En los primeros días del año el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento para extender, “por razones de interés general” y por 90 días, el subsidio de desempleo a los ex trabajadores de la empresa minera Aratirí. En la exposición de motivos se establece que el proyecto de ley “tiene como objeto coadyuvar en el reingreso a la actividad” a unos 94 ex operarios de esa empresa que “cuentan con alto grado de especialización”, ya que durante las sucesivas prórrogas del seguro de paro que se les otorgó anteriormente “desarrollaron un plan de formación y capacitación” por intermedio del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
“En virtud de que no se celebró el contrato de Minería de Gran Porte entre el Poder Ejecutivo y Minera Aratirí SA, para lo cual el plazo venció el pasado 24 de noviembre, dicha empresa tiene la posibilidad de presentar, en un plazo de noventa días, un nuevo interesado en obtener la concesión para explotar Minería de Gran Porte”, agrega el texto. Si eso ocurre, se iniciará un período de 120 días para que el Poder Ejecutivo y el nuevo interesado lleguen a un acuerdo. Zamin Ferrous, propietaria de Aratirí, se asoció con Aurum Ventures, una multinacional india con sede en Bombay para hacer frente a la inversión que implica la etapa de explotación del hierro, pero aún no han llegado a un acuerdo con el gobierno.
La extensión del seguro de
desempleo será “mientras transcurren los plazos previstos”, con el fin “de contribuir a la preservación de los puestos de trabajo involucrados”, se añade en la exposición de motivos. Sin embargo, según el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) y ex empleado de Aratirí, Francisco da Silva, este proyecto de ley se hizo a raíz del “incumplimiento” de Aratirí de pagar los créditos laborales que debe a los ex trabajadores.
El 3 de diciembre la UNTMRA y las empresas Aratirí y Aurum Ventures firmaron un convenio colectivo en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el pago de la indemnización por despido de los trabajadores. Los beneficiados recibieron ese mismo día el pago de 45% de los créditos laborales, y se estableció que se abonaría una cuota el 24 de diciembre. Sin embargo, este segundo pago no se cumplió y la empresa advirtió que “las restantes cuotas quedaban supeditadas a las negociaciones con el gobierno”, según un comunicado de la UNTMRA. “La empresa nos está usando como rehenes en una negociación con el gobierno; es un chantaje. En el comunicado que nos hicieron llegar dijeron que si no había avances con el gobierno, no se podían hacer cargo de los pagos”, expresó Da Silva.
El dirigente dijo que la propuesta del gobierno sobre la extensión del seguro de desempleo “no soluciona el tema de fondo”, porque ya hicieron uso del seguro de paro varios períodos. “Lo que nosotros queremos es que se nos pague lo que se nos debe”, agregó. Da Silva calificó a la empresa de “totalmente inescrupulosa” e informó que están “iniciando un trámite judicial con la totalidad de los trabajadores”. “Somos conscientes de que va a llevar un tiempo, pero queremos que se regularice la situación por la negociación colectiva, porque había un acuerdo marco que no se cumplió”, explicó.
Además, el dirigente anunció que “los pocos trabajadores que están en actividad”, unos seis en Valentines y una decena en Montevideo, “tampoco cobraron el último sueldo, ni el aguinaldo, ni el salario vacacional”. En 2015, la minera también dejó de pagar a los propietarios de tierras en Cerro Chato. “Como UNTMRA vamos a seguir levantando la bandera de diversificar la producción, porque entendemos que la minería es una alternativa válida, pero no con Aratirí. Queremos una minería moderna, responsable con el medioambiente, asociada a la industrialización y con el Estado como protagonista”, concluyó Da Silva.