Hace un mes el Ministerio de Salud Pública (MSP) fue notificado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la anulación de siete de los 42 artículos de la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Lo hizo a partir de un recurso interpuesto por 20 ginecólogos, que en realidad pedían anular bastantes más artículos, pero lo que lograron ya es suficiente como para obstaculizar su aplicación y forzar al MSP a reorganizar los servicios de salud. Contra la voluntad de los ginecólogos que presentaron el recurso, el TCA dejó firme la decisión de que los profesionales que hagan objeción de conciencia la presenten por escrito.
No bien conoció el fallo, el MSP pidió a las direcciones técnicas de instituciones públicas y privadas que eleven la nómina de médicos objetores; en una semana vence ese plazo, pero Cristina Lustemberg, subsecretaria del MSP, adelantó ayer que de los 214 ginecólogos que se notificaron, 86 declararon objeción de conciencia (40%). La jerarca citó un relevamiento de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) que ha detectado departamentos y localidades con 100% de ginecólogos objetores. Dijo también que en esa situación están también algunas policlínicas públicas de Montevideo, y aseguró que se procederá a la complementación de servicios públicos y privados para garantizar el derecho de las mujeres de acceder a la IVE.
Lustemberg habló en la presentación de un coloquio titulado “Práctica profesional y objeción de conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo”, organizado por el Instituto de Psicología de la Salud de la Universidad de la República (Udelar) con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Quienes expusieron fueron Alejandra López, docente del Instituto; la abogada Mariana Malet, de la Facultad de Derecho de la Udelar; Baltasar Aguilar, integrante del Comité de Ética del Colegio Médico del Uruguay (CMU); Lilián Abracinskas, directora de MYSU; y Hugo Rodríguez, docente del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina y prorrector de Extensión de la Udelar.
Malet reseñó que la objeción de conciencia nació para evadir el servicio militar obligatorio y que está asociada con una minoría marginada y que no produce daños directos a otra persona. En cambio, dijo que en este caso es aplicada por “profesionales de la medicina con el monopolio de la IVE” y que dañan a terceros: colectivo de mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica. La abogada consideró que mediante el recurso los ginecólogos no se concentraron en la defensa del derecho a la objeción, que calificó como la protección de “un derecho de interés personal o legítimo”, sino que se inmiscuyeron en cuándo y cómo se conformaban los equipos técnicos, desde cuándo debían correr los cinco días de reflexión, o a interpretar el silencio de la mujer respecto del progenitor. Citó el Código de Ética Médica, que les impone el deber de derivar a la paciente a otro médico si no están dispuestos a realizar un aborto. “Estamos cerca de la omisión de la asistencia médica”, subrayó.
Aguilar planteó que el CMU emitió una declaración en enero de 2013 sobre la objeción de conciencia en la que se subrayó que “no es un derecho absoluto sino que encuentra sus limitaciones toda vez que pueda vulnerar los derechos de otras personas”, y acotó, a título personal, que “la paciente tiene el derecho de llevar adelante su decisión y el sistema tiene la obligación de asegurárselo”. Defendió que haya una lista de objetores y que cada profesional tenga que argumentar sus motivos.
Abracinskas dio cuenta de los relevamientos de MYSU, que identificaron, además de la situación de Salto, que en departamentos como Paysandú y Soriano 80% de los profesionales son objetores, así como 100% en Mercedes y Young, y que sólo un profesional de Rivera no es objetor. “Esta acción se ha convertido en un medio para desbaratar lo que se logró aprobar democráticamente”, lamentó. Justificó además que al ser entrevistados, muchos de esos profesionales comentaron que durante su formación universitaria no los habían preparado “para escuchar ni asesorar ni conversar con mujeres”, lo que les correspondía a parteras o médicos de familia; que en el tiempo que les insumía realizar abortos se perdían de hacer “laparoscopías, cesáreas y partos, cosa que es paga”, no como el IVE. Abracinskas pidió que haya un tribunal donde los objetores fundamenten su decisión y pidió que el sistema público de salud contrate ginecólogos bajo la condición de que no sean objetores. Cuestionó, además, que se esté nombrando como directores y subdirectores de hospitales públicos del interior del país a ginecólogos objetores.
Rodríguez defendió el derecho a la objeción de conciencia pero dijo que una creación “para que la mayorías no aplasten a las minorías no puede transformarse, de hecho, en que las minorías aplasten a las mayorías”. Dijo que “es una decisión personal” que “no puede obstaculizar el cumplimiento de la ley, si no se está pasando a la desobediencia civil”, aseguró. Alegó que hay “verdaderos objetores de conciencia”, pero puso el caso de un delegado de la Sociedad de Ginecología que en un congreso “dijo que esto se arreglaba fijándole precio a ese acto médico”. “Eso no es objeción de conciencia”, remarcó. También citó casos en los que 100% de los profesionales presentaron objeción de conciencia en una institución que antes de la ley practicaba abortos. “Hay una confusión y un severo riesgo de que se esté aprovechando una cláusula que es muy garantista y que se transforme en un abuso”, advirtió. Señaló, además, que esa especie de “obediencia” que ocurre en instituciones en las que los jefes son objetores sucede también en la academia, porque en las clínicas de Medicina que tienen al frente ginecólogos objetores, los docentes de menor jerarquía siguen esa línea.