Uruguay Libre de Megaminería, una organización que promueve realizar un plebiscito para que los uruguayos decidan si aceptar o prohibir la minería metalífera a cielo abierto, había hecho un pedido de acceso a la información pública en marzo para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y Presidencia presentaran los datos sobre gastos realizados por la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP). Exigen conocer cuánta plata se puso “en la contratación de consultoras, viajes y viáticos relacionados con ese proyecto portuario”. Presidencia entregó los datos, pero el MTOP y la CND, no.
En la audiencia del 21 de diciembre presentaron un contrato que habían firmado entre ambos, que le daba carácter confidencial a esa información. A pesar de la negativa, al día siguiente el juez en lo civil de 2º Turno, Alejandro Martínez, falló afirmativamente al pedido de la organización. Exhortó a ambos organismos estatales a brindar la información solicitada y dio un plazo de 15 días para presentarla. El 29 de diciembre el MTOP se comunicó con el periodista Víctor Bacchetta, integrante de Uruguay Libre, para citarlo el 4 de enero, “para entregarle la información solicitada”, según dice el correo electrónico enviado desde esa secretaría de Estado.
En ese momento la organización aplaudió la que, según había entendido, era la decisión del MTOP, “en el sentido de que se correspondía con la transparencia y cristalinidad que debe existir en el manejo de la información pública”. Bacchetta fue a la cita y se encontró con “una maniobra dilatoria”: le comunicaron que el MTOP apelará el fallo. Esto ocurrirá en febrero, luego de la feria judicial. Uruguay Libre emitió un comunicado en el que asegura que lamenta “la actitud del MTOP por mantener así en secreto una información que por derecho nos corresponde poder conocer a todos los uruguayos”. Bacchetta entiende que es “una dilatoria para cansar” que siembra “las mayores sospechas”: “No estamos pidiendo información estratégica que pueda afectar las relaciones internacionales, sólo queremos saber qué se hizo con nuestro dinero”, afirmó. En ese sentido señaló que es incluso “contradictorio” que Presidencia haya entregado los datos y parte del Ejecutivo, no. Opinó que desde el comienzo “el proyecto era inviable”. “Resultaba imprescindible contar con un acuerdo de nuestros vecinos más importantes, Argentina y Brasil. [...] Nunca se confirmó el apoyo, porque eran todas especulaciones. El proyecto se infló de la nada y dio lugar a que se gastaran dos millones de dólares en viajes y consultorías”, sostuvo. Bacchetta se refería al decreto de 2013 firmado por el ex presidente José Mujica que elevó de un millón de dólares a dos el presupuesto para investigaciones. “Hicieron un conjunto de actividades que no condujeron a nada”, afirmó.