Las protestas que realizaron el martes centenares de productores rurales en varios puntos del país continuaron ayer, aunque más tímidamente. Según informó Radio Uruguay, productores de Florida y Río Negro continuaron con las movilizaciones en las rutas en reclamo de que el gobierno tome cartas en la situación del sector agropecuario, que es grave, de acuerdo a lo que denuncian éstos. En particular, entre los reclamos se encuentra la necesidad de que el Poder Ejecutivo se haga cargo de la deuda que el gobierno venezolano mantiene con varias empresas lecheras, que según los cálculos de los productores ascendería a 85 millones de dólares, y también la que tiene con los fasoneros de pollo, que rondaría los siete millones. Además, reclaman la reconsideración de los aumentos tarifarios de las empresas públicas anunciados por el gobierno, sumado a la necesidad de contar con políticas proteccionistas para el sector hortícola y el aumento de patrullaje para combatir el abigeato. Los productores también reclamaron por la baja inmediata de los combustibles, ya que aducen que en ese rubro se va casi la mitad del costo de los fletes. Si bien en un principio la convocatoria a las movilizaciones surgió desde el sector lechero, que es uno de los que tienen más dificultades, según los productores, otros sectores del agro también se plegaron a las manifestaciones.
En diálogo con la diaria, el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale) y representante del Poder Ejecutivo en dicho organismo, Ricardo de Izaguirre, señaló que el gobierno está pensando en alternativas para “mejorar el financiamiento” de las empresas del sector. Una de las posibilidades sería que se adelante parte del dinero que el gobierno de Venezuela les adeuda a las empresas, pero De Izaguirre aclaró que no se está manejando la posibilidad de “hacerse cargo” de la deuda, como ayer trascendió en algunos medios de prensa.
Según indicó, el mismo día de las movilizaciones se mantuvo una reunión con las gremiales empresariales en la que éstas plantearon varias medidas para favorecer al sector, como la posibilidad de pagar menos impuestos. De Izaguirre señaló que el gobierno está estudiando todas esas posibilidades y que dentro de 15 días, concretamente el 2 de febrero, las partes volverán a reunirse para analizar qué avances se pueden compartir respecto de medidas a implementar para facilitar el funcionamiento de las empresas. De todas formas, el jerarca aseguró que las autoridades del Poder Ejecutivo ya están en conocimiento de las necesidades planteadas por las gremiales y que actualmente se encuentran a estudio las distintas posibilidades, para las que tendrán en cuenta las realidades de las empresas del sector, que también son dispares.
De Izaguirre planteó que las empresas pequeñas del norte son las más comprometidas, mientras que las del sur que trabajan con Conaprole por lo menos llegan a tener ingresos para financiar los costos de producción. En el caso de las empresas con mayores dificultades, De Izaguirre nombró concretamente a Pili, Claldy y Calcar, y dijo que ya a fines de año solicitaron el corrimiento de pagos. Consultado acerca cuándo el gobierno tomará las primeras medidas, el jerarca señaló que dependerá de la capacidad de pago y los compromisos que tengan las distintas industrias, ya que no todas requieren que el gobierno actúe con la misma urgencia.