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Kevin Royk, performer, en la actividad “Afrodescendientes y derecho a la salud”, el viernes en el teatro Solís. Foto: Juan Manuel Ramos

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Población afrodescendiente reclama que enfermedades de prevalencia étnico-racial sean consideradas en el sistema de salud.

La palabra “quilombo”, de etimología africana, se usa normalmente para referirse al desorden, quizá entendiendo que un espacio de libertad (su verdadero significado) conduce, en la puesta en común de ideas, a cierto caos. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dio el nombre de Quilombo a un encuentro anual cuya cuarta edición, que tuvo lugar el viernes, se centró en los afrodescendientes y los derechos a la salud; 58% de ellos se atiende en servicios de la salud públic. Se reclamó al Estado atender la discriminación del médico al paciente, se convocó a los profesionales a trabajar con la comunidad y a incluir la prevalencia étnico-racial en ciertas enfermedades.

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Editar

Un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República afirma que “la salud no aparece destacada como un ámbito en el que se padezcan actos de discriminación”, con la salvedad de que se entiende ésta como un acto violento y no se consideran en esos términos “la falta de acceso a la atención y la inexistencia de planes y programas específicos para la población”. Precisamente de eso se habló en el Quilombo organizado por el Mides.

La representante del departamento de Mujeres Afrodescendientes del Mides, Alicia Esquivel, invitada al Quilombo en calidad de pediatra y médica homeópata, se refirió a una de las discriminaciones encubiertas: no considerar la prevalencia de la raza negra en ciertas enfermedades en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Un ejemplo: la anemia falciforme.De patología genética, incurable y con alta morbimortalidad, la enfermedad tiene una prevalencia promedio de 1 cada 380 afrodescendientes nacidos vivos en América; sin embargo, no es una de las dolencias que se testean en la pesquisa neonatal, algo que los convocados juzgan una “falta”, además de advertir que su inclusión no generaría gastos extras.

Mariela Solari, directora de Uruguay Crece Contigo, también lo ve como una carencia. Apuntó que, junto con la temprana edad del embarazo y el consumo de tabaco, se trata de una de las problemáticas “más preocupantes” entre los participantes en el programa. La coordinadora de la Unidad Temática Municipal por los Derechos de los Afrodescendientes de la IM, Beatriz Santos, apoyó la demanda y reclamó “promover y profundizar” la investigación sobre enfermedades con prevalencia étnica junto con la realización de protocolos de difusión ciudadana.

Una publicación del Ministerio de Salud Pública (MSP), el informe Sistema de vigilancia de la equidad en salud, incluye en su edición más reciente, de 2014, por primera vez, la variable étnico-racial, aunque sólo la relaciona con el consumo de tabaco, cuya tendencia es mayor en varones negros.

Naturalmente, hay más relaciones. Una de ellas es el bajo peso al nacer, que indica una brecha de casi dos puntos porcentuales entre madres blancas y de otros orígenes étnicos. El documento base de discusión preparado por el Mides para el evento observa que el MSP “no profundiza mucho” en las variables étnico-raciales y “se concentra en otras, como la distribución territorial, el contexto socioeconómico, el género (hombres-mujeres), el nivel educativo y de ingresos”.

Sobre el resguardo estatal

Del censo de 2011 se desprende que los afrodescendientes son la minoría étnica más grande del país (8,1%), y su población alcanza los mayores porcentajes en Artigas (17,1%), Rivera (17,3%), Cerro Largo (10,9), Salto (9,9%), Tacuarembó (9,9%) y Montevideo (9%). En la capital la población afrodescendiente es menor a 5% en barrios en los que reside la población de ingresos medios y altos, y aumenta a 20% en los barrios de la periferia.

La distribución territorial tiene incidencia debido a que la amplia mayoría de los afrodescendientes se atiende en servicios de salud pública y se concentra, precisamente, en los departamentos donde éstos tienen menor cobertura. Aquí se encuentra una “primera limitación del acceso”, observa una publicación del Mides.

46% de los afrodescendientes se atiende en dependencias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), porcentaje que desciende a 28,3% en el resto de la población, y su representación aumenta a 58% al considerar las policlínicas, el Banco de Previsión Social (BPS) y los hospitales Policial y Militar.

Javier Díaz, de la Asociación Cultural y Social Uruguay Negro, considera que la predominancia de la atención en salud pública entre la población afrodescendiente responde a las condiciones de informalidad en las que trabaja la mayoría, que no le permiten “estar al resguardo del BPS”. El director de la institución, Ramón Ruiz, lo reconoció y se mostró dispuesto a realizar una “transversalidad aplicada a la variable etnia” entre los usuarios, para analizar específicamente el problema.

Al referirse a la discriminación, Ruiz dijo que ésta obedece a “un desconocimiento” de los usuarios respecto de sus derechos. Si bien en ese caso no se había recogido la variable étnico-racial, esto también surgía de los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios con los Servicios del Primer Nivel de Atención del MSP de 2010, que sostenía que “el desconocimiento de derechos y obligaciones entre los usuarios es significativa”. Por su parte, la representante de usuarios en la Junta Nacional de Salud, Lilián Rodríguez, consideró que el “descontento” de la población afro no escapa al del resto de los usuarios de la salud pública.

De visita

Otro reclamo de la población negra refiere a la relación médico-paciente, en la que se percibe una “modalidad autoritaria” del primero respecto del segundo. En este punto, Rodríguez también unió las demandas afro a la del resto: “Eso lo padecemos todos”. “Acá lo que se juega es la lucha de clases”, opinó. Y agregó: “Todas las minorías y la gente que vive en contextos vulnerables tiene que enfrentarse con estos retos”.

Daniel Márquez, adjunto a la presidencia de ASSE, consideró que es necesario que “los equipos aprendan en conjunto con la población, fuera del ámbito hospitalario”, “como visitantes en vez de locatarios”.

Solari fue por la misma línea: señaló la necesidad de apostar al trabajo comunitario para “cambiar los aspectos culturales e ideológicos que reproducen las inequidades”.

El director nacional de Promoción Cultural del Mides, Federico Graña, reconoció que “no existe una normativa vigente que nos permita generar una instancia de coordinación con la población afro”, de manera de “generar visibilidad del tema”. Desde su perspectiva, “es central que la sociedad toda asuma el problema de racismo -hasta el día de hoy claramente no lo ha asumido-, y mientras no lo haga, es difícil que se pueda avanzar”. En ese sentido, apostó al Diálogo Social que comenzará en setiembre, a la creación de un Consejo Nacional de Etnicidad Racial y a la designación de julio como el Mes de la Etnicidad Racial a partir del año que viene, como disparadores para que se dé “el salto cualitativo”.

Durante el espacio abierto para que los convocados tomaran la palabra, varios consideraron la riqueza del intercambio. También hubo quienes criticaron, por ejemplo, la “nula referencia” de las exposiciones a las políticas específicas y apelaron a una “mayor acción” desde el Estado, sin “tanta consulta” previa.

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