Se habló mucho de derechos humanos, de ponerse al día con la atención en salud mental al derogar la Ley del Psicópata, vigente desde hace 80 años; se agradeció a los colectivos y organizaciones que desde hace muchos años vienen peleando por lograr una atención digna en esta área de la salud. En casi tres horas y media de discusión, la Cámara de Senadores votó ayer el proyecto de ley de salud mental. Algunos artículos no lograron el consenso de todos los partidos, pero se aprobaron con los votos del Frente Amplio (FA). Organizaciones sociales saludan el avance, aunque cuestionan varios puntos del proyecto.
“Salud mental: desde una perspectiva de derechos humanos en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud”, tituló la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo en diciembre de 2015.
El texto votado es muy parecido al que había sido elaborado por el Ministerio de Salud (MS) luego de recoger aportes de 30 organizaciones, entre ellas la academia, sociedades científicas, familiares, usuarios de servicios de salud mental y referentes gubernamentales. Al presentar el tema al plenario, la senadora Ivonne Passada (FA) destacó la discusión del proyecto, tanto antes de su ingreso al Parlamento como al ser tratado en comisión, donde se recibió a numerosas delegaciones.
La ley apunta a “garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país”. Encomienda al MS la elaboración de un Plan Nacional de Salud Mental e impulsa la coordinación interinstitucional para crear planes para garantizar la inserción laboral, el acceso a la vivienda, a la educación y a la cultura. Uno de los cambios más importantes está en el modelo de atención: deberá brindarse en el ámbito comunitario, por equipos interdisciplinarios y en todos los niveles de atención de salud. La hospitalización será un recurso terapéutico “restringido” y se hará “en unidades especializadas en psiquiatría ubicadas en hospital o sanatorio general”; no se extenderá para resolver problemas sociales y se quitará el tope de 30 días que establecen las mutualistas. El proyecto prohíbe la creación de nuevos asilos y hospitales psiquiátricos públicos y privados y pide acciones para el cierre definitivo de los existentes. Habrá otros dispositivos residenciales de apoyo. Para controlar la aplicación de la ley se crea la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental como organismo desconcentrado dependiente del MS; además, se encomienda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo (INDDHH) “defender y promover los derechos de las personas reconocidos en la presente ley”.
Hay “puntos en los que no hemos llegado a acuerdo”, dijo Passada, pero señaló que “las leyes no son para toda la vida” y que “quizá deban ajustarse en un futuro”. Explicitó que la creación de la comisión de contralor es uno de esos puntos, pero comentó que con la mención de la INDDHH se intentó reforzar la misión de contralor que tiene entre sus cometidos esa institución.
Matices
El senador nacionalista Javier García cuestionó la atención interdisciplinaria -en el entendido de que puede haber lugares del país en los que no haya especialistas en todas las disciplinas- y dijo que podría dejar a alguna persona “sin margen” de “optar por la atención de un especialista sin tener que pasar por un equipo multidisciplinario”. Criticó el “cambio de paradigma” de atención y la velocidad con que se propone concretarlo. Lamentó que entre los diez integrantes de la comisión de contralor no se mencione “a texto expreso ningún psiquiatra, ni un psicólogo”.
La comisión de contralor prevé incluir a “un representante de las organizaciones más representativas de las personas con trastorno mental”; García no votó ese inciso y cuestionó su concreción. Dijo que “muchos de estos avances van a quedar en el papel”, lo que fue rebatido por los legisladores del FA.
Pablo Mieres (Partido Independiente) señaló que debería incluirse una fecha de cierre de los asilos y cuestionó que la internación involuntaria requiera la firma de dos profesionales médicos y que uno de ellos pueda no ser especialista. Sugirió que el texto diga “dos profesionales en salud mental, no un médico cualquiera y un psiquiatra”. Rechazó la comisión de contralor porque son muchos miembros, algunos honorarios y otros rentados, y expresó que habría sido “más adecuado” crear un “comisionado parlamentario” o que la INDDHH se hiciera cargo del control.
Pedro Bordaberry (Partido Colorado) opinó que debería profundizarse la atención a la familia y preguntó cómo se implementará el contralor si recién recibirá recursos en la próxima Rendición de Cuentas.
Los senadores desglosaron sólo los artículos en los que tenían diferencias. La mayoría logró los votos de los 26 senadores presentes. Los artículos con menos votos (20 en 26) fueron el que establece que el MS haga recomendaciones a instituciones de formación de profesionales para que se adecuen a los principios de la ley (lo que podría lesionar la autonomía universitaria) y el que habla de incluir a los usuarios en la comisión de contralor.
Diferencias
Cerca de 60 organizaciones conforman la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, que el lunes emitió un comunicado en el que manifestaron sus discrepancias con el proyecto. Pide que el órgano de revisión sea independiente y autónomo. Solicita un cronograma de cierre progresivo de los asilos y que todos los actores involucrados participen en el plan de cierre. Critica que el proyecto “nomine a las personas usuarias como personas con ‘trastorno mental’” porque “no hace más que estigmatizar y patologizar el sufrimiento psíquico”. La comisión considera que faltan garantías individuales en las internaciones involuntarias y cuestiona que la valoración de “daño inminente” sea realizada sólo desde la disciplina médica, sin habilitar el abordaje interdisciplinar. Expresa que hay un predominio de la psiquiatría y critica la denominación “‘salas de psiquiatría en hospitales generales’ en lugar de unidades interdisciplinarias de salud mental”. Salvando esas distancias, la comisión saluda el “avance histórico que implica comenzar a legislar en un área social absolutamente postergada por el Estado” y espera que los cambios sean considerados por los parlamentarios.