La situación de las fumigaciones no autorizadas con el herbicida glifosato en 400 hectáreas plantadas de soja en la zona norte de Salinas (ver ladiaria.com.uy/AFZ0) generó preocupación entre los vecinos y las autoridades departamentales, que el sábado convocaron una reunión en el Club Pinamar. No fue una sesión oficial de la Comisión de la Cuenca de la Laguna del Cisne, que funciona desde noviembre de 2014 a iniciativa de un pedido de la Intendencia de Canelones (IC), en el marco de la ley de Política Nacional de Aguas de 2009; fue una instancia convocada por el alcalde del balneario, Óscar Montero, para informar sobre la situación de las denuncias que hicieron los habitantes de la zona.
La preocupación no sólo es de los vecinos. Daniel García, gerente general de la OSE, que participó en la reunión del sábado, contó que las fumigaciones también inquietan al organismo: “Es un cuerpo de agua que estamos vigilando. Dentro de nuestras competencias está la de controlar los parámetros de potabilidad, y participamos en coordinaciones con otros actores cuando surgen denuncias”. La planta purificadora, que está sobre la laguna, suministra agua a alrededor de 50.000 conexiones de la Costa de Oro y en verano produce unos 10.000 metros cúbicos de agua potable por día. Una vez por mes se toman muestras periódicas en todas las cuencas donde trabaja la OSE, pero ante amenazas como la presencia de agroquímicos, el aumento de uso de fertilizantes en zafras de cultivo y la proliferación de cianobacterias, el ritmo se eleva a un estudio cada 15 días, en busca de microorganismos, coliformes y compuestos organoclorados, unos insecticidas que, en su mayoría, están prohibidos en Uruguay por un decreto de 2005.
Los últimos estudios arrojaron presencia de ácido aminometilfosfónico -conocido como “ampa”-, el metabolito que queda después de la rápida degradación del glifosato. Los niveles en el agua bruta -o sea, la que todavía no ingresó a la planta- de la Laguna del Cisne son de unos 0,3 microgramos de ampa por litro, muy por debajo de los 700 microgramos, el máximo permitido por las normas para el agua potable (que son definidas por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, cuyo director, Pablo Benia, es el propietario de los campos que se están fumigando). La OSE, que no tiene potestad para aplicar sanciones, ha hecho en otras ocasiones denuncias ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por fumigaciones, que están prohibidas en los alrededores de la laguna a partir de una reglamentación de la IC.
En la reunión del sábado estuvieron también voceros de la Dirección Nacional de Aguas. Su director, Daniel Greif, explicó que el organismo se propone colaborar con el resto de los actores de la comisión para recopilar datos y elaborar un informe sobre el estado de la laguna (que incluirá los resultados de los análisis de la OSE), ya que las competencias se limitan a velar por la preservación de los cuerpos de agua.
Es la IC la que se encarga de sancionar por los daños fuera de la laguna, es decir, sobre los vecinos que respiran el agroquímico por el “efecto deriva”, como se le llama en lenguaje técnico a la dispersión por vía aérea. Un vecino de la zona, Juan Chirino, hizo una denuncia a la comuna la semana pasada. la diaria pudo saber que el propietario del campo fue notificado y aún no hizo los descargos que prevé el procedimiento.