La lucha de los grupos mal llamados “pro vida”, que defienden la penalización del aborto, no terminó en noviembre de 2008, cuando el presidente de la República, Tabaré Vázquez, vetó los artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que autorizaban la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Tampoco en junio de 2013, con el intento fallido de refrendar la Ley 18.987, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que despenalizó el aborto en octubre de 2012. La lucha de esta gente de ideas antiabortistas está lejos de detenerse: en el Parlamento uruguayo hay varios legisladores que apoyarían cualquier moción para derogar la ley IVE y que han utilizado su tiempo de oratoria en las sesiones para hablar exclusivamente de ese tema; entre ellos, el próximo presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Gerardo Amarilla, perteneciente a la Iglesia Evangélica Bautista.
El 13 de agosto el “derecho a la vida” fue llevado nuevamente al recinto legislativo por el suplente del diputado nacionalista Rodrigo Goñi, Carlos Iafigliola, de la Corriente Social Cristiana, perteneciente a la Iglesia Católica, quien hizo dos pedidos de informes al Ministerio de Salud Pública. Uno para “poder evaluar si los objetivos de quienes respaldaron [la ley IVE] se están cumpliendo” y para “evaluar las dificultades” en su aplicación. El otro, en el que se incluye al Ministerio de Educación y Cultura, lo pidió para conocer, entre otras cosas, qué control “se realiza sobre las entidades privadas que dan servicios y/o asesoran en las llamadas 'Políticas de Salud Sexual y Reproductiva y Aborto' en nuestro País” y “qué órgano estatal controla sus declaraciones de ingresos y egresos de dineros y las donaciones que reciben del exterior”. Ninguna de las solicitudes ha obtenido respuesta.
Respecto del primer pedido, la última información disponible data de marzo y responde a los datos de 2014, en el que se registraron casi 6.000 abortos, 20% más que en 2013: según las cifras, se practican nueve abortos cada 1.000 mujeres de 14 a 44 años. Con esos números Uruguay logró posicionarse como uno de los países con menos abortos en el mundo, detrás de Irlanda y el Distrito Federal de México; en los países europeos la tasa de mujeres que interrumpen su embarazo oscila entre 13 y 15 cada 1.000.
La segunda solicitud de Iafigliola surgió a raíz de varios videos publicados en Estados Unidos por el Centro para el Progreso Médico contra la proveedora de servicios de salud sexual y reproductiva más grande del país, Planned Parenthood (PP) -Paternidad Planeada-. En los videos se acusó a la organización de violar las leyes federales al obtener beneficios de la venta de órganos y tejidos de fetos abortados. El vicepresidente de la organización, Eric Ferrero, aseguró que las acusaciones eran falsas y dijo a CNN que no hay “evidencia que respalde” los videos. El escándalo dejó en evidencia la artimaña de los republicanos para poner fin a la financiación federal de la PP: tras la difusión de los videos, los conservadores encontraron un nuevo caballito de batalla en su lucha por abolir esta práctica y llevaron la polémica al Congreso, donde el Senado bloqueó la iniciativa por 53 votos contra 46. Por otro lado, por resolución judicial, el grupo antiaborto no podrá difundir más videos de la PP.
Iafigliola trajo el embrollo a Uruguay porque metió en la misma bolsa a la PP y a la International Planned Parenthood Federation (IPPF). La IPPF tiene como miembros asociados a 147 organizaciones de 170 países, entre ellos la PP. En Uruguay, tres organizaciones -Iniciativas Sanitarias, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y el Centro de Comunicación Virginia Woolf (Cotidiano Mujer)- se presentaron al llamado del programa Safe Abortion Action Fund de la IPPF y recibieron financiación para desarrollar proyectos. En la rendición de cuentas presentada por la IPPF en 2014 -disponible en su página web- figura que en total se destinó a los tres proyectos 363.114 dólares. Pero Iafigliola no quiere que “siga pasando más que entre al país ni medio dólar más que venga de la sangre de cientos, de miles, de millones de bebés abortados”. Por eso preguntó en el Parlamento: “¿Por qué?, ¿con qué objetivo?, ¿por qué a esas instituciones en específico? y ¿con qué contrapartidas?” fue que llegaron los fondos a Uruguay. “Así como vemos bien y acompañamos todas las medidas y trabas que se han tomado y se puedan tomar de aquí en más para que el dinero sucio del narcotráfico no ingrese a nuestro país, espero que de igual modo investiguemos y tomemos las medidas necesarias en este caso”, dijo.
Iniciativas Sanitarias, que fue fundada por el ex subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo, y Cotidiano Mujer participaron en una declaración de organizaciones feministas de América Latina que integran el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro, en la que respaldan el accionar de PP. Desde Cotidiano Mujer, Lilián Celiberti aseguró que es “un atrevimiento” de Iafigliola pedir información a los ministerios sobre las organizaciones sociales, considerando que a los únicos que deben rendirles cuentas es a los que financian sus programas. Desde MYSU, Lilián Abracinskas señaló que la rendición de cuentas y el destino del dinero recibido por todos los financiadores está disponible en la web del Instituto de Comunicación y Desarrollo.