En la jerga carcelaria se bautizó a los operadores carcelarios como “pitufos” por sus uniformes celestes, distintos del azul que identifica a los policías. El cargo se creó en 2011, cuando 350 operadores ingresaron a las cárceles de todo el país, una medida que se inscribe en una política del Ministerio del Interior (MI) de “despolicializar” las cárceles, que llevó también a que el Instituto Nacional de Rehabilitación -un organismo de perfil civil y no policial- absorbiera el control de las unidades, que antes estaban en manos de las jefaturas departamentales o de la Dirección Nacional de Cárceles.
Hoy son 756 los pitufos que trabajan en las cárceles de todo el país. Egresados tras los cursos de tres meses que imparte la Escuela Penitenciaria, que incluyen clases a cargo de especialistas en el rubro, y después de un mes de práctica en uno de los centros penitenciarios.
En la Unidad Nº 5 hay operadores con estudios en ciencias económicas, medicina y psicología, pero también bachilleres. Se dividen en tres grados. Los de grado I -el más bajo- tienen trato directo con los presos y se encargan de intervenir en situaciones de conflicto, de abrir y cerrar las puertas de las celdas y de conducir las salidas al patio y las comidas; los de grado III coordinan las actividades de las áreas de trabajo, salud y educación; los de grado V supervisan al resto.
El cometido de los operadores es ayudar a cambiar el paradigma carcelario represivo hacia uno más centrado en los derechos humanos y la rehabilitación, dijo Eduardo Bonomi, ministro del Interior, en la presentación del programa. Pero hoy, cinco años después, los operadores tienen varios reclamos.
No hay un estatuto ni un protocolo que defina cuáles son sus tareas, explican algunos de los operadores de la Unidad Nº 5, que suman un total de 150. El único marco legal es el Estatuto del Funcionario Público, pero no define derechos ni obligaciones específicos de la tarea en las cárceles, por lo que reclaman que todo eso se plasme en papeles. Uno de los operadores, del área de mantenimiento, estuvo dedicado en estos días a hacer reparaciones eléctricas en la cárcel, una tarea que entiende que sería más razonable dejar a cargo de una empresa tercerizada. A veces se les aplican sanciones que están previstas en el protocolo policial, a pesar de que son civiles. También exigen trabajar en mejores condiciones de higiene, uniformes en mejores condiciones, que se pague la nocturnidad y que se apliquen los beneficios del trabajo insalubre -como la recolección de residuos-, que incluyen mayores pagos y facilidades para jubilarse.
Hace ocho meses, para vehiculizar los reclamos, los operadores de las cárceles de todo el país se sindicaron en la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, que integra la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Según dijeron operadores de la Unidad Nº 5 a la diaria, la semana que viene, delegados del sindicato se reunirán con autoridades del MI para presentar oficialmente sus reclamos.