En el monte nativo al norte del río Santa Lucía se cortaron talas, espinillos, coronillas y otras especies. Está prohibido por la Ley Forestal, de 1998, que sólo permite apropiarse de la madera de esa clase de montes -que en todo el país suman unas 800.000 hectáreas- para uso doméstico o cuando una empresa presenta un informe que justifique los motivos y un plan de explotación. Ninguno de los dos es el caso de la tala masiva de árboles que la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía denunció el viernes 15 (ver ladiaria.com.uy/AF1J) a la Intendencia de Canelones (IC).
Los vecinos señalan también otras infracciones cometidas por el mismo propietario. En una carta que la asamblea envió al Municipio de Santa Lucía informan que cortó una parte del camino público paralelo a la ruta 63, que va desde la ciudad de Santa Lucía hasta la zona del arroyo Paso Ancho. Según el documento que presentaron también ante la comuna, hay un tramo de 400 metros bloqueado con alambrados y una tranquera con candado, y otro tramo del camino desapareció porque se plantó pradera. La denuncia adjunta algunas fotos e imágenes tomadas de Google Earth, que confirman que las infracciones al camino existen por lo menos desde 2014. En su artículo 24, el Código Rural prohíbe bloquear los caminos públicos, y en el caso excepcional de que se agregue una tranquera, el propietario del predio en cuestión está obligado a abrirlo a cualquier hora del día cuando alguien quiera pasar. Tampoco es el caso.
Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la IC, valoró que los mecanismos de “control social” estén funcionando. El jerarca dijo a la diaria que ante la cantidad de infracciones medioambientales que se están registrando en el departamento, la comuna está implementando la política de actuar lo antes posible: el viernes 15 de enero, cuando llegó la denuncia, tres inspectores de la IC y un técnico en agronomía se presentaron en el predio y constataron que las dos faltas, la tala ilegal y el bloqueo del camino, eran ciertas. Además de notificar a la Dirección Nacional del Medio Ambiente -como indica el protocolo-, las autoridades departamentales iniciaron un expediente, ya que la reglamentación permite a diferentes organismos aplicar sanciones por separado. Era una tala de extensión “importante”, según el jerarca, y el ingeniero agrónomo que estudió el lugar llegó a la conclusión de que se hizo hace “un tiempo”. Las sanciones podrían llegar a las 20.000 unidades reajustables (17.000.000 pesos), lo que corresponde a las alteraciones en áreas que la IC considera relevantes por su valor ambiental; en caso de reincidencia, la suma puede llegar a un máximo de 50.000 unidades reajustables. la diaria pudo saber que el dueño del campo ya fue notificado, y se esperan sus descargos para que el expediente siga su curso.
Mientras esa nueva denuncia avanza, los vecinos reclaman que también se mueva otra, que la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía elevó en agosto de 2015, sobre fumigaciones con glifosato más cerca de las zonas pobladas de lo que permite la ley. Carlos Dárdano, vecino de la zona e integrante de la asamblea, vive a cinco kilómetros del campo, de unas diez hectáreas. Cuenta que en diciembre del año pasado se presentó el reclamo a la Comisión de Cuenca del Santa Lucía y que el dueño del campo, cuando fue notificado, admitió que estaba aplicando glifosato pero dijo que no estaba incumpliendo ninguna norma. El decreto vigente sobre agroquímicos como el glifosato prohíbe fumigar con “medios mecánicos” a menos de 300 metros de centros poblados si se trata de cultivos de cereales, oleaginosos y forraje. Parece que no es el caso: Dárdano sostiene que este año vio al tractor aplicar productos sobre plantaciones de pasto.
Sin embargo, el expediente, al que pudo acceder la diaria, cita al propietario del campo, Osvaldo Rodríguez, que declaró que la última vez que fumigó fue el año pasado, cuando preparaba el terreno para plantar zapallos. Dárdano reclama que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) tome muestras del suelo para confirmar cuál es la versión verdadera, y argumenta que el glifosato de todas formas es dañino para los vecinos, más allá de cuál sea el vegetal sobre el que se aplique. la diaria consultó al propietario, que dijo que esta temporada el clima no fue amigable para plantar zapallos, así que optó por alfalfa, y que actualmente no está fumigando con glifosato. Admite que sí lo hizo el año pasado, alrededor de las casas, para que las hierbas no treparan por las paredes. El expediente está en el MGAP, que decidirá sobre el caso.