“El problema es mucho más que económico”, estableció desde un principio el investigador Andrés Rius, coordinador de una publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre las oportunidades y riesgos que traen las grandes inversiones al país. Desde la perspectiva de un desarrollo humano sustentable, se concluye que los proyectos que se han llevado a cabo en la última década “carecen de un marco estratégico e institucionalidad” necesarios para una gestión ambiental que “asegure el principio de equidad entre las generaciones actuales y las futuras”. “Poco a poco, el Estado debería ir dejando atrás la dependencia y aumentar los niveles de cautela”, concluyó Carlos Bianchi, otro participante del análisis.
Para la publicación, en la que participaron varios investigadores del Instituto de Economía (Iecon) de la Universidad de la República, se consideraron grandes inversiones los proyectos que implicaron más de 80 millones de dólares y que fueron realizados en el país después de 2005. Teniendo en cuenta la idiosincrasia de Uruguay, los efectos de éstas estarán altamente condicionados por la calidad de las políticas que las encuadran, la capacidad del Estado para efectivizarlas y el respaldo del espectro político que pueda dar señales de estabilidad.
Según Bianchi, “excesos de expresividad y efusividad” del sistema político con respecto a un determinado proyecto “generan a la empresa que se está instalando en el país un poder político” que durante la negociación inclina la balanza a su favor. “Como pasó con Aratirí, que la empresa le ponía plazos al gobierno”, ejemplificó, junto a otros casos como el del puerto de aguas profundas y las plantas de celulosa. Algo parecido sucede cuando las grandes inversiones han estado precedidas por un acuerdo entre el país de origen y Uruguay, como el caso de Philip Morris. “No han generado problemas monumentales, pero tienen riesgos”, opinó Rius.
Pero no todo implica riesgos; las grandes inversiones pueden ser positivas pero “requieren cautela” y en esto “las políticas públicas son claves”, sostuvo Ruis. Algunas necesidades que se perciben son la generación de “restricciones realmente limitantes a acuerdos internacionales” y la “inserción institucional” de una política ambiental, al igual que un “debate político” que la fortalezca. También en este punto, los investigadores consideran “preocupante” que se mantengan las cláusulas de confidencialidad una vez firmados los contratos entre inversores y gobierno: “Parecería que contemplan demasiado las preocupaciones de los privados y descuidan relativamente las de la ciudadanía”, la cual, estiman, debería ser “participante de la discusión”, pero para eso “necesita información”.
Tomando el presupuesto de las agencias regulatorias -en Uruguay, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)- como expresión de su prioridad para los gobernantes, Bianchi concluye que la preocupación desde el gobierno viene en aumento. “A partir de 2005, el gasto correspondiente a la Dinama crece más que el PIB [Producto Interno Bruto], pero hasta 2011 no recupera el terreno perdido respecto de 1999”. Como porcentaje del gasto público total pasó de casi 0,09% del PIB en 2005 a más de 0,14% en 2014.
Desde la perspectiva contemplada, las grandes inversiones “no son necesariamente una bendición ni una maldición”. Al día de hoy, los autores consideran que el país va “dejando atrás el período de ‘hambruna’ de inversiones” y, por ende, debería modificarse la posición del gobierno ante las oportunidades de negociación. “Uruguay no rechazó nunca una gran inversión, pero es hora de reducir los niveles de dependencia y aumentar los de cautela”, consideró Bianchi. Por su parte, Rius acotó que “un país que sale corriendo detrás de los inversores y les da todo lo que piden no parece estar preparado para hacer las mejores negociaciones”.