En el último artículo del capítulo dedicado al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), el proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal dispone un aumento al personal subalterno militar, que se financiará con la supresión de 50% de las vacantes generadas en el rubro.
Los salarios de los aprendices, soldados de primera, cabos de segunda y cabos de primera se verán incrementados en entre 800 y 2.000 pesos. Un mecanismo similar fue utilizado en la Ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica, hace cinco años, lo que permitió que los salarios de estos efectivos, que rondan los 9.000 pesos, se incrementaran 33% en su momento, según aseguraba el por entonces titular de la cartera, Luis Rosadilla. En los cinco años del gobierno de Mujica, se generaron en promedio unas 1.000 vacantes por año, por lo que en el último quinquenio se suprimieron cerca de 2.500 puestos. El proyecto de presupuesto establece que no cuentan las vacantes generadas en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.
El Ejecutivo dio la orden de que existiera un aumento al personal subalterno de las Fuerzas Armadas, lo que debió compatibilizarse con la decisión política de que el dinero destinado a la cartera no hiciera crecer el presupuesto destinado a Defensa. El aumento salarial se hará a costa de una reducción de los efectivos, tal como se había realizado en el gobierno de Mujica. El texto establece que la disminución de vacantes se realizará hasta que el MDN logre pagar con el ahorro de las supresiones el crédito de cerca de nueve millones de dólares que se utilizará para pagar los aumentos salariales.
Round uno
La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados estableció ayer el cronograma de trabajo que tendrá los próximos 45 días. El texto deberá estar aprobado para el 15 de octubre en la cámara baja, y se prevé que sea votado en la comisión entre el 5 y el 7 de octubre. El trabajo de este cuerpo comenzará el martes 8 de octubre, tras recibir a una delegación del equipo económico del gobierno. Ayer, a la salida de la ceremonia de asunción de autoridades de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, aseguró que se trata de un “muy buen presupuesto de crecimiento de la inversión” y del gasto público, en favor de los lineamientos estratégicos que se plantearon como “claves” durante la campaña, como la educación y el Sistema Nacional de Cuidados. García destacó que el proyecto considera la realidad económica adversa del mundo y de la región.
La opinión del nacionalista Jorge Gandini no fue muy parecida. Comenzó criticando que la advertencia del Ejecutivo sobre la situación económica regional e internacional no se condice con el “optimismo” que hay sobre el crecimiento de la economía, pronosticado para el quinquenio en 2,5% en promedio. Según Gandini, el presupuesto maneja gastos por 15.000 millones de dólares, pero presenta financiación para 13.000 millones. “Nunca vi un presupuesto presentado con tal grado de desfinanciamiento por parte del Poder Ejecutivo”, sostuvo. Gandini también criticó que Presidencia adquiera nuevas potestades “que la Constitución no le da, y que están lejos del contralor parlamentario”, como ocurre, ejemplificó, con la creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que dependerá directamente de la Torre Ejecutiva.
El colorado Conrado Rodríguez también criticó aspectos del proyecto. Cuestionó el artículo 677, que establece que ante fallos judiciales que obliguen al Estado a pagar dinero proveniente de “reclamaciones de salarios, diferencias retributivas o rubros de similar naturaleza”, el Ejecutivo podrá “efectuar las previsiones correspondientes” y proyectarlas en las “próximas instancias presupuestales”. El pago no se llevará adelante inmediatamente, sino “una vez aprobado el presupuesto o la rendición de cuentas” con la previsión correspondiente y en el momento en el que esta norma se ejecute.