A casi diez meses de la aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) aún sigue habiendo controversias. La Ley Nº 19.307, que todavía está sin reglamentación, a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados, fue otra vez centro de discusión ayer de tarde, en el marco del ciclo “A 30 años, más democracia”, organizado por la Presidencia de la Cámara de Representantes y la Fundación de la Cultura Universitaria. Todos los juristas disertantes se mostraron de acuerdo en que es necesario fortalecer la democracia y la libertad de expresión, pero discreparon respecto de los alcances que debe tener la regulación sobre los medios de comunicación.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez, fue quien inauguró la jornada; dijo que es imprescindible gestionar las diferencias de opinión entre el ámbito político, académico y la sociedad civil en torno al derecho a la información, a la libertad de expresión, a la diversidad de voces, para así velar por más y mejor democracia. En ese sentido, afirmó que “hay que perder el miedo a cuestionar lo que hemos construido”, pero también hay que “regular para garantizar los derechos de todos”: “Si el Estado no regula, regula el mercado”, y generalmente sus intereses no están relacionados con los derechos, señaló.
El consejero regional de Comunicación e Información de la UNESCO, Guilherme Canela, fue el segundo en hablar. Enmarcó el caso de Uruguay en el de América Latina; dijo que “es bastante particular” el tratamiento que se le ha dado al control de los medios -y de otros temas que contribuyen a la libertad de expresión, como el acceso a la información pública- después de los regímenes autoritarios: “Se reformó el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, pero en muchos países aún no se ha reformado la regulación del sistema de medios”. Canela aseguró que eso genera impactos “muchas veces negativos” en la calidad de la democracia; “la idea de que la mejor regulación de los medios es la que no existe no tiene ninguna relación con lo que piden los estándares internacionales”, indicó. Respecto de la ley uruguaya, el consejero aplaudió la iniciativa del gobierno de “incluir a todos los actores relevantes en el debate”. Señaló que el interés de la UNESCO en el proceso de regulación e implementación de la ley “es la importancia de contar con un debate amplio”, porque a pesar de que hay estándares internacionales “claros” en la materia, sostuvo que “al final del día, cómo regular es una decisión soberana”.
Desde la academia, el constitucionalista José Korzeniak aseguró que la ley es “excelente”, y que el “único pecado” es su “excesiva extensión”, en referencia a los 202 artículos que tiene. Korzeniak consideró que en Uruguay se instaló la “costumbre, una euforia” de plantear el recurso de inconstitucionalidad; “en relación a sus habitantes, es el país que más tiene”, aseguró. En ese sentido afirmó que la ley “es muy respetuosa” y no viola de ninguna forma la libertad de expresión. Según dijo, para evitar los recursos mal empleados de inconstitucionalidad, Uruguay necesita una “profundización” académica en “libertad de expresión e inconstitucionalidad, sobre todo para aquellos que quieren seguir la carrera judicial”. Finalizó asegurando que en todos los países “donde se dictó una ley profunda, los grandes medios siempre protestaron”.
Por otro lado, el abogado Carlos Delpiazzo aseguró que es “preocupante” el cambio de paradigma del encare jurídico de los medios. “No sólo se imponen prohibiciones, limitaciones, restricciones y una marcada desigualdad entre el sector público y el privado de quienes operan en materia de SCA, sino que se le adiciona el peso de un diseño institucional que me parece desmedido”, sostuvo. Siguiendo esa línea, dijo que para fortalecer realmente la democracia, la comunicación debe ser “totalmente libre”.
Por último habló el abogado Daniel Ochs, quien valoró que en esta ley “no se crean cosas nuevas” sino que se cristaliza el “desarrollo de principios de rango internacional de los derechos humanos, constitucionales, etcétera”. Sin embargo, aseguró que se soslayaron algunos aspectos clave para mejorar la calidad del debate público, por ejemplo, la regulación de la publicidad oficial.