La Corte Suprema chilena condenó a 15 militares y policías por el secuestro calificado de los uruguayos Nelsa Gadea y Julio César Fernández, militantes de izquierda que estaban en Chile y desaparecieron en ese país. Nelsa era de Paysandú, estudiaba derecho y en 1971 viajó a Chile para trabajar en el gobierno de Salvador Allende. Era militante del Partido Obrero Revolucionario y la dictadura la incluyó en las listas negras. Fue detenida en diciembre de 1973 y fue vista por última vez en el centro clandestino de detención conocido como Tejas Verdes, el Regimiento Escuela de Ingenieros Militares en Santo Domingo. Tenía 30 años. Julio era de Montevideo, empleado textil e integró el Movimiento de Liberación Nacional. En 1972 viajó a Chile y se vinculó con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El 11 de setiembre de 1973 fue detenido y llevado también a Tejas Verdes. Otros dos presos dijeron que le habían dado un mapa para planificar la fuga del lugar, pero fue descubierto por los militares, que, según la información de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, una noche lo sacaron del centro. Tenía 24 años y desde entonces no se supo más de él.
La sentencia es contra los militares y policías Valentín del Carmen Escobedo Azua, Raúl Pablo Quintana Salazar, Vittorio Orvieto Tiplizky, Ramón Acuña Acuña, Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, Klaudio Erich Kosiel Hornig, Ramón Luis Carriel Espinoza, Fernando Armando Cerda Vargas, Rodolfo Toribio Vargas Contreras, Nelson Patricio Valdés Cornejo, el ex jefe de la policía secreta ya fallecido Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y los también fallecidos David Adolfo Miranda Monardes y Jorge Rosendo Núñez Magallanes. El fallo, que es definitivo y por lo tanto inapelable, establece prisión por cinco años para todos los condenados, como autores y coautores de ambas desapariciones forzadas. De todas formas, se les concedió el beneficio de la libertad vigilada, por lo que no irán a prisión.