La Coalición por una Comunicación Democrática hizo pública su preocupación porque en el proyecto de Presupuesto Nacional no se incluyeron recursos para la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA). En particular se ha hecho notar la ausencia de recursos necesarios para instalar el organismo regulador creado por la nueva norma: el Consejo de Comunicación Audiovisual.
Comparto la preocupación, porque efectivamente no existe una sola previsión presupuestal al respecto en la propuesta recibida por nuestro Parlamento. No lo hubo tampoco en la propuesta inicial elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el organismo responsable de las políticas públicas sobre medios de comunicación audiovisual, y así quedó en el proyecto de ley final.
Quiero hacer notar a los lectores, a los legisladores oficialistas y hasta al propio Poder Ejecutivo que la decisión del MIEM (y la omisión del gobierno) no sólo va contra el cumplimiento del programa del Frente Amplio (FA), sino incluso contra la voluntad expresada por el propio Tabaré Vázquez. Me explico.
Luego de asumir, nuestro presidente hizo saber que esperaría “a lo que dictamine la Suprema Corte de Justicia” antes de avanzar en su reglamentación. Para algunos esta decisión fue entendible, para otros, incorrecta. Sea como fuera, antes de fin de año tendremos una sentencia y podremos seguir avanzando. Sin embargo, de aprobarse el actual proyecto de Presupuesto, la aplicación integral de la Ley SCA se vería congelada hasta 2018. Deberían pasar tres años de este gobierno para comenzar a ver avances sustantivos en la democratización de los medios de comunicación en nuestro país... en el peor momento: cada vez más cerca de las próximas elecciones nacionales.
¿Eso es lo que el Poder Ejecutivo quiere? ¿Valió la pena todo el esfuerzo hecho, para atarse de manos por tres años? ¿Es eso lo que quieren los legisladores del FA que impulsaron, defendieron y aprobaron la ley? No lo creo.
Tabaré fue muy enfático -y hasta arriesgado- al afirmar, en plena campaña electoral, que la Ley Audiovisual “forjará un cambio sustancial, no sólo para los artistas y creadores de nuestro país, sino para los ciudadanos que tienen derecho a un servicio de calidad”, y aseguró que “es un compromiso que asumimos y desarrollaremos con prioridad en la próxima administración”.
La ley está vigente hoy mismo, y deberá aplicarse cualquiera sea la sentencia judicial. En el peor de los escenarios, la Corte no declarará la inconstitucionalidad de la ley en su conjunto. Ni siquiera de la mayoría de sus 202 artículos. Y el país necesitará el funcionamiento de un organismo regulador independiente e idóneo como el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), no sólo para implementarla sino también para dar las mayores garantías a los sujetos regulados.
Es cierto que la aplicación plena de la ley necesita más que la creación de un nuevo organismo. Faltan, entre otras medidas, políticas activas de apoyo a los medios comunitarios, fondos para impulsar la producción nacional audiovisual y recursos para implementar la transición de la televisión digital y tratar de avanzar, después de más de 50 años de oligopolio, hacia una oferta más diversa y plural de señales de televisión.
Pero no crear este organismo ni darle los recursos suficientes para funcionar adecuadamente sería una muy mala señal política del actual gobierno. Lo que está en juego no es lo que cuesta el CCA, sino lo que significa incluirlo -o no- en el Presupuesto. De hecho, la propuesta realizada por la Coalición por una Comunicación Democrática para contemplar su creación suma apenas algunos millones de pesos.
Esta discusión no es tanto por dinero como por lo que implicaría no habilitar siquiera herramientas mínimas para implementar una legislación clave para la izquierda y para el país. Y para la región, que ha aplaudido y destacado esta norma como un modelo y un ejemplo para los demás países. Una ley imprescindible para concretar, ya en el tercer gobierno del FA, una de las reformas claves que una sociedad democrática necesita: la democratización de las comunicaciones.
Estamos a tiempo de corregir el error.