En diálogo con la prensa, el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Jorge Basso, comentó ayer los principales aspectos del documento “Aportes para los contenidos de una Ley de Salud Mental en Uruguay”, que entregó la semana pasada a los presidentes de las comisiones de Salud del Poder Legislativo. Basso reseñó que las leyes de salud mental están vigentes desde 1936 y 1948, y que “ha pasado bastante agua debajo del puente, hay mucha cosa para modificar y tiene que ver con la política de derechos de los enfermos mentales, de los familiares de los enfermos mentales y también con la atención integral a la salud mental en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS]”.
El MSP sistematizó las opiniones de 30 organizaciones. “La idea es juntarnos con los parlamentarios para, lo más rápido posible, no más allá de este año, tener un articulado que después pueda ser sometido al tratamiento parlamentario”, dijo.
Basso insistió en la superación del modelo asilar y en “lograr una atención que privilegie la prevención, la promoción, la asistencia oportuna, la accesibilidad a los medicamentos, la continuidad, incluso con un énfasis en el trabajo comunitario, mediante hogares de medio camino, casas tuteladas”. “Se ha conformado una voluntad política, una voluntad técnica de encontrar fórmulas que sean eficientes, sustentables a ese tipo de tratamientos, que hoy tienen otras alternativas, que no pasan por la hospitalización crónica”, opinó. El MSP visualiza las casas creadas en localidades aledañas a las colonias como una alternativa; Basso habló de “multiplicarlas para degravitar el peso del número de pacientes en las colonias”.
Comentó que la atención de estas problemáticas “termina siendo responsabilidad del sector público casi con exclusividad”. “Ése es un tema que queremos rever, porque parece razonable que en un SNIS, todas las instituciones, no solamente las públicas, sino también las privadas, se pongan a tiro con estas nuevas modalidades”, señaló.
En la Junta Nacional de Salud se está discutiendo el límite de 30 días de internación para los usuarios de las mutualistas: “Parece interesante poner una lupa para ver cómo es el proceso de atención y cómo se puede hacer más eficiente, incluso en la utilización de esos 30 días, y cómo después se puede hacer un seguimiento para darle seguridad, para que ese paciente que sale de una situación crítica tenga los controles y la medicación” que permitan evitar su reinternación, explicó Basso.
Consultado sobre si este modelo de atención es más económico que el asilar, respondió: “Estamos hablando de una política basada en derechos humanos y en la atención integral a la salud mental. El presupuesto tiene que ser acorde con esa política”. Parte del financiamiento podría surgir de dineros que los pacientes tienen en cuentas bancarias y que nunca llegan a utilizar.