El proyecto Radio Vilardevoz usa el término “desembarco” para denominar las fonoplateas que aterrizan fuera del hospital Vilardebó. El que hizo ayer en el anexo del Palacio Legislativo fue un verdadero desembarco, con un gran número de participantes y una muestra fotográfica con imágenes de Iván Franco, Alessandro Maradei y Alejandro Persichetti. Había sido largamente esperado. “Muy buenos y emocionantes días”, dijo Carolina Miguel, una de las integrantes de la radio, al inicio de la transmisión. Estaban allí para transmitirles a los legisladores sus opiniones sobre los lineamientos para una nueva ley de salud mental, que a fines de julio el Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó al Parlamento. Esos lineamientos son el resultado de un trabajo de tres meses que reunió a referentes de la academia, profesionales, usuarios, familiares, instituciones públicas y de derechos humanos. La ley que se está gestando sustituirá a las de 1936 y 1949; se apoya en el nuevo paradigma de atención a la salud mental, hace énfasis en la prevención y en la atención de las problemáticas a nivel comunitario -prevé el cierre de las colonias-, un abordaje integral -que asegure el derecho a la vivienda, al trabajo y a las actividades educativas y recreativas-, y la existencia de un órgano revisor que proteja los derechos de los usuarios.
Entre el público estaban Marcos Carámbula, presidente de la Comisión de Salud del Senado, Bertha Sanseverino, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Luis Enrique Gallo, presidente de la Comisión de Salud de Diputados, el diputado Óscar Andrade y su suplente Gerardo Núñez; todos ellos participaron después en la “mesa con legisladores”. Los oradores habían sido seleccionados por los lugares que ocupan, y en el caso de Andrade y Núñez, “por tener la camiseta puesta”. Todos los legisladores habían sido invitados a participar en la fonoplatea; otros seis diputados del Frente Amplio concurrieron en algún momento de la mañana, y no hubo ninguno de la oposición.
Los participantes de Vilardevoz transmitieron “Ocho razones para una nueva ley de salud mental en Uruguay”. Expresaron que los manicomios (incluyendo a las pensiones y casas de salud) “funcionan como depósitos para locos y pobres”. Rechazaron el “enfoque biologicista” actual y pidieron la participación activa de los usuarios junto a familiares y diferentes profesionales. Denunciaron que “en Uruguay el electroshock se sigue aplicando y se hace de forma indiscriminada, no con fundamentos terapéuticos, sino por cuestiones técnico-administrativas”, y, considerando los “efectos secundarios graves”, pidieron la eliminación de “terapéuticas violatorias de los derechos humanos, que en caso de ser aplicadas necesiten del control del órgano revisor”. Solicitaron políticas interinstitucionales que aseguren el acceso a la vivienda, el trabajo, la educación y la cultura, y que se facilite la inserción laboral mediante jornadas laborales flexibles y el fomento de experiencias de autogestión y cooperativismo. Pidieron una ley con “participación activa de los trabajadores” y que los usuarios sean tenidos en cuenta en el diseño de los procesos de atención y rehabilitación. Soñaron con que la ley “instruya otros modos de nombrar la locura” para derribar estigmas arcaicos.
También hicieron sus aportes referentes de organizaciones que participaron en la elaboración de los lineamientos. Hugo Achugar, ex director nacional de Cultura e integrante de Caminantes, recordó que lo que llegó al Parlamento “es un consenso” y que hay que seguir trabajando otros puntos. “Cuidado con los lobbies”, advirtió, y puntualizó que el tema “no tiene que estar en manos de un sector ni del otro” y que el centro no es defender “un trabajito” o “un título”.
La Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna transmitió cinco diferencias que tiene con los lineamientos. Plantean que debería utilizarse la denominación “personas usuarias del servicio de atención de salud mental” en lugar “del término discriminatorio y acotado ‘personas con trastornos mentales’”. Piden un cronograma de cierre de estructuras asilares; respecto de las hospitalizaciones y los tratamientos, entienden que los lineamientos siguen teniendo una visión “predominantemente judicializada y médica”. Solicitan que el órgano de revisión no esté dentro del MSP, que se lo dote de presupuesto, y que se incluya un artículo “que obligue a la producción de información pública” para monitorear las políticas de salud mental.
Tiempo y forma
Carámbula compartió que “desde la definición tenemos que abarcar no a la población de enfermos con problemas mentales, sino una visión desde la sociedad en su conjunto, y abordar esto como uno más de los derechos a conquistar”. Identificó “el hecho histórico” de que los lineamientos sean respaldados por diversos colectivos -incluyendo a usuarios-, y comentó que “los legisladores de todos los partidos tenemos que estar a la altura de este compromiso”. Dijo haber tomado nota de “los cinco puntos de disensos” señalados por la Asamblea Instituyente: “Se abre ahora una instancia de trabajo en 30 días para darle al proyecto la articulación correspondiente: ése es el tiempo para empezar a incorporar estas consideraciones, que a mi entender son de recibo”, expresó.
“Que éste sea el último período que estamos guiados por ley de la dictadura de [Gabriel] Terra”, deseó Andrade, que advirtió que la ley es sólo el principio. Núñez expresó que las tensiones planteadas “se deberán resolver a nivel parlamentario pero también en la lucha y en la calle”, y apoyó la prohibición del electroshock y que el órgano revisor esté fuera de la órbita del MSP.
Sanseverino transmitió: “Necesitamos la fortaleza de los argumentos que ustedes han invocado”. Para la discusión del proyecto se integrarán las comisiones de Salud, Derechos Humanos y Población y Desarrollo, explicó Gallo, que manifestó que el deseo es “que antes de fin de año podamos tener una ley de salud mental aprobada en el Parlamento”. Advirtió que la aplicación de la ley será gradual, así como el presupuesto que se le destinará, que irá incorporando “partidas específicas”, y señaló que las instituciones privadas de salud también deberán hacerse cargo de la atención, algo que hoy sólo hacen por 30 días.