El actual conflicto docente -incluyendo el decreto de esencialidad que firmó el lunes el gobierno para primaria, secundaria y UTU- involucra, entre alumnos y docentes, a más de 700.000 ciudadanos en todo el país. En Uruguay hay 2.363 escuelas y jardines de infantes públicos; 345 están en Montevideo y 2.018 en el interior. En sus distintas modalidades, asisten a la escuela pública uruguaya 356.091 niños y niñas. Además, hay unos 20.000 maestros, directores y docentes especializados en todo el país. También hay 289 liceos públicos que atienden a 227.858 alumnos. La UTU, en tanto, atiende a 80.000 alumnos y otros 5.000 estudiantes asisten a nodos comunitarios. Estas cifras son públicas, pueden verse en el sitio del Sistema Nacional de Educación Pública (http://www.snep.edu.uy/).
¿Para qué todos estos números? Porque éste es un tema, como decía al principio, que involucra a un número muy importante de uruguayos, y que amerita otras preguntas. ¿Cómo se llega a esta semana de paros, huelgas y ocupaciones durante todos los días lectivos? ¿Cuáles son los motivos que llevan a “desatar la ofensiva”?
¿Es porque se perdió salario en el último año o en los últimos diez años? ¿Es por el deterioro de las condiciones laborales? ¿Es que no hay ámbitos de negociación con los diferentes interlocutores del gobierno? ¿El gobierno no está dispuesto a cumplir con sus compromisos electorales? ¿Hay antecedentes de que los gobiernos del Frente Amplio (FA) no hayan cumplido con sus compromisos programáticos y electorales en materia de presupuesto?
La respuesta a todas esas preguntas es siempre negativa. No se deterioró el salario real docente sino que aumentó, en forma insuficiente aún, pero muy significativa. El FA ha cumplido con el aumento del presupuesto de Producto Interno Bruto (PIB) en el presupuesto para la educación, con un PIB que, además, ha aumentado enormemente desde 2005. El FA sobrecumplió sus compromisos con la ciudadanía: el porcentaje destinado a la enseñanza en 2014 fue de 4,8% del PIB, cuando el compromiso que había asumido era llegar a 4,5%.
Para el período 2015-2019, el compromiso del gobierno es llegar a 6% de un PIB que se estima que va a seguir creciendo. Esto último es importante; no olvidemos que nuestros vecinos, potencias económicas, como Brasil, están prácticamente en recesión, mientras que la economía uruguaya seguiría creciendo y, por lo tanto, también, los recursos que se destinarán al presupuesto educativo.
En definitiva, más allá de la legítima reivindicación del cuerpo docente por mejores salarios y condiciones laborales y educativas, hay otros factores que pueden explicar los motivos de esta paralización casi total de clases, y que no siempre son tenidos en cuenta.
Desde hace varios años, las direcciones de los gremios de la enseñanza y sectores partidarios -algunos de ellos del FA- intentan confrontar con el gobierno que asumió en marzo de 2005, pero fundamentalmente apuestan a disputar y poner en tela de juicio su política económica; curiosamente, la misma política económica que ha permitido cumplir con todos los compromisos asumidos. Los compromisos de gobierno que votó la ciudadanía en octubre de 2014 están avalados por los antecedentes en las políticas que se han aplicado desde 2005 hasta la fecha; sin embargo, hay representantes del FA que, en lugar de defender el programa votado y las vías de cumplimiento, desde que asumió la administración del presidente Tabaré Vázquez se han dedicado a exacerbar, de una u otra forma, todos los reclamos de los gremios docentes.
No se hacen propuestas alternativas, no se ofrecen diagnósticos elaborados que justifiquen la rectificación del rumbo económico: sólo se proclama, a diario y horario, que es necesario avanzar y que no hay que detener el proceso de cambios, propuestas que, de tan infantiles, asustan.
¿Dónde está escrito que siempre es posible avanzar? ¿Nadie piensa considerar que, en determinadas circunstancias, avanzar implica también no apostar por políticas aventureras? ¿Cuál es la ley que dice que el retroceso no es posible a pesar de todos los esfuerzos que se hagan en un sentido contrario? Las necesidades de la comunidad docente no pueden ser el terreno que eligen los frenteamplistas para disputar la política económica. Entre otras cosas, porque el FA ha sobrecumplido con las metas de presupuesto.
En este contexto, las referencias que han hecho algunos representantes frenteamplistas al término “motosierra” -para hablar de la postura del gobierno- no corresponden. Son apreciaciones injustas y equivocadas: en nuestro país “motosierra” tiene una sola acepción posible. No hay que confundirse.
La dignificación de los docentes y su jerarquización son condiciones imprescindibles para la revolución educativa que necesita el Uruguay del siglo XXI para convertirse en un país desarrollado. Lo alcanzado hasta ahora en la materia, aún insuficiente, es muchísimo. Y fue posible en base al esfuerzo de toda la sociedad. La que trabaja, produce, invierte y crea las condiciones para generar más riqueza y distribuirla equitativamente entre todos los uruguayos.
La necesidad de una transformación educativa radical -que incluye en forma principal el mejoramiento sustancial de la profesión docente- es una de las condiciones principales para seguir adelante con el proceso de cambios. El proyecto de nación para el siglo XXI tiene un desafío enorme en materia de cambios educativos.