Aunque parezca sorprendente, la hipótesis de que el presupuesto quinquenal presentado por el gobierno tiene problemas de financiamiento no es sostenida sólo por algunos legisladores de la oposición, sino también por el movimiento sindical. El diputado nacionalista Jorge Gandini sostiene que la propuesta presenta un “desfinanciamiento” de casi 2.000 millones de dólares y acumula un “déficit muy importante”. El PIT-CNT también considera que los recursos previstos son insuficientes, aunque no para las previsiones de estos primeros dos años (que son las que se establecen en el proyecto de ley), sino para los objetivos presupuestales del quinquenio.
“Con estos ingresos que tiene el Estado es muy difícil que se pueda contemplar los objetivos planteados. Nos parece que en 2016 deberíamos continuar con las reformas tributarias iniciadas en la primera administración de [Tabaré] Vázquez, para posibilitar que el Estado cuente con los ingresos para avanzar en educación, salud, etcétera”, dijo Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, a la salida de la presentación de un informe sobre el proyecto de Ley de Presupuesto elaborado por el centro de estudios.
Además de avanzar en la reforma tributaria (bajo el precepto de que “quien tiene más pague más”), la central sindical insiste en su propuesta de utilizar las reservas internacionales para financiar obras concretas de infraestructura. La iniciativa es impulsada nada menos que por uno de los ex ministros más visibles del gabinete de José Mujica, Daniel Olesker, que ahora integra el Instituto Cuesta Duarte: “De hecho, ya se usan reservas con un fin financiero, para sostener que el tipo de cambio no siga creciendo. Quizá sea más útil utilizarlas para pagar endeudamiento: eso permitiría reducir la carga de la deuda y, por tanto, la carga de intereses, y liberaría dinero que hoy se paga en intereses de deuda para que se usen en otros rubros”, propuso el ex jerarca.
El documento del PIT-CNT destaca que las pautas salariales del sector público permiten garantizar un mantenimiento del salario real, así como la inversión prevista para el Sistema Nacional de Cuidados y la que se pretende llevar adelante en vivienda -“similar” a la que planteaba la central-, aunque advierte que con la información actual no es posible discernir de qué forma se materializará el acceso a estas viviendas. Sin embargo, cuestiona que las inversiones previstas en educación en los primeros dos años están muy lejos de la propuesta de alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para ese rubro al final del quinquenio. Con el ritmo actual de crecimiento, sostiene, apenas se llegaría a 5% en 2020.
Algo similar ocurre con respecto a la infraestructura. El gasto en vialidad del plan de inversiones del gobierno asciende a 1.590 millones de dólares, pero si se acumula la inversión prevista en el mensaje presupuestal apenas se llega a 920 millones; “de no mediar incrementos de 2018 a 2020, la cifra no es compatible con el documento de inversiones”, dice el informe del Instituto Cuesta Duarte. Lo mismo ocurre en ciencia e innovación, que “está lejos de llegar al 1% que se proponía, aun si expandimos lo otorgado en estos dos años [2016-2017] a los cinco años”.
Lo concreto
La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes continúa estudiando la propuesta de gasto quinquenal del gobierno. Ayer concurrieron al cuerpo representantes del Ministerio de Turismo y de la Oficina Nacional de Servicio Civil, organismo encabezado por el ex colorado Alberto Scavarelli. Los artículos que refieren a esta oficina fueron los que más debate generaron: “Salvo el primero, a todos los artículos que presentaron les encontramos inconvenientes”, dijo Gandini.
Legisladores de la oposición cuestionaron el artículo 11, que elimina el tope salarial de los adscriptos, un cargo de confianza de los ministerios, quienes hasta entonces no pueden ganar más de 90% de lo que gana un director general de Secretaría. La eliminación aumenta su tope salarial hasta 60% del sueldo del presidente, poco más de 190.000 pesos. El artículo tampoco conformó a los legisladores del partido de gobierno. La diputada del Movimiento de Participación Popular Lilián Galán dijo: “No hay mucho acuerdo con ese artículo. No sabemos qué es lo que lo está motivando”.
Otro de los artículos que generaron polémica fue el 9º, que autoriza al Poder Ejecutivo a dar ingreso, bajo el régimen de “provisoriato”, a los funcionarios con un “contrato temporal de derecho público”. El provisoriato es el período de 15 meses de prueba que los funcionarios presupuestados deben cumplir antes de adquirir esta calidad, según se define en el Estatuto del Funcionario Público. “Un contrato que fue creado como temporal termina siendo la selección para entrar al Estado”, se quejó Gandini. Además, observó que el proyecto de ley también habilita a contratar, bajo el régimen de provisoriato, a quienes “integren un orden de prelación vigente para ser contratados” con un contrato temporal de derecho público, es decir, “aquellos que no fueron seleccionados y quedaron en una lista de espera”. “De ahí pueden elegir a todos, ¡es una elección a dedo!”, concluyó el legislador.
El diputado colorado Conrado Rodríguez también criticó que en ese artículo se facultara a la Contaduría General de la Nación (CGN) para crear las “vacantes de ingreso necesarias utilizando los créditos asignados para la financiación de los contratos temporales de derecho público”. Según Rodríguez, “es inconstitucional, porque el artículo 86 de la Constitución establece que la creación de cargos debe ser por Ley de Presupuesto: no es posible delegarle eso a un organismo como la CGN”.
El diputado oficialista Óscar Groba respondió a algunas de las críticas de Gandini: “Está quemado desde 2004. Ellos [los blancos] armaron un zafarrancho terrible en los 90. Hoy se le contestó absolutamente todo, y todos los funcionarios tienen un mecanismo de evaluación. No es como era antes, eso de meter gente a dedo”.