Mientras los funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) siguen desfilando por el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, a raíz de los hechos ocurridos en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili), el grupo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, una organización aliada del PIT-CNT en las causas de derechos humanos relacionadas con el pasado reciente, emitió un comunicado en la que cuestiona la actitud del Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. “La difusión de un video sobre la brutalidad con que son tratados los jóvenes en el Ceprili nos hace participar de lo que es su cotidianidad. Esta vez lo vimos, pero esto ocurre desde siempre”. El texto destaca que muchos de quienes dignamente trabajan con estos jóvenes infractores han denunciado las situaciones de violencia, al igual que las familias y los propios jóvenes, pero que “son voces que los gobiernos y la sociedad no escuchan, los jueces minimizan por falta de pruebas”. El comunicado sostiene que los partidos políticos, jueces, sindicatos y organizaciones deben demostrar su indignación y aprovechar para modificar la situación de los adolescentes infractores. De lo contrario, estarán “defraudando su integridad”. Sostiene que “es triste y lamentable que los representantes de los trabajadores que aparecen en ese video, no parecen sentir vergüenza alguna por sus repudiables actos”. El comunicado afirma que se trata de una “patota sindicalizada” que “abusó de los menores” y que merece “no sólo el peso de la justicia, sino también la condena social y política de todos quienes se precien de respetar y hacer respetar los derechos de las personas”.
Otra que disparó contra los hechos, y particularmente contra el presidente del gremio y vicepresidente del PIT-CNT, Joselo López, fue la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que en una columna publicada ayer en el semanario Voces dijo que lo ocurrido genera “indignación” por el uso de la “fuerza bruta” contra jóvenes. La ministra dijo que “no debe haber matones trabajando en el Estado”. Luego sostuvo que quienes “sólo saben hacerse respetar por el uso de la fuerza deben reeducarse, pero no prestar funciones en el Estado”. A pesar de que dijo que no participa en el “linchamiento mediático de nadie”, este caso, interpretó, “pasó los límites y para las mafias rompió los códigos”. En alusión a López, sostuvo: “Creo que este hombre, que miraba lo que justificó como dentro de las pautas, y los que usan y abusan de la fuerza bruta, no son capaces de la tarea que realizan y menos de ser sindicalistas”. Finalmente, concluyó que el país “no tiene espacio entre sus filas de constructores de una cultura de paz, para dirigentes de este tipo”. Consultada por Subrayado sobre si esto significaba que el funcionario del INAU debía ser destituido, la ministra dijo anoche que “por supuesto”.
Ayer declararon otros cinco funcionarios del Sirpa, del total de 36 citados, y las declaraciones seguirán hoy y el lunes. Uno de los que declararon ayer fue Joselo López.