La dirección del colegio privado José Pedro Varela anunció el 30 de diciembre que el 1º de enero enviaría a los 450 trabajadores de la institución al seguro de paro a causa de, según las autoridades, una crisis financiera que habría llevado a una situación de “insolvencia”. Sin embargo, la medida aún no se hizo efectiva, o al menos no llegaron los formularios que los trabajadores tienen que llenar para dar inicio al trámite. Hoy el secretario de Asuntos Laborales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), Sergio Sommaruga, irá al Banco de Previsión Social (BPS) para corroborar si las autoridades del colegio hicieron la solicitud y si ésta fue autorizada.
Las autoridades del colegio plantearon alternativas al seguro de paro que generaron sorpresa y rechazo entre los empleados: reducir (“adecuar”, dice el comunicado que envió la dirección) 30% el valor de la hora semanal mensual, lo que implicaría una rebaja de la tercera parte del sueldo. Además, ya se anunció que en estas licencias los trabajadores no cobrarán salario vacacional.
Los dirigentes del sindicato están trabajando en una contrapropuesta, y pidieron como insumo y condición un informe sbre la situación financiera del colegio para estudiar qué tan necesarias son las medidas. Sommaruga dijo a la diaria que se trata de una decisión “leonina”, y que desde el Sintep van a formalizar, también mañana, un pedido de intervención de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “El Estado y las políticas públicas propician subsidios indirectos mediante las exoneraciones, y los colegios se comportan como empresas duras y puras”, dijo el sindicalista, que considera que la reducción del valor-hora significa una pérdida de “mucha plata en términos relativos” para los docentes. De confirmarse el envío a seguro de paro, la medida afectaría también a varios de los profesores del colegio que dan clases en otros centros educativos; la normativa vigente establece que se aplica a todos los trabajadores que, en caso de pluriempleo, sufren una reducción de 25% o más de sus ingresos totales por mes.
Uno de los argumentos de las autoridades del colegio -con el que coinciden las de otros centros privados que están tomando medidas similares que afectan a los trabajadores- es la reducción de la matrícula de estudiantes. No obstante, según el informe del anuario estadístico de 2014 -que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó el 17 de diciembre- las inscripciones en los centros privados ascendieron levemente desde 2013 (de 53.572 a 53.958 en primaria y de 26.452 a 26.726 en secundaria), aunque es un incremento menor con respecto al de los últimos años, en particular desde el pozo que se registró en 2003, con los números más bajos desde el inicio del siglo. Sommaruga adelantó que, según datos que el MEC relevó pero aún no difundió, la desaceleración se mantendría en 2015, pero no habría un descenso de la matrícula.
El del José Pedro Varela, colegio fundado en 1942 en el aniversario de la muerte del “pastor de la escuela”, es el conflicto más grave de la educación privada en estos días, pero no el único. El mismo día que el colegio anunciaba las medidas por emergencia, se aliviaban tensiones entre trabajadores del Colegio y Liceo Gabriela Mistral, que estuvo ocupado durante diez días a causa del despido de una empleada de limpieza, arbitrario según el sindicato. Mañana se concretará una reunión tripartita entre autoridades del colegio y trabajadores, con intervención de la Dinatra, para evaluar alternativas de reintegro, con el antecedente de una negociación con tres opciones que presentó el sindicato y que fueron rechazadas.
En el Instituto Crandon, el panorama 2016 para los docentes se complicó un poco: un comunicado de la asociación de empleados del colegio informa que las autoridades decidieron reducir las horas de los docentes de Informática y duplicar su número actual de 13 alumnos por clase, cambios que se enmarcarían en una reforma pedagógica. Los trabajadores rechazan las medidas por injustificadas, ya que el Crandon, dicen, aumenta su matrícula cada año, mientras que el sindicato lo ve como “un foco problemático”.