El proyecto de presupuesto quinquenal enviado en la noche del lunes al Parlamento faculta al Poder Ejecutivo a flexibilizar las exigencias para la radicación de las personas inmigrantes “cuando las circunstancias así lo requieran, considerando muy particularmente a aquellas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, en atención a las políticas migratorias imperantes”.
También crea, en el ámbito del Ministerio del Interior, la Dirección de Apoyo al Liberado, con el objetivo de diseñar las políticas públicas “en materia de apoyo a la reinserción social de personas que egresan del sistema penitenciario”. El mismo artículo suprime el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y le transfiere sus recursos a la nueva dirección, para la que se crea un cargo de director. La cartera también estará habilitada a “bloquear” el ingreso de llamadas provenientes de servicios telefónicos u otros medios de comunicación al servicio de emergencia 911 “cuando existan registros debidamente documentados que acrediten el uso irregular de las referidas comunicaciones en forma reiterada”, definida como “más de tres comunicaciones en el mes”.
El ministerio también deberá presentar al Poder Ejecutivo un “cronograma de actividades” para la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación en un servicio descentralizado, y se incorporará la Dirección Nacional de Policía Caminera a la Guardia Republicana.
En el inciso del Ministerio de Economía y Finanzas se establece que 50% de lo recaudado por IVA en los juegos de pronósticos deportivos organizados por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se destinará a la Asociación Uruguaya de Fútbol, con el objetivo de financiar “infraestructura deportiva para las divisiones formativas de los clubes afiliados”.
En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se crea una Dirección General de Bioseguridad, con el objetivo de “coordinar las políticas en materia de bioseguridad y organismos genéticamente modificados y sistemas de control zoosanitarios”, entre otras funciones. Esta dirección deberá “diseñar protocolos de evaluación de riesgo” para el ambiente, la salud humana, animal y vegetal, y evitar que se introduzcan en el territorio nacional, “en contravención a las actuales disposiciones sanitarias y fitosanitarias”.
En los artículos referidos al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se le da mayor independencia a la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales de esta cartera. En marzo, el gobierno envió un proyecto para convertir esta dirección en un servicio descentralizado que se comunicaba con el Parlamento por intermedio de Presidencia, pero el Partido Nacional se negó a votarlo porque carecía de contralor parlamentario. Por eso, el presupuesto incluye esta oficina como un órgano desconcentrado del MEC.
En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se crean los cargos de confianza de subdirector nacional de Trabajo y subdirector nacional de Empleo. El Instituto Nacional de Alimentación, hasta ahora dependiente de esta cartera, pasa al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), según el artículo 492 del presupuesto. En tanto, el programa Uruguay Crece Contigo, que hasta ahora depende de Presidencia, también quedará bajo la órbita del Mides. Además, esta cartera incorporará los bienes, derechos y obligaciones del Instituto Nacional de Ciegos, que se disolverá y se integrará al Programa Nacional de Discapacidad del Mides. En este ministerio también se convertirá el cargo de director de Información, Evaluación y Monitoreo en el de director de Evaluación de Programas, y el de director nacional de Promoción Socio-cultural en director de Coordinación Interdireccional.
En otro orden, el proyecto establece que las empresas concesionarias de transporte colectivo de pasajeros deberán presentar anualmente la certificación profesional de sus estados contables a la Dirección de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La cartera podrá dar apoyo a empresas de transporte que se encuentren en proceso de “reor- denamiento interno” financiero, adelantando hasta 80% de los subsidios del mes anterior.
En el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se creará el cargo de particular confianza de director de Cambio Climático, que se financiará con vacantes de la Dirección General de Secretaría de esa cartera. El ministerio, que debía elaborar un informe sobre la situación ambiental nacional cada año, ahora deberá hacerlo cada tres años, porque el artículo 483 cambió la periodicidad de éste.
La Universidad Tecnológica deberá esperar dos años para integrar definitivamente su Consejo Directivo Central, lo que supone la convocatoria a elecciones de rector y de los miembros del orden docente y estudiantil. Así lo establece el artículo 568, que prorroga esta instancia por 24 meses.
El presupuesto incluye, por primera vez, recursos para el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. El organismo que fiscalizará la implementación de la ley de marihuana recibirá una partida anual de más de 500.000 dólares.