El semanario Búsqueda informó ayer que las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) firmaron una circular el 24 de agosto en la que establecían que “todo el personal del sistema, sin excepciones y por razones de servicio”, no podría hacer uso de licencia a partir de esa fecha. La presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, explicó a la diaria que la medida se tomó “en una situación de emergencia, dada la abrumadora cantidad de certificaciones médicas” en esa fecha. El 21 de agosto la Justicia procesó a 26 funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por torturas. En los dos días posteriores hubo 30 certificaciones médicas. Fulco aclaró que la medida se tomó sólo por una semana, hasta que los funcionarios empezaron a reintegrarse y la situación volvió a la normalidad. “Esto nos obliga a hacer inspecciones domiciliarias, porque da la casualidad de que en dos días con hechos graves la gente desaparece”, comentó Fulco.
Ayer el Sindicato Único del INAU (SUINAU) se quejó en su página en Facebook de que Fulco corte “la licencia de los funcionarios, que no sólo se la merecen, sino que es un derecho irrenunciable”, en momentos en que el Sirpa está “sumido en una de las peores crisis de su historia, cuando nuevamente los motines, las fugas y el caos se han instalado en el sistema”.
En tanto, ayer Subrayado informó que la Justicia del Crimen Organizado investiga una denuncia contra los directorios anteriores del INAU y del Sirpa, así como contra el SUINAU, por presuntas irregularidades en la contratación de personal y en la ejecución de obras edilicias -se sostiene, por ejemplo, que el adjudicatario de compras directas por 20 millones de dólares tiene un vínculo de amistad con el ex presidente del Sirpa Ruben Villaverde-. El denunciante, del que el medio no proporcionó datos, solicita que se investigue el ingreso de todos los funcionarios desde abril de 2012, fecha en la que asumió Villaverde, y que analice cómo y quiénes integraron los tribunales de selección de funcionarios, el parentesco entre los concursantes y los miembros de esos tribunales, y si se respetó la prohibición de ingresos en año electoral -el denunciante sostiene que en 2014 ingresaron 1.200 funcionarios al INAU y 400 al Sirpa-. También pide que se explique cómo ingresaron al Sirpa y dónde trabajan la esposa y los dos hijos del presidente del SUINAU, Joselo López.