Los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición en lo que respecta a la seguridad llegaron hasta el cielo. La incorporación de un avión y tres helicópteros por parte del Ministerio del Interior, bajo la égida de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, fue objeto de críticas ayer, durante una sesión de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, un cuerpo especial con fines legislativos creado específicamente para abordar temas de seguridad.
La visita del ministro Eduardo Bonomi en la segunda sesión de la comisión dio lugar a un debate entre el jerarca y el diputado nacionalista Jaime Trobo. El legislador cuestionó que la cartera incorporara tres helicópteros Robinson 44 y un avión de uso policial: “Los puede comprar la Fuerza Aérea. Uruguay no tiene muchos recursos y en el presupuesto nacional estamos en una etapa de ajuste, porque el déficit es muy alto y es necesaria una optimización de las inversiones”.
La argumentación del diputado nacionalista es que esas naves deben estar en manos de la Fuerza Aérea, que es la que tiene una formación adecuada para operarlas, sostuvo. En cambio, propone que la Policía pueda contar con ellas en el marco de un “acuerdo interinstitucional” con esta fuerza militar. Esto “no quiere decir que la Fuerza Aérea pase a cumplir tareas policiales, pero tampoco que la Policía realice tareas de la Fuerza Aérea”, expresó.
Según Trobo, en caso de que se compren equipos nuevos, éstos deben ser administrados por la Fuerza Área, de forma de evitar “tener que pagarles costos altísimos a los funcionarios de la Policía para que aprendan a hacer algo que no han aprendido en la Escuela de Policía. Para algo existen los militares pilotos”.
En comisión, Bonomi respondió que los dispositivos que implementará el Ministerio del Interior son de uso específico de la Policía, que cumple diferentes roles que la Fuerza Aérea: se trata, explicó, de vehículos aéreos específicos para la prevención y disuasión del delito, que cuentan con herramientas como cámaras de visión nocturna y visores de calor.
Bonomi también cuestionó lo expresado por Trobo acerca del ahorro presupuestal, en la medida de que el gasto por la adquisición de estos vehículos ya estaba previsto en el presupuesto del gobierno de José Mujica, votado en 2010.