El fin de semana se reunirán por primera vez los 15 integrantes del “panel ciudadano” de la “Deliberación Ciudadana sobre el Agua”, (Deci Agua), que discutirá la propuesta del Plan Nacional de Aguas. Se trata de personas de entre 26 y 73 años, de diversas ocupaciones -docentes, empleados privados y públicos, peones de tambo, pequeños productores rurales, pequeños empresarios, artistas, estudiantes- que fueron seleccionados de un total de 184 postulantes. Seis integrantes son de Montevideo, dos de Canelones y el resto de distintos departamentos: Cerro Largo, Colonia, Maldonado, Paysandú, Salto, Soriano y Tacuarembó.
El Plan Nacional de Aguas definirá programas y proyectos en torno a la gestión integral del agua. Para la discusión, el panel ciudadano utilizará como insumo un documento de trabajo elaborado por un equipo multidisciplinario de la Universidad de la República, coordinado, entre otros académicos, por las sociólogas Isabel Bortagaray y Cristina Zurbriggen. El documento sintetiza aspectos informativos y normativos vinculados al agua en el mundo y en Uruguay. Recoge además valoraciones realizadas por el grupo asesor del debate, integrado por jerarcas del gobierno, académicos vinculados al estudio del medioambiente y el clima, investigadores en química y en toxicología, pequeños productores rurales, empresarios y periodistas, entre otras ocupaciones.
Uno de los temas abordados es el proyecto que dispone modificaciones a la actual Ley de Riego. La iniciativa está a estudio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores y hay consenso en la bancada frenteamplista para impulsar su aprobación. Una de las innovaciones más importantes es que prevé la posibilidad de conformar sociedades de riego conformadas casi exclusivamente por inversores externos al rubro de la producción.
En el grupo asesor del debate Deci Agua hay visiones distintas sobre los efectos que podría tener la norma en caso de que sea aprobada. Algunos la entienden directamente incompatible con la propuesta del Plan Nacional de Aguas.
En el proyecto que se encuentra a estudio del Parlamento se establece que el uso de agua para riego no debe entrar en contradicción con el derecho al consumo de agua potable, y en ese sentido se menciona el concepto de “caudal ecológico”. Este apunta a determinar cuánta agua del régimen hidrológico natural (por ejemplo, de un río) y en qué calidad debería seguir fluyendo aguas abajo y hacia la planicie de inundación para mantener los valores característicos del ecosistema y el bienestar humano asociado, recuerda el documento que servirá como insumo para el debate. Los integrantes del grupo asesor que cuestionan la iniciativa de modificación de la Ley de Riego sostienen que esta no debería aprobarse hasta “no tener conocimiento de los caudales ambientales”, ya que “en Uruguay aún no se ha definido cómo calcular los valores de estos caudales, que varían temporalmente en cada lugar”. Cuestionan también que el nuevo proyecto habilite el ingreso del sector privado al mercado del agua para la construcción, gestión, distribución y comercialización del producto, y se preguntan en qué medida esto respeta el espíritu de la reforma constitucional de 2004, que prohíbe la privatización del agua. Un integrante del grupo asesor que pertenece a la Comisión Nacional de Fomento Rural sostuvo además que el proyecto “no está diseñado para los pequeños productores”.
En cambio, otros integrantes del grupo asesor entienden que “la legislación ambiental en Uruguay es suficientemente robusta como para que estos desarrollos se realicen de forma seria y responsable”, según consta en el documento. Sostienen que la iniciativa permitiría atenuar el efecto de la sequía y evitar la proliferación de embalses pequeños, individuales, en partes más bajas de las cuencas.
Distintos consumos
El documento base para el debate detalla los recursos hídricos con los que cuenta Uruguay. 84% del agua que se usa en el país es destinada al riego agrícola (relacionado con la producción de alimentos). Sólo 10% es para consumo humano.
Las principales ciudades del país reciben aguas superficiales, mientras que las ciudades pequeñas y medianas son abastecidas con aguas subterráneas. Montevideo y el área metropolitana (con aproximadamente 60% de la población del país) reciben agua potable de las represas de Paso Severino y Aguas Corrientes, en el río Santa Lucía.
En base a información que surge de las facturas de OSE, se calculó el consumo de agua que se usa en las actividades domésticas (ver infografía). El pago por consumo de agua representa menos de 1% de los ingresos de los hogares, y el consumo doméstico promedio de agua potable en Uruguay es de 130 litros por habitante y por día.
El documento recuerda algunos de los principales problemas de gestión del agua identificados en la propuesta del Plan Nacional de Aguas: programas de monitoreo desactualizados y con escasa coordinación entre ellos; poco conocimiento sobre caudales y volúmenes efectivamente usados; falta de información y desarrollo de sistemas de alerta temprana de inundaciones en algunos sectores del país; escasa capacidad para prevenir y mitigar situaciones de déficit hídrico; inexistencia de un marco regulatorio de alcance nacional sobre la seguridad de presas, entre otros.
El panel ciudadano deberá discutir también el cobro de un canon por uso del agua, así como la participación ciudadana en la gestión de los recursos hídricos.