El Ministerio del Interior (MI) comunicó ayer que el sexto piso de la Unidad de Ingreso, Diagnóstico y Derivación de la zona metropolitana -ex Cárcel Central- fue “reacondicionada” por presos y será habilitada dentro de un mes para que allí se recluyan hasta 12 personas, que actualmente están privadas de libertad en la sala 11 del Hospital Vilardebó por recibir atención psiquiátrica. Desde el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), se presentó un informe a principio de mes en el que se manifestaba la “particular preocupación” al respecto debido a los medios asistenciales y la infraestructura que puede ofrecer el establecimiento y los requeridos para atender a personas con padecimientos psiquiátricos.
El coordinador de la zona metropolitana del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Rolando Arbesún, dijo a la Unidad de Comunicación del MI (Unicom) que es “la solución intermedia” que pudieron encontrar “lo más rápido posible”. En ese sentido agregó que “por las condiciones mismas de la sala 11, las características especiales de seguridad que debe tener una sala de este tipo, se decidió montar esta pequeña sala que cubre las necesidades de los pacientes”, en acuerdo con el Sistema de Atención Integral-Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL). Además, explicó que la “asistencia y atención” será responsabilidad del SAI-PPL y que el personal policial “estará a la orden ante cualquier eventualidad” pero no dentro del sector. Actualmente en la sala 11 hay dos presos.
Por otro lado, Alejandro Santágata y Álvaro Colistro, pertenecientes al MNP, aseguran en el informe que “estas personas requieren un alto grado de atención, contención y control”, y que se “requiere de mayores medios asistenciales que los que se le pueden ofrecer en un establecimiento penitenciario o con los que cuenta a la fecha el SAI-PPL”. Respecto de la construcción del sector en el que serán recluidos, dicen que “no parece la más adecuada”, ya que se trata de personas proclives a conductas agresivas, intentos de suicidio, a provocar incendios, intentar fugarse y otras formas de ataque hacia el personal de salud y custodios. Además, destacan que el sexto piso tiene un único lugar de acceso que “es estrecho y fácilmente obstruible”, y que sumado a las conductas de riesgo, se “necesitaría de una dotación de personal tanto en lo asistencial como en la seguridad mayor que lo normal en relación a la cantidad de personas que va a poder alojar”.
*Vivir desinformado *
Las visitas a la Unidad de Ingreso, Diagnóstico y Derivación de la zona metropolitana que sirvieron como insumo del informe mencionado de la MNP se realizaron entre el 22 de mayo y el 22 de julio. Se trata de una construcción que data de 1940 cuyos últimos cuatro pisos (4, 6, 7 y 8) se destinan a la reclusión de presos, mientras que los primeros tres corresponden a la Jefatura de Policía de Montevideo.
Sobre los celdarios del sexto piso, destinados a extranjeros con arresto administrativo a la espera de su eventual extradición y a las personas que cumplen funciones de limpieza y cocina, el informe concluye que las condiciones generales “no son buenas”, que la construcción “no fue reciclada al momento de la puesta en funcionamiento de la unidad” -en junio de 2013- y que “no se tuvo en cuenta que aquí se alojarían personas de forma permanente”. Respecto del quinto piso, donde están las personas vinculadas a delitos de secuestro, se constató “que algunas de las personas allí alojadas no se encontraban encausadas por dicho delito”, que las condiciones edilicias son, en líneas generales, también “malas”, y que se aplica un régimen de aislamiento especial “de características similares al régimen celular”, que consiste en mantener a la persona aislada durante las 24 horas y “es considerado inhumano”. En el cuarto piso se retiene a las personas derivadas de los juzgados de Montevideo, Canelones y San José para que sean evaluadas y luego derivadas, y allí las condiciones también son “malas”. Se destaca que la unidad carece de área educativa y laboral y que el MI no proporcionó datos solicitados “imprescindibles” para realizar el informe.
No todo está perdido
Por otro lado, la INDDHH publicó un informe el 17 de setiembre en el que le da el visto bueno al proyecto de ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, aunque también señala algunos “desafíos” que deberá enfrentar el Parlamento para ponerlo en marcha de forma efectiva. Entre ellos, una de las cuestiones que se señala tiene que ver con las personas “afectadas por situaciones de sufrimiento mental”, que según el informe constituyen “uno de los grupos más marginados en el mundo”. Al respecto se plantea que no queda claro si están incluidas en la categoría de “personas con discapacidad no autovalentes” y se recomienda que sean tenidos en cuenta al momento de implementar el proyecto. A su vez se indica que no se pueden olvidar las “diferentes realidades sociales y territoriales” de las personas a cuidar y de quienes cuidan. En ese sentido indica que se deberá, principalmente, asegurar que los niños en situaciones de mayor vulnerabilidad realmente accedan al cuidado previsto; que según el Comité de los Derechos del Niño son los que “viven en la pobreza, con discapacidades, pertenecientes a grupos indígenas o minoritarios, de familias migrantes, huérfanos o que carecen de atención parental por otras razones, los que viven en instituciones o con sus madres en prisión, refugiados y demandantes de asilo, infectados por el VIH/SIDA, y a niños de padres alcohólicos o drogadictos”. Por otro lado también hace hincapié en la necesidad de elaborar legislación acorde para cumplir uno de los objetivos previstos en el proyecto: el “cambio de la actual división sexual del trabajo integrando el concepto de corresponsabilidad de género”.