El campamento de los refugiados sirios creció: hay una carpa verde, más bolsos con ropa y mantas, valijas instaladas junto a los arbustos de la plaza Independencia que ofician de mesas improvisadas para comer a la sombra. Dicen que pasaron algo de frío de noche, pero no es su mayor preocupación. Desde el lunes, unos diez adultos y 30 niños ocupan una parte de la plaza, en diagonal con la Torre Ejecutiva, en reclamo de mayores prestaciones que las que les ofrece el programa de refugiados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) que los trajo en octubre (ver la diaria de ayer). Los pedidos son varios: que les den trabajos con mayores sueldos, que la vivienda gratuita que les da el gobierno se extienda a cinco años en vez de dos, que se les dé pasaporte en lugar de los “títulos de identidad y viaje” que recibieron del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder abandonar Uruguay cuando quieran y que se les faciliten visas en otros países. Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia, los recibió el lunes en el edificio de espejos y pidió que le dieran al menos 48 horas para ver qué se puede hacer.
Ayer, después del mediodía, el ambiente se espesó un poco. Un uruguayo, de unos 65 años, se acercó a decirles en un volumen alto que él paga impuestos y que tiene que vivir con su pobre jubilación. Los sirios, según dijeron más tarde, no le entendieron. “¿Ustedes no querrán pasaporte para irse a Alemania?”, les preguntó; el sábado, Múnich recibió a 3.000 refugiados, y Angela Merkel, la canciller alemana, trabaja en un proyecto de ley para invertir 575 millones de dólares en un plan que podría alojar a 50.000 refugiados. “Alemania no; Siria”, respondió Ibrahim al Mohammed, padre de una de las familias.
Al mediodía también se acercó Jihad Dhiab, también sirio y refugiado pero desde Guantánamo. El ex preso, que llegó en diciembre de 2014, conversó con algunos sirios a un costado de las cámaras y los grupos de transeúntes curiosos que se paraban a mirar. Más tarde cayó Rada Ajah, una señora libanesa de 75 años que vive en Uruguay hace tiempo y que tradujo a Maraa el Chibli, un refugiado arisco, al español. “Prefiero morir en mi país”, dijo el hombre, de 55 años, que no se pudo acostumbrar a la vida en la ciudad.
La vista desde la torre
“Los entiendo y me pongo en el lugar de ellos”, dijo en diálogo con la diaria Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos de Presidencia. Aclaró que los subsidios económicos que da el programa de reasentamiento no tienen un máximo de 29.000 pesos sino que esa cifra es el mínimo; se divide en un fondo rotatorio que cubre gastos de vestimenta, transporte, consumo y mobiliario, que dura un año, y otro fijo, que dura dos y que no está sometido a rendiciones de cuentas. Las partidas, agregó, se calcularon en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas en función del número y edad de los integrantes de cada familia, y están dos veces por encima de la línea de pobreza de Montevideo, que en agosto se ubicó en 10.742 pesos.
El secretario de la SDH aclaró también que dos de las cinco familias están amparadas en un régimen de alquileres, también subsidiado por el gobierno, que dura dos años. Serían dos situaciones complicadas, señala Miranda: “Una de esas familias eligió una casa en el Prado que seguramente, cuando se termine el subsidio, les sea imposible sostener”. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente subsidia el hogar de las otras tres familias, que recién dentro de dos años deberían comenzar a pagar un alquiler.
El secretario de Derechos Humanos señala que los recaudos no sólo pasan por lo económico, sino que hay un plan de acompañamiento familiar que incluye psicólogos y trabajadores sociales.
Mientras, las cuatro familias pretenden seguir durmiendo en la plaza hasta que el gobierno les dé respuestas.