En la noche de ayer, a menos de cinco horas de que venciera el plazo constitucional correspondiente, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal. El texto comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados, con un plazo de 45 días, y luego pasará a la cámara alta.
En la exposición de motivos del proyecto se establece que 70% del gasto público tiene un carácter “rígido” y “surge de leyes o contratos definidos previamente”, y compromete, entre otras cosas, el pago de salarios, pasividades y “obligaciones de distinto orden”.
Además, el gobierno estima que la economía crecerá a un ritmo de 2,7% del Producto Interno Bruto (PBI) anual durante el próximo quinquenio. Se explica que el incremento del gasto está fijado hasta 2017 y serán las siguientes rendiciones de cuentas “el instrumento más idóneo” para asignar los futuros gastos para 2018 y 2019. Allí también se expresa que se propone reducir el déficit fiscal de 3,5% a 2,5% del PIB, mientras que el presupuesto busca, a la vez, que las empresas públicas colaboren con este resultado en un punto porcentual del PIB. Se establece que las prioridades son: educación, el Sistema Nacional de Cuidados (SNC), infraestructura, salud, seguridad pública y descentralización.
En concreto
El mayor aumento del gasto, tanto en términos porcentuales como totales, se lo lleva el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que será la cartera encargada de implementar el SNC. Este ministerio recibirá un aumento de 127% de su presupuesto para 2017, que en términos totales será mayor a 140 millones de dólares. Presidencia de la República es otro de los organismos que sale fortalecido: su presupuesto se incrementará 45% para ese año. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) también tendrá un aumento de 40% de su presupuesto para 2017.
En educación los aumentos son significativos en términos cuantitativos pero no tanto en términos porcentuales: la Universidad Tecnológica aumenta su asignación 26%, la Universidad de la República (Udelar) 13,8% (menos de 20% de lo que pedía la institución) y la Administración Nacional de Educación Pública 4,7%. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en cambio, pierde 2,8% de su presupuesto, pero se desprende de las fiscalías. En seguridad, el Ministerio del Interior (la cartera que tiene mayor presupuesto) recibirá un incremento de 11,9% para 2017, mientras que en salud, la Administración de los Servicios de Salud del Estado incrementará su ingreso en 2017 en 12,3%, a la vez que el Ministerio de Salud Pública lo hará 6,7%. El Ministerio de Defensa Nacional también recibirá un aumento, de 5%.
Nuevas disposiciones
El articulado del proyecto de ley presenta varios cambios en lo que hace al funcionamiento del Estado. La sección destinada a Presidencia de la República comienza habilitando las contrataciones directas en las Unidades Productivas y de Bosques y Parques del Establecimiento Presidencial de Anchorena, pero luego deja paso a otras novedades. El proyecto establece la creación, bajo la órbita de Presidencia, de la ya anunciada Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, pero también de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Ésta fue menos anunciada y se crea a raíz de la sugerencia de la comisión asesora sobre la institucionalidad de los organismos vinculados a ciencia, tecnología e innovación, integrada por, entre otros, el rector de la Udelar, Roberto Markarian, y el presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, como representante del Poder Ejecutivo, creada a raíz de las críticas de la Udelar al proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Competitividad. Si bien no se asignan cargos a esa secretaría, se le atribuyen cometidos: proponer “políticas y estrategias para la promoción de la investigación en todas las áreas de conocimiento”, “diseñar planes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y detectar necesidades y promover el desarrollo de capacidades”, así como asesorar al Consejo de Ministros en la materia.
El articulado deshace algunas de las innovaciones que introdujo el presupuesto quinquenal del gobierno de José Mujica. Por un lado, suprime los seis cargos de coordinadores regionales que creó la anterior administración, que buscaban promover la organización interdepartamental, y también elimina los cargos de secretario particular del presidente y de director de Relaciones Públicas. Además, convierte a los anteriores embajadores itinerantes en “embajadores del servicio exterior”.
Gran parte de los artículos de este capítulo se destinan a la creación de la Secretaría Nacional de Deporte, que recibirá parte del presupuesto hasta ahora destinado a la Dirección Nacional de Deporte que estaba en el Ministerio de Turismo (cuyo presupuesto se reduce 55% en 2017). Otro de los matices con el presupuesto elaborado por Mujica se relaciona con la propuesta de que Uruguay sea sede del Mundial de fútbol 2030: en 2010 se manejaba que la propuesta se realizara en conjunto con Argentina, mientras que en el proyecto enviado anoche al Parlamento se elimina toda referencia al país vecino.
El proyecto presenta una batería de artículos vinculados con el gobierno electrónico: se crea el proyecto Trámites en línea, en el ámbito de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, se reconoce el derecho de las personas “a relacionarse con las Entidades Públicas por medios electrónicos, sin exclusión de los medios tradicionales” y se habilita a considerar las copias electrónicas como copias auténticas, entre otros cambios. En Presidencia también se crean el anunciado Sistema del Permiso Único Nacional de Conducir y el Sistema de Información Nacional de Tránsito, y a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos se le modifica el nombre: pasará a ser la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El texto elimina la aplicación de los contratos temporales de derecho público. Aquellos que estén vigentes “finalizarán indefectiblemente” al cumplirse su plazo, “sin posibilidad de prórroga”. Además, elimina el máximo retributivo previsto para los adscriptos de los distintos ministerios.
El proyecto establece que el Plan Juntos, un buque insignia de la administración Mujica, sea gestionado por un coordinador general, pase a ser ejecutado en el Programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional del MVOTMA y sea financiado por el Fondo Nacional de Vivienda. Además, se declara la liquidación de Pluna, tarea que se le encomienda al directorio de Pluna Ente Autónomo. El personal del ente se declarará excedente y podrá ser redistribuido en otras áreas del Estado.
En el Ministerio del Interior se establece la creación de un “carné de aptitud psicofísica” para los policías. Este carné deberá ser renovado “al menos cada 24 meses” y “previo a decretarse el ascenso en cualquiera de sus grados”.
Por otra parte, se autoriza a los museos dependientes del MEC a “cobrar por la prestación de servicios y comercialización de reproducciones, publicaciones y bienes de divulgación de los mismos”.