La oposición pidió ayer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda desglosar varios artículos incluidos en el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal que modifican el Código General del Proceso. El proyecto del gobierno establece en su artículo 604 varias modificaciones en este código acerca de la forma en la que el Ministerio Público interviene en los procesos judiciales.
“Se restringe y se reduce la intervención en los procesos civiles que se enumeran allí [intereses difusos, nulidad del matrimonio, limitación o suspensión de la patria potestad y nombramiento de tutor]. El Ministerio deja de intervenir en situaciones que hoy interviene, como divorcios y pensiones alimenticias”, explicó el diputado colorado Ope Pasquet, que participó en la comisión específicamente para estudiar los artículos referentes a la Fiscalía General de la Nación. En principio, el legislador se mostró de acuerdo con la propuesta, aunque señaló que para tomar este tipo de decisiones es necesario “haber estudiado y hacer las debidas consultas”. La oposición pidió, por tanto, desglosar estas modificaciones y enviarlas a la Comisión de Constitución y Códigos para “estudiarlas debidamente”.
La bancada oficialista se limitó a tomar nota de la situación. Los diputados frenteamplistas no están dispuestos a desglosar los artículos de la Ley de Presupuesto, que en principio serían votados tal como fueron enviados por el Poder Ejecutivo.
Pasquet también cuestionó que mientras que el articulado favorece institucional y económicamente a la Fiscalía General de la Nación, “en la otra parte del proceso, la defensa del imputado, dado que en más de 90% de los casos se acude a defensores públicos, no hay recursos, porque para el Poder Judicial no hay ningún peso”. La defensa pública, que ya es débil, sostuvo, “se debilitará aun más y se creará un desequilibrio fenomenal”.
El martes de mañana legisladores del Frente Amplio (FA) comenzaron a proponer temas para modificaciones al proyecto de ley, aunque en esa oportunidad no se hizo ninguna mención al Poder Judicial. El artículo 677 es visto en la bancada como una herramienta para enfrentar un eventual fallo judicial favorable a los magistrados y funcionarios judiciales por el reclamo salarial que mantienen con el gobierno. El artículo establece que las sentencias de condena que obliguen al pago de una “cantidad líquida y exigible derivada de reclamaciones de salarios” y diferencias retributivas deberán ser proyectadas en las próximas instancias presupuestales, y efectivizadas después de éstas.
Pero este artículo también será discutido por el oficialismo. La norma no sólo fue cuestionada por algunos legisladores de la oposición, como el diputado colorado Conrado Rodríguez, sino que también despierta dudas en parlamentarios del FA. La posibilidad de que este desfasaje en el pago se aplique ante cualquier persona que le gane un juicio al Estado es considerada por algunos legisladores una medida polémica.
Otro de los puntos que la bancada del FA analizará el viernes será la ausencia de recursos designados para llevar adelante lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que generó preocupación en varios sectores del oficialismo. Si bien el presidente Tabaré Vázquez dejó en suspenso la reglamentación de la norma hasta que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dirima la constitucionalidad de algunos de sus artículos, varios legisladores oficialistas consideran pertinente asignar recursos para poner en funcionamiento el Consejo de Comunicación Audiovisual, el organismo encargado de velar por la ejecución y la aplicación de la norma. “Más allá de lo que diga la SCJ, la ley estará vigente. Reservemos algún dinero para empezar a ejecutar parte de esta ley”, dijo el diputado frenteamplista José Querejeta (Lista 711).
Más presupuesto
Ayer la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, pidió que no se voten los artículos 322 y 323 del presupuesto, que modifican las tasas que percibe la Dirección de Propiedad Industrial de la cartera por sus actuaciones.
En tanto, la exposición del ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, fue vista con buenos ojos por algunos legisladores de la oposición. El diputado nacionalista Gustavo Penadés destacó el “enfoque profesional” del canciller y se congratuló de la transformación de los cinco cargos de embajadores itinerantes, creados por el gobierno de José Mujica, a embajadores del servicio exterior. El legislador destacó las diferencias en materia de política exterior de este gobierno con el anterior, “basadas en el pragmatismo y no en supuestas afinidades ideológico-políticas que en nada benefician al país”. Los blancos también destacaron la decisión de la cartera de reducir el número de embajadores políticos que tiene el país; de 20 que tuvo el gobierno anterior, se pasó a 12. Nin evalúa topear la cantidad de embajadores políticos en entre diez y 15, de las 57 embajadas que tiene el país, mediante el Estatuto del Servicio Exterior. Sin embargo, ayer no proporcionó un número final.