La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) envió una carta a la Institución Nacional de Derechos Humanos solicitando una reunión a efectos de dar a conocer su posición sobre el proyecto de ley de Presupuesto a estudio del Parlamento, que no incorpora como inciso al Poder Judicial (PJ). “Desde el advenimiento de la democracia, en cada instancia presupuestal [...] el Poder Ejecutivo invariablemente ha formulado una propuesta presupuestal para el inciso 16, ‘Poder Judicial’. Esta es la primera vez que el Poder Ejecutivo ignora totalmente la existencia de un poder del Estado”, cuestionan. “Consideramos un hecho político grave que el Poder Ejecutivo no contemple las necesidades salariales y de funcionamiento de la Justicia, entre otras razones porque produce una pérdida en la calidad de la democracia, una limitación al acceso a la Justicia como derecho humano fundamental” y porque “castiga en particular a los sectores más vulnerables, al no asignar créditos presupuestales que tiendan a la mejora y fortalecimiento de la Defensa Pública”, agregan. Sostienen que también se posterga la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, “al no estar previstos los créditos necesarios para su implementación a partir del año 2017, en creaciones de cargos e infraestructura edilicia”.
Al igual que los ministros de la SCJ, los funcionarios consideraron “inconstitucional” el artículo del presupuesto que establece que ante sentencias que obliguen al Estado a pagar por reclamos salariales, el Poder Ejecutivo efectuará “las previsiones correspondientes en oportunidad de proyectar el Presupuesto Nacional o en las próximas instancias presupuestales que permitan atender el pago de la erogación resultante”. “Una vez aprobado el presupuesto o la rendición de cuentas con la previsión referida, la cancelación del crédito se realizará dentro del ejercicio siguiente”, añade el artículo, que es inevitable asociar con el conflicto en curso con los judiciales por los “enganches” salariales. Los funcionarios entienden que se establece “una discriminación totalmente inaceptable entre los trabajadores públicos y los trabajadores de la actividad privada; así como dentro de los potenciales demandantes del Estado”. Sostienen que “genera un retroceso en la consolidación y reconocimiento de los derechos de los trabajadores públicos conquistados en los últimos años” y “consagra una inadmisible y larga postergación en el pago de créditos salariales”.