Los pastizales templados del Río de la Plata -de los más grandes del mundo-, los humedales del sureste y el litoral oeste, los bosques y los ecosistemas costeros del océano Atlántico y de los ríos Uruguay y De la Plata son el hogar de más de un millón de especies, que incluye plantas, moluscos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Sólo 67.300, sin embargo, están registradas.
La pérdida del hábitat natural, la explotación insostenible de los recursos y el cambio climático han llevado a que, a nivel mundial, la tasa de muertes ocasionadas por estos fenómenos sea 1.000 veces superior a la de muertes naturales, y Uruguay no escapa a esta tendencia. Actualmente, 29% de las especies del país está -de acuerdo a un análisis de Álvaro Soutullo, experto en la materia y ex asesor del MVOTMA- “bajo algún grado de amenaza”. El mayor número de especies en peligro de extinción pertenecen al reino vegetal, pero en números relativos son los moluscos, peces y mamíferos los más afectados; casi la mitad está en peligro.
Se estima que la principal causa de pérdida de biodiversidad en el país son los cambios en el uso del suelo. “90% de la superficie tiene uso productivo, a lo que se suma un aumento de los procesos de degradación en los últimos años, debido a la expansión de las áreas con uso forestal y agrícola, la agricultura continua y la intensificación de la ganadería”, establece la Dirección Nacional de Medio Ambiente, coordinadora de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, en la justificación del proyecto.
El uso insostenible de los recursos a cuenta de rentas productivas y la introducción y expansión de especies exóticas invasoras -unas 42, según la Base de Datos de Invasiones Biológicas para Uruguay- también presentan serios problemas para la biodiversidad local. Y, en menor medida, también afectan el avance de la frontera agrícola, principalmente por medio de monocultivos extensivos, y la ausencia de un sistema que reúna la información sobre la biodiversidad, lo que “dificulta los procesos de evaluación ambiental, así como la identificación de los vacíos de información”.
15 años después
La primera Estrategia Nacional de Biodiversidad surge en 1999, como resultado de un proceso participativo, interdisciplinario e interinstitucional, con seis ejes de acción: la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica; la investigación, capacitación e intercambio de información; el acceso a los recursos genéticos; la educación y conciencia pública; las políticas de desarrollo, y la evaluación del impacto ambiental, una de las más atrasadas, según el avance de los objetivos propuestos en aquel entonces.
Para 2020, la nueva estrategia apunta a “incorporar la importancia del valor de la biodiversidad”, mejorando el conocimiento de los elementos que la componen, para “disminuir las presiones y combatir las causas que la generan”. “Sabemos que el desafío es grande”, estableció la ministra Eneida de León durante la presentación, pero “la lucha de la conservación de la vida y del medioambiente no admite demora”. El director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, también compartió la urgencia: “Estamos en una situación de inflexión”, afirmó.
El plan divide las metas según el plazo para su cumplimiento. Así, unas de las prioridades son las especies exóticas invasoras, organismos fuera de su espacio de distribución natural que han sido introducidos voluntaria o involuntariamente y ocasionan modificaciones en la diversidad biológica local. Se estima que hay unas 42 en Uruguay y se pretende, para fines de este año, contar con un registro que servirá de insumo para el diseño de los planes de control, que deberán estar listos para 2020.
Teniendo en cuenta la afectación de la sobrepesca -que podría alcanzar 27% en el caso de la corvina, por ejemplo-, se planteó la necesidad de tener en el próximo año la evaluación de la aplicación de los planes de acción para reducir la captura incidental de aves marinas y para la conservación de condrictios en las pesquerías uruguayas. También se apunta a reglamentar la Ley de Pesca -de enero de 2014- y a implementar un Consejo Consultivo de la materia como órgano asesor del Ejecutivo.
Por otro lado, se proyecta la implementación de un régimen de incentivos económicos para aquellos sectores de la producción interesados en la conservación de la diversidad biológica, al tiempo que se avanza en la generación de conocimiento sobre la capacidad de los ecosistemas para absorber los impactos derivados, justamente, de la producción.
Dentro de dos años se habrían realizado las “listas rojas” de ecosistemas en función de sus estatus de conservación, y se habrían trazado las líneas de base para las principales cuencas hidrográficas del país según sus niveles de contaminación.
A fin del período considerado, la estrategia pretende que al menos 15% de la superficie continental y 2% de la superficie marina estén comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Asimismo, se apunta a reducir los niveles de degradación y fragmentación de los ecosistemas a la mitad, y a que 80% de la superficie agrícola siga los lineamientos propuestos para el mantenimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
La estrategia está financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial en un 90% (220.800 dólares), y los restantes 26.666 corren por cuenta del MVOTMA.