigaciones administrativas que podrían concluir que no hubo errores de procedimiento, independientemente de que la Justicia procese o no a los involucrados. La indignación del padre de la víctima no parece congelarse como el caso: “Yo no voy a hacer 1.000 kilómetros para volverme con las manos vacías”, prometió a la diaria por teléfono.