El primer paso para identificar los alimentos que contengan productos manipulados genéticamente lo dio la Junta Departamental de Montevideo con el decreto 34.901 de diciembre de 2013, que establece: “Los alimentos que han sido manipulados genéticamente o que contienen uno o más ingredientes provenientes de éstos que superen el 1% del total de componentes, deberán ser etiquetados especialmente”. Nueve meses después la Intendencia de Montevideo (IM) definió la forma de la etiqueta -un triángulo amarillo con una letra T en el centro, siguiendo el rótulo propuesto por Brasil-, y la entrada en vigencia de la disposición: 1º de enero de 2015. La norma rige para todos los alimentos comercializados en Montevideo, sean nacionales o importados. Además de colocar el pegotín en los envases, las empresas deben registrar los productos en el Servicio de Regulación Alimentaria de la IM. A fines de 2014 la Cámara Industrial de Alimentos y varias empresas se habían reunido con las autoridades de la IM para solicitarles una prórroga de un año; la comuna no accedió a ese pedido, pero sí a ampliar los plazos estudiando cada caso, en función de los argumentos y dificultades que presentaran. El director de Salud de la IM en ese momento era Pablo Anzalone, promotor del etiquetado.
Ni bien asumieron, las nuevas autoridades departamentales se plantearon revisar la norma y suspendieron la aplicación de sanciones, que ya había iniciado la administración anterior. La IM planteó la consulta a la Asesoría Jurídica de la IM y al Gabinete Nacional de Bioseguridad, que está integrado por seis ministerios y es el encargado de aprobar nuevos eventos transgénicos, por entender que la comuna estaba resolviendo sobre un tema de competencia nacional.
Ambas consultas confirmaron que tanto los decretos como las resoluciones emitidas sobre el tema por el gobierno capitalino eran correctos y que estaban dentro del ámbito de competencia de la IM. En setiembre de 2015 la IM anunció que no cambiaría el decreto, pero sí el diseño de la etiqueta, por entender que el triángulo con la T podía llevar a confusión y pensarse que se trataba de un alimento nocivo para la salud, algo sobre lo que no hay consenso. La justificación del etiquetado obligatorio es que la persona tenga conocimiento sobre lo que va a consumir, más allá de las valoraciones.
De acuerdo a un informe de la IM del 21 de octubre, se habían registrado hasta ese momento más de 500 productos en el Servicio de Regulación Alimentaria y se habían retomado los análisis para detectar elementos genéticamente modificados, que se hacen en el Laboratorio de Bromatología de la IM en conjunto con el Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria de la Facultad de Ciencias. Según ese informe, se identificaron varios productos que no declararon tener organismos genéticamente modificados: cuatro marcas de harina de maíz (Multiahorro, Prodal, Arcor y Tienda Inglesa), dos filetes vegetales tipo milanesa de soja (marca Vegetalex), frankfúrters (Centenario), hamburguesas (Schneck) y un surtido de semillas con proteína de soja (El Naranjo). A cada una le correspondió una multa de cinco unidades reajustables (poco más de 4.000 pesos) y la promesa de aplicar nuevas sanciones si no corregían la situación.
Pero el etiquetado no se ve en las góndolas. Analice Berón, directora de Salud de la IM, explicó a la diaria que “no se ha resuelto aún el diseño” que deberá tener la nueva etiqueta, y anunció: “Estamos en contacto con otras intendencias que están haciendo lo mismo que nosotros para sacarlos con la misma forma”. Mencionó que Lavalleja es una de las intendencias con las que han mantenido conversaciones, pero se excusó de nombrar a otras porque “están interesadas pero no lo han hecho público”. Añadió que “no se ha llevado oficialmente aún al Congreso de Intendentes porque no son todas las intendencias las que lo tienen”.
Respecto de la IM en concreto, Berón afirmó que “no se han dejado de hacer los análisis pero no hay datos nuevos porque no hay ingresos nuevos de productos. Ya están declarados todos”.
Se van sumando
La Junta Departamental de Lavalleja fue la segunda en decretar la exigencia del etiquetado de los productos transgénicos. Luego de que la organización Slow Food y la Red de Agroecología dieran en Lavalleja el “Seminario de etiquetado de alimentos con componentes transgénicos”, dos ediles nacionalistas, Andrea Aviaga y Francisco de la Peña, pidieron a las organizaciones un texto elaborado por ellas, como modelo de decreto, siguiendo la norma montevideana. El 18 de noviembre de 2015, el primer día que trató el tema, la Junta Departamental de Lavalleja lo aprobó; el decreto 3.319 estableció la obligatoriedad del etiquetado en las mismas condiciones que establece el decreto capitalino (todos los productos salvo los que se sirvan en restaurantes, establecimientos similares o que no requieran rotulación). Incluyó también la forma: “Deberán lucir en su rotulación la letra ‘T’”.
“A nivel de la Dirección de Higiene no lo estamos aplicando”, reconoció en diálogo con la diaria Juan Carlos Falchetti, director de Higiene de la Intendencia de Lavalleja. “No tenemos laboratorios para medir transgénicos”, lamentó, y agregó que “si bien se puede exigir a las empresas locales que etiqueten los alimentos transgénicos, nosotros no tenemos cómo controlarlo”. “Todavía está muy verde”, dijo. Expresó que cuando se promulgó el decreto en Lavalleja mantuvo conversaciones con autoridades de la IM. “Ellos tienen laboratorio, lo lógico sería hacer algo en común”, sugirió, y señaló que “desde el punto de vista práctico es muy difícil para todas las intendencias”. Falchetti sostuvo que “lo lógico sería que así como tenemos una tasa bromatológica única, que [el etiquetado] sea algo de todas las intendencias”. Dijo que el tema no se ha planteado todavía en el Congreso de Intendentes.
En Maldonado Slow Food realizó en julio un seminario sobre etiquetado en conjunto con la organización local Maldonado por la Tierra y el Agua. El portal fernandino Maldonado Noticias informó el 30 de noviembre que las organizaciones le habían presentado el proyecto al prosecretario de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas, que lo pasó a estudio de la Dirección de Medio Ambiente. El texto del proyecto es igual al de Lavalleja pero, considerando el cambio de diseño propuesto por la IM, el articulado ya no pide la letra T, sino la frase “Este producto contiene organismos modificados genéticamente”. Funcionarios de Higiene de la Intendencia de Maldonado transmitieron a la diaria que “la administración tiene la inquietud del etiquetado transgénico; el tema está en estudio”.
Laura Rosano, coordinadora de Slow Food, dijo a la diaria que ediles de Canelones también manifestaron su intención de aprobar el decreto y que la Junta Departamental de Canelones está evaluando si ingresa el texto propuesto mediante la Comisión de Salud o la de Medio Ambiente.
La Intendencia de Paysandú también tiene pensado trabajar el etiquetado de alimentos transgénicos. Eduardo Américo, subdirector general del Departamento de Servicios de la intendencia sanducera, aclaró a la diaria que todavía no se empezó a concretar una iniciativa, pero aseguró que lo tienen en la agenda “para darle un lugar de discusión este quinquenio”. Explicó que “ni siquiera tenemos la parte legal, va a ser muy discutido a nivel de la Junta Departamental”, y para ejemplificar las dificultades que pueda tener su aplicación citó el caso de Montevideo. Américo dijo que el tema nació de la Red de Laboratorios Bromatológicos del Uruguay, que funciona enmarcada en el Congreso de Intendentes, y que la intención va más allá del etiquetado transgénico, puesto que pretende controlar y fiscalizar todos los alimentos que ingresen por los puestos de frontera. Según el jerarca, Paysandú tendría las condiciones para hacer los análisis técnicos, puesto que cuenta con equipamiento y se mantiene un convenio por el que estudiantes del Instituto Técnico Superior de UTU hacen pasantías; además, se puede hacer un convenio con ese instituto para utilizar su laboratorio, de última generación.
A lo nacional
Que cada departamento tenga que establecer su legislación y sus propios análisis respecto de productos que circulan a nivel nacional implica duplicar esfuerzos. A nivel nacional, la única disposición está en el decreto 353, de 2008, que regula las normas de bioseguridad de vegetales y sus partes genéticamente modificadas. Ese decreto establece que “el Gabinete Nacional de Bioseguridad promoverá acciones tendientes a la implementación del etiquetado voluntario 'genéticamente modificado' o 'no genéticamente modificado', aplicable a aquellos alimentos en los que se pueda comprobar mediante análisis del producto final la presencia de ADN o proteínas genéticamente modificadas”. Evidentemente, el etiquetado voluntario no dio resultado.
La Comisión para la Gestión del Riesgo del Gabinete Nacional de Bioseguridad, que fue la que respondió a la consulta de la IM, conformó, luego de emitir la respuesta, un grupo técnico que está trabajando el tema con la intención de no duplicar esfuerzos, confiaron integrantes de esa comisión a la diaria. La comisión entiende que es un tema de políticas públicas que merece tener pautas nacionales. A diferencia de lo que ocurría en 2008, ahora sí hay capacidades técnicas en el país para hacer los análisis.
En el medio del camino del proceso de implantación del etiquetado, Rosano valoró que algunas empresas de refrescos se hayan planteado sustituir el jarabe de maíz por una especie de remolacha azucarera, para no tener que incluir el rotulado para alimentos transgénicos. También valoró la actitud de la industria uruguaya, “que fue la primera en etiquetar y mostrar el compromiso de cumplir con la ley”. En cambio, manifestó que son las grandes empresas internacionales, como Pepsico, Ades y Nestlé, las que no lo han hecho, en parte porque pueden pagar fácilmente las sanciones económicas. Rosano catalogó de “una mala señal” la suspensión del etiquetado para la industria, que tuvo que empezar a etiquetar y después a dejar de hacerlo.