El fin de la Guerra Fría puso el asunto de los archivos de los regímenes represivos en la agenda de debate de organismos internacionales como UNESCO o el Consejo Internacional de Archivos.
En Uruguay, la idea de que la documentación producida por el Estado en dictadura había sido destruida y que no existían archivos estaba instituida. Eso, a pesar de los debates públicos en torno al derecho a saber. La impunidad que reinó luego de la aprobación de la Ley de Caducidad ,en 1986, no estimuló la identificación de archivos estatales ni su debida organización al servicio de la investigación. Las organizaciones sociales y políticas que reclamaban verdad y justicia conformaron sus propias colecciones de documentos a partir de denuncias, testimonios y publicaciones periódicas. La ausencia de documentos oficiales en esas colecciones era evidente.
En 2003, la Comisión para la Paz (Comipaz), presentó su informe final sobre el destino de los uruguayos detenidos desaparecidos. Esta comisión realizó buena parte de su trabajo en base a informaciones proporcionadas por militares actuantes durante la dictadura y la transición, y recogió testimonios de víctimas directas. Allí, nuevamente, casi no aparecen referencias a documentos oficiales. El debate sobre el patrimonio documental producido por el Estado en el pasado reciente cobraba nueva significación en el marco de un primer informe oficial, que, en muchos casos, daba por ciertas las afirmaciones de fuentes militares. A la inexistencia de archivos se sumaba la afirmación de la mirada militar sobre los hechos.
La llegada del Frente Amplio al gobierno implicó un nuevo impulso en materia de búsqueda. Al requerimiento presidencial a los comandantes en jefe sobre información que diera cuenta del destino de los detenidos desaparecidos, se sumó la encomienda a investigadores de la Universidad de la República de ubicar documentos producidos por el Estado, o indicios de posibles sitios de enterramiento clandestino. No había terminado el primer período presidencial de Tabaré Vázquez cuando esas investigaciones pusieron en cuestión varias de las conclusiones del informe de la COMIPAZ. El hallazgo de los primeros cuerpos de uruguayos desaparecidos y la identificación de diferentes archivos producidos durante la dictadura dieron inicio a múltiples trabajos para avanzar en el conocimiento de lo ocurrido. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores inició una labor de organización y puesta en acceso de su archivo contemporáneo, la que constituyó un ejemplo casi único en esta materia.
Sin duda, las políticas desarrolladas por los gobiernos frenteamplistas en los últimos diez años permiten borrar la idea de que no existían archivos de organismos del Estado producidos en la segunda mitad del siglo XX. Se destaca en este sentido el profuso acervo documental existente en la Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia del Ministerio del Interior (MI) y la colección de microfilms ubicados en el Ministerio de Defensa, cuando Azucena Berruti era ministra. Constituyen los principales acervos identificados, pertenecientes a organismos a cargo de la persecución política en el pasado reciente, producidos por el Estado.
En el primer caso, no es posible contrastar las fuentes citadas por las investigaciones oficiales, porque el acceso al archivo es restringido y los documentos son citados de múltiples formas a lo largo de las diferentes publicaciones. En el segundo caso, es posible la consulta de la información referida a la persona directamente implicada y su entrega se realiza mediante copia certificada. En el caso del MI la custodia sigue estando a cargo del organismo que produjo los expedientes y parece tratarse del archivo íntegro, mientras que la documentación ubicada por Berruti pasó a custodia del Archivo General de la Nación y consiste en microfilms que constituirían fragmentos de diversas series documentales. En ninguno de los dos casos se ha publicado un inventario, que permita al investigador o interesado en el período tener una noción general sobre su contenido.
Pese a la importancia de la identificación de los archivos, las investigaciones realizadas tuvieron como resultado el acopio de conjuntos documentales, en muchos casos de origen estatal, cuya cadena de custodia no fue debidamente definida y se ha dado a conocer de manera fragmentada o segmentada.
Muy recientemente, archivos incautados en el domicilio del ex jefe de la inteligencia militar Elmar Castiglioni cobraron estado público por medio de diversos artículos publicados por el semanario Brecha. Allí aparecen indicios de en qué medida la inteligencia del Ejército elaboró informes sobre los detenidos desaparecidos, en el mismo contexto de actuación de la Comipaz. No se conocen aún cuáles de estas informaciones fueron efectivamente recibidas por la Comipaz en su momento. Esto ameritaría, por tanto, un estudio comparativo entre ambos archivos. Un inventario completo de la documentación existente en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente fue culminado en 2015 y entregado al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, lo que permitiría dilucidar vínculos entre ambas dependencias. Al igual que los expedientes de la justicia militar, el archivo de Castiglioni se encuentra bajo custodia del Poder Judicial, que tiene protocolos diferentes a los múltiples ya presentados. Casi un año después de esa acción de la Justicia, se ha tenido noticia de que el GTVJ accedió al archivo de una dependencia de la Armada Nacional. Nuevamente, como en el caso del MI, el mecanismo de trabajo no estaría orientado a transferir la documentación fuera de su organismo productor y a ponerlo bajo protección y custodia de una institución civil sin interés de parte.
Los diferentes archivos identificados tienen hoy criterios de acceso directamente asociados al organismo que los ubicó para sus finalidades de investigación y, en general, se encuentran restringidos para el resto de los demandantes. Ocultar cualesquiera de estas informaciones no favorece a ningún actor, estimula las suspicacias de quienes están implicados en la investigación desde el punto de vista personal, judicial o científico, a la vez que fortalece a quienes desde hace más de tres décadas han obstaculizado el conocimiento sobre el pasado ya no tan reciente de nuestro país. Tras la identificación de acervos, se torna urgente la salvaguarda y protección de los originales bajo la órbita competente del Archivo General de la Nación, asegurar una cadena de custodia y democratizar su acceso, para evitar sustracciones o robos de quienes siguen obstaculizando el conocimiento del pasado en nuestro país. No puede ser tan difícil.
Isabel Wschebor Pellegrino