El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) estuvo funcionando sin presupuesto designado desde 2013, cuando fue creado por la Ley 19.172. Además, comenzó a funcionar oficialmente en 2014, pero el artículo 229 de la Constitución prohibía al Poder Legislativo crear cargos 12 meses antes de las elecciones nacionales. Si se aprueba sin cambios el proyecto de ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento hace dos semanas, esa austeridad involuntaria llegará a su fin. Su artículo 618 prevé una partida anual de 15.000.000 de pesos para el instituto, que, junto con otros avances, destrabarían la tercera y última etapa de la regulación de la marihuana: la producción por parte de empresas privadas para su comercialización en farmacias, mediada por el Estado.
Las primeras dos vías de acceso al cannabis recreativo, los clubes de membresía y el autocultivo doméstico, comenzaron a funcionar en agosto de 2014, pero la venta en farmacias se demoró. El Ircca comenzó a trabajar en la licitación para empresas interesadas en la plantación de marihuana para su venta en farmacias en diciembre de 2014. Se presentaron 23 empresas y 11 pasaron a una segunda etapa de selección, pero hubo unas cuantas prórrogas, ya que el Ircca y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos tuvieron que solicitar documentos adicionales a los postulantes, que tuvieron que presentar informes técnicos y organizativos.
El último plazo para que el Ircca eligiera los proyectos ganadores vencía el 25 de agosto, pero la demora se extendió un mes más. Según adelantó a la diaria Milton Romani, secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), la decisión está en su etapa final: depende de que la Junta Directiva del Ircca se pronuncie. Las empresas seleccionadas serían “tres o cuatro”, informaron fuentes cercanas a la directiva.
Según Romani, aún se está negociando con las farmacias los detalles del sistema de distribución. Un borrador de propuesta del Ircca al Centro de Farmacias del Uruguay que difundió Búsqueda en julio disponía 30% de ganancias para los negocios, que podían almacenar hasta dos kilos de cannabis, pero desde la JND aclararon que se trataba sólo de una propuesta. “Tenemos un tiempo prudencial para instrumentar la venta entre las licencias, la producción y la puesta en marcha”, dijo Romani. Aunque el plan era tener el sistema en funcionamiento a comienzos de 2016, es probable que los tiempos de cosecha -que van de setiembre a mayo- no lo permitan. También se está trabajando en la licitación para adquirir los aparatos para que los usuarios puedan comprar hasta diez gramos semanales en las farmacias: se trata de un sistema de huellas dactilares que, valoró Romani, evitarían al consumidor identificarse con su cédula -o sea, con su nombre y apellido-. El secretario de la JND aclaró que, según prevé la ley de habeas data que el Parlamento aprobó en 2008, ni el Ministerio del Interior ni cualquier otro organismo público podrá acceder a la base de datos, una preocupación que inquietaba a algunos usuarios. Incumplir esa disposición habilitaría a los usuarios a iniciar una demanda penal al Estado, aunque el Ircca sí está habilitado por ley a generar estadísticas en base a esos datos.
“Si fuma, no maneje”
La partida anual que prevé para el Ircca la ley de presupuesto iría a parar a gastos de funcionamiento, y Romani agregó que habrá dinero extra. Según proyecciones internas que elaboró el Ministerio de Economía y Finanzas y a los que accedió la diaria, se sumarían otros ingresos por rubros de licencias anuales de producción y de investigación más las ventas: el Ircca podría recaudar 4.000.000 pesos en 2016, 8.000.000 en 2017, 12.000.000 en 2018 y 19.000.000 en 2019.
A los gastos administrativos se suman otros nuevos, destinados a crear un equipo que fiscalice que las empresas que obtengan las licitaciones, los cultivadores y los clubes de membresía no vendan marihuana fuera de las vías reguladas. Además, agrega Romani, se creará un grupo interdisciplinario en coordinación con la Universidad de la República, con representantes de las facultades de Química, Medicina, Ciencias Sociales y Psicología que se instalará en el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina y que asesorará en el proceso de implementación de esta etapa, incluyendo los controles que habrá para las áreas industrial y medicinal.
“El desafío es que la ley se cumpla y que se preserve el sistema en materia de control de calidad. Ya sabemos que la marihuana prensada que llega desde Paraguay tiene 52 agentes tóxicos. Una política de reducción de daños requiere que el cannabis que se distribuye no agregue daños a los que ya produce la marihuana”, dijo a la diaria Romani.
El nuevo presupuesto del Ircca irá a parar también, como reclamaban legisladores de la oposición como Verónica Alonso, a campañas de prevención. Así como la JND elaboró un protocolo de acción policial en conjunto con el Ministerio del Interior y organizaciones sociales como Proderechos, se prevé un trabajo similar en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, en un manual de prevención destinado a los usuarios de la venta en farmacias y los miembros de clubes cannábicos. “La ventaja es que cuando el consumo responsable se regula internamente, la relación entre el Estado y el usuario se vuelve más amigable”, consideró Romani. Las campañas públicas se centrarán en las poblaciones de riesgo como los niños, adolescentes y mujeres embarazadas, y en la tolerancia cero para los conductores de vehículos, aunque los aparatos para medir el cannabis en sangre que se importaron de Alemania este año no detectan cantidades menores a 0,3%.