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La campaña electoral de 2014 tuvo una característica: a diferencia de lo sucedido en períodos anteriores, la educación y su eventual reforma se constituyeron en temas centrales. En el marco de esa discusión, se volvió a insistir con la idea de aumentar el financiamiento público de la educación privada, mediante un sistema de vouchers. La propuesta fue defendida por algunos de los candidatos de la oposición y hasta por el propio Tabaré Vázquez, que luego se desdijo en el marco de la campaña electoral.

Bajo este sistema, en vez de destinar más recursos a la educación pública, el Estado les entregaría a los hogares uruguayos con niños en edad escolar o liceal un voucher con el que podrían pagar toda o parte de la cuota de un colegio privado.

Esta propuesta, planteada en Uruguay y en otros países por sectores conservadores, parte de la idea de que el sistema educativo público ha fracasado. Los malos resultados no se originarían en un presupuesto insuficiente ni en el contexto socioeconómico de los estudiantes. El problema radicaría en que la estabilidad laboral y el poder de los sindicatos docentes favorecerían la permanencia en el cargo de malos docentes, a la vez que no generaría incentivos para esforzarse a los docentes que son potencialmente buenos. En este contexto, la única solución para la sociedad, particularmente para aquellos menos favorecidos, sería irse de las escuelas públicas hacia escuelas de gestión privada con financiamiento público.

Sin embargo, una versión modificada del sistema de vouchers también ha sido defendida desde puntos de vista de izquierda, como un instrumento que permitiría seguir objetivos igualitaristas (lo plantean Bowles y Gintis en el libro Recasting Egalitarianism, de 1998). En la variante de Bowles y Gintis, las escuelas (tanto públicas como privadas) se financiarían exclusivamente mediante los vouchers. En este caso, no podrían cobrarles a los padres una sobrecuota por encima del voucher. El efecto práctico sería que las escuelas recibirían un presupuesto proporcional a la cantidad de estudiantes inscriptos.

En todos los sistemas de vouchers, los padres pueden elegir a qué escuela o liceo van sus hijos. El efecto buscado mediante esta libertad de elección es que quienes dirigen los centros educativos tendrían un mayor incentivo para incorporar las preferencias de los padres sobre la educación de sus hijos, ya que de este modo atraerían más estudiantes y tendrían un presupuesto mayor. Este sistema se podría combinar con la implementación de incentivos para que las escuelas tengan una composición estudiantil diversa. El Estado podría hacer valer más los vouchers si entre los estudiantes del centro educativo se mezclan personas de diferentes razas, poder adquisitivo, etcétera, evitando de esa manera la generación de problemas de segregación.

Más allá de cuál sería la versión en la que se esté pensando, no está para nada claro que con los sistemas de vouchers se consigan mejores resultados que con el sistema de educación pública o que la libre elección de escuela lleve a mejores resultados (ver la nota que publicaron Gioia de Melo y Natalia Nollenberger en Razones y Personas el 29/08/14).

Cualquier iniciativa de reforma del sistema educativo probablemente enfrentará importantes dificultades. Sin embargo, los últimos acontecimientos en el marco de la discusión presupuestal en Uruguay y su creciente conflictividad llevan a especular con un escenario futuro bloqueado, sin acuerdo entre gobierno y sindicatos, y sin que ninguna de las partes logre hacer prevalecer sus puntos de vista. En este escenario, el resultado sería que la educación pública uruguaya siga más o menos como hasta ahora.

En este contexto, no sería de extrañar que vuelva a cobrar fuerza la tentación de jopearse al sistema de educación pública. Si bien la educación de gestión privada con financiamiento público no formó parte del programa electoral del Frente Amplio (FA), hay que recordar que su gobierno sí promovió su expansión (ver nota de Guillermo Alves en Razones y Personas del 01/05/14). Durante el anterior gobierno del FA se incrementó al doble el tope de exoneraciones fiscales a las empresas que hagan donaciones a instituciones educativas de gestión privada. Se trata de un mecanismo introducido en el primer gobierno del FA mediante el cual las empresas reducen su carga fiscal mediante donaciones.

Evaluando los diferentes sistemas de financiamiento público de escuelas de gestión privada, la opción que ha implementado el gobierno del FA es probablemente la peor. Al menos en los sistemas de vouchers, todos los hogares con niños pueden decidir a qué instituciones van los fondos públicos. Y esa decisión es además democrática, en el sentido de que todos estos hogares tienen el mismo poder de decisión (todos tienen un solo voucher por niño). En cambio, mediante la exoneración de impuestos a las empresas que hacen donaciones, ese poder de decisión está concentrado en los hogares de mayores ingresos, aquellos hogares que poseen las empresas que están en condiciones de utilizar estos mecanismos de exoneración impositiva. Sólo ellos pueden decidir a dónde van los recursos públicos del Estado uruguayo.

Una versión anterior de esta nota apareció en Razones y personas.

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