“Hoy podemos comprometernos a frenar el crecimiento de las rapiñas y, en cinco años, reducir el número de hurtos y rapiñas en un mínimo de 30%”, prometió Tabaré Vázquez en octubre de 2014. Pero las rapiñas subieron 1,8% en todo el país entre el primer semestre de 2014 y el primero de 2015, según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior (MI). El martes, Eduardo Bonomi, ministro del Interior, pasó casi nueve horas presentando el presupuesto de su cartera ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. El representante blanco Jorge Gandini aprovechó para preguntar si el gobierno ratificaba el compromiso, y Bonomi contestó que sí.
Con el aumento presupuestal -567.000.000 de pesos más para el año que viene y 777.000.000 para 2017- se desarrollarían cinco líneas estratégicas, una de ellas orientada a disminuir los robos violentos: que la Policía pase del modelo “reactivo” actual a uno “proactivo, basado en el conocimiento e inteligencia aplicados”. Bonomi aclaró que, si bien el número de rapiñas creció, también aumentaron las “rapiñas bagatela”, o sea, de poco valor. El aumento de la cantidad de atracos, aunque las cantidades que se roban hayan bajado, insume al MI más trabajo, y hay dos artículos concretos que proponen alivianar algunas tareas de los efectivos.
La primera: contratar a 225 becarios -nueve para cada seccional de Montevideo-. El objetivo, según justificó frente a la comisión Charles Carrera, director general de Secretaría del MI, es liberar a los funcionarios que hoy tienen tareas administrativas o de recepción de denuncias para que haya más efectivos en la calle. Los contratos, de seis horas diarias de trabajo y sueldos de 18.312 pesos (que suman un gasto total anual de 67.015.053), pueden durar 18 meses con prórroga de un año y cesar cuando el MI decida. Los cargos apuntan a estudiantes de universidades públicas y privadas de las carreras de Derecho, Trabajo Social, Psicología, Antropología, Ciencias de la Educación, Comunicación Social, Sociología y Filosofía del IPA y de la UTU. Gandini, el legislador de la oposición que cuestionó más puntos del presupuesto, señaló que los contratos incumplen la ley de presupuesto de 2010, que define un máximo de 12.000 pesos para los becarios. “¿Por qué pedimos este sistema especial? Porque el trabajo en una seccional policial es de mayor estrés y es necesaria una remuneración mayor”, se preguntó y contestó Carrera.
Otro artículo del presupuesto apunta a reducir lo que en lenguaje policial son las llamadas “residuales” al 911: bromas, insultos y consultas que no tienen nada que ver con emergencias. Según datos que el MI publicó este mes, en agosto hubo 74,37% de llamadas residuales (y 5,4% de bromas). Desde julio de 2014 hasta hoy, el sistema bloqueó 1.633 números que superaron 30 llamadas residuales, pero la ley de presupuesto lo reduce a un máximo de tres, y establece bloqueos que pueden durar de una semana a seis meses.
Pólvora y chimangos
Otras dos medidas llegaron en forma de decretos con fecha del lunes, que ayer fueron publicados en la página web de Presidencia. El primero reduce las tareas de los agentes en los accidentes de tránsito simples -o sea, sin lesionados de ningún tipo- en los que hoy se limitan “a recabar los datos de los vehículos conductores y a canalizar el tránsito”. Esa función, fundamenta el texto, no está prevista en la Ley de Procedimiento Policial de 2008, e implica una “distracción” del personal en cuestiones ajenas a la seguridad pública, así que el decreto la elimina. En esos casos, las personas involucradas deberán presentarse en la seccional más cercana a dar parte del accidente en persona.
El segundo texto, publicado también ayer, modifica otro de 1985 que permitía a las empresas de seguridad avisar a las unidades policiales de los lugares exactos donde se activan las alarmas, para que los agentes pudieran actuar a tiempo. Según el nuevo decreto, este sistema “ocasiona serios trastornos al servicio policial, en tanto deben ocuparse numerosos recursos humanos y materiales para dar respuesta, alto porcentaje de los casos se trata de falsas alarmas o defectos de funcionamiento”, y delega a los privados la tarea de corroborar la activación de cada una de las alarmas con servicio de respuesta en Montevideo y Canelones (y progresivamente en todo el país) antes de que la señal llegue a las unidades. Para ahorrar recursos policiales, las empresas deben enviar a un empleado propio, debidamente identificado, que se acerque a la casa o al negocio donde sonó la alarma, que inspeccione, confirme que algo está pasando y lo comunique a la central, que a su vez informa a la Policía. También se pueden confirmar los siniestros por medio de cámaras de video desde la central de la empresa, o por llamadas de los clientes desde el lugar. Como con las llamadas residuales, hay multas para las compañías que realicen más de tres comunicaciones sin motivo en un mes, que omitan comunicar alarmas reales o que incurran en retrasos injustificados.
Las empresas de seguridad, representadas en la Cámara de Instaladores Profesionales de Sistemas Electrónicos y de Seguridad, ya se habían reunido con el MI para hablar sobre el tema, pero se enteraron del decreto ayer de tarde, cinco minutos antes de que Roberto Varela, director de Innovación y Tecnología de Securitas, conversara con la diaria. “El concepto del decreto me parece bien desde mi óptica como ciudadano común. Ahora tenemos que estudiar cómo se implementa”, dijo Varela, que ayer mismo pidió una reunión con la cámara para pensar a futuro. Los problemas, explica, pueden ser varios: “Hay gente que pulsa el botón de pánico para ver si funciona. Una vez, un cliente puso una escribana para ver cuántos minutos demoraba la respuesta”. Cree que el decreto se puede pulir, porque en casos como éste, se multaría a la empresa por culpa de clientes desconfiados.